Este viernes 22 de marzo se cumplen 20 días desde que el Tribunal estableció al GAD de San Vicente y al EMMAP-EP que efectuaran el despliegue de brigadas médicas y la dotación de agua para los habitantes de la urbanización Miduvi-Canoa. En esta fecha también se conmemora el día mundial del agua, establecido en 1993 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear conciencia sobre la importancia del agua, la necesidad de protegerla y gestionarla de manera responsable.
Si bien se conoce que tener el servicio de agua potable es un derecho humano fundamental para todos los seres humanos, no todos los sectores cuentan con este líquido vital. Las estadísticas muestran que hasta el año 2020, el 26,6 % de las/os ecuatorianas/os no tenían acceso a una fuente de agua segura. La situación es más alarmante en la región Costa, pues el porcentaje se eleva al 31,3%.
Esta realidad se puede visualizar en la población de la urbanización de Canoa- Miduvi. Los habitantes del reasentamiento luchan desde el año 2020 para tener acceso al agua potable. Aun cuando sus constantes denuncias han sido obstaculizadas varias veces por hostigamientos y amenazas, esto no los ha detenido en estos cuatro años.
En agosto de 2020, tras presentar una acción de protección para exigir que se garantice el acceso al agua, el Tribunal de Garantías Penales de Sucre emitió su sentencia a favor de la acción. En esta, la jueza declaró la vulneración de los derechos constitucionales al agua y dispuso varias medidas de reparación.
Es así que, el GAD de San Vicente y la EMMAP-EP debían dotar de forma inmediata el servicio de agua potable a los accionantes y habitantes de Miduvi; distribuir el agua a través de tanqueros; ofrecer disculpas públicas; desplegar brigadas médicas por el lapso de 1 año y de forma periódica; realizar campañas de socialización a los habitantes en torno a políticas públicas y puesta en marcha de proyectos para el mejoramiento del servicio de agua. Pero no todas las medidas se cumplieron a cabalidad.
“Tengo medidor, pero no tengo agua. Con mucho sacrificio compré -con mi bono- el medidor, porque pidieron que pusiera para tener agua”, explicó Camila D., una de las habitantes de la urbanización Miduvi, y que además pertenece al grupo vulnerable de la tercera edad. Como ella, otras personas tuvieron que realizar varias cotizaciones para la instalación de sus medidores. Pero, el desabastecimiento continuaba, y las facturas por el servicio mostraban precios elevados a pesar de no haber recibido agua por este medio.
Así como esta, varias medidas de reparación recaen en incumplimiento hasta la fecha. El 26 de febrero de 2024, luego de la audiencia pública, el Tribunal dictó algunas decisiones para asegurar el cumplimiento de las disposiciones judiciales. Entre los aspectos destacados está la dotación inmediata de agua potable por medio de tanqueros, hasta que entre en funcionamiento la planta de agua potable; despliegue de brigadas médicas; socialización de políticas públicas y puesta en marcha de proyectos.
Sobre esto, se estableció una prórroga de 20 días hábiles para verificar el cumplimiento de la dotación de agua en la urbanización. Se acordó que dentro de los 20 días empezaría la distribución, más no al terminar el plazo. Es así que hasta el momento no se ha cumplido con los aspectos consensuados en la audiencia, y los habitantes siguen sin recibir este líquido, que es esencial para la vida digna y el desarrollo.
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