La Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh) conformada por Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh); la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas (UONNE) y la Red Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte de Esmeraldas (REDCONE) presentaron esta mañana, 18 de septiembre de 2019, el Informe de la Misión de Verificación sobre la existencia de casos de formas de esclavitud moderna en el Ecuador: Caso Furukawa”.
Mónica Vera, presidenta de Inredh, y Cecilia Cherres, representante de Acción Ecológica, presentan las recomendaciones del informe
Este informe se da como resultado de las visitas realizadas por la misión de verificación desarrolladas durante este mes. La última inspección a los campamentos del km. 33 y 42 se hizo el pasado 6 de septiembre con la participación de la Comisión Legislativa de Derechos Colectivos y la Defensoría del Pueblo con el objetivo de constatar la violación de derechos humanos.
Tras constatar los hechos, las organizaciones recomendaron al Estado ecuatoriano garantizar los medios de vida adecuados para las víctimas de la empresa mediante adjudicación de tierras. Además de sancionar los incumplimientos verificados en las haciendas ubicadas en Santo Domingo y Los Ríos, prevenir los futuros desalojos en particular de las víctimas que se encuentran resistiendo la presión de la empresa, entre otras.
También en el informe conformado por cuatro ítems, se señala que existe 1244 personas afectadas por la esclavitud moderna.
«Las condiciones actuales de las víctimas de la empresa Furukawa no han cambiado, al contrario, se han agravado pues ahora enfrentan nuevas y graves situaciones que ponen en riesgo su vida e integridad personal. Se desconoce el paradero de decenas de familias desalojadas, muchas de las cuales no tienen identidad. Las familias que están resistiendo a los desalojos, son víctimas de amenaza y hostigamiento por parte de la empresa. Familias enteras en situación de vulnerabilidad sin vivienda y alimentos, sin acceso al sistema de educación o salud, sin la posibilidad de conseguir trabajo digno que asegure un ingreso para la subsistencia».
Pablo Iturralde, abogado del caso Furukawa, explica a los medios de comunicación sobre las irregularidades en la empresa
Para Patricia Carrión, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), existe negligencia por parte del Estado para dar una respuesta efectiva a las personas afectadas por esta esclavitud moderna.
“En julio de 2019, la instrucción fiscal en contra de la empresa inició y la empresa empezó a demoler varios campamentos, lo que significa no sólo el intento de eliminar una de las evidencias materiales mayores de las condiciones en las que trabajaban y vivían los trabajadores de Furukawa, sino de dispersar la organización social para condenar a la gente a buscar vivienda en las zonas aledañas y muy probablemente a continuar con relaciones de vida y laborales precarias, pues ni sus medios de vida se han transformado y tampoco han recibido la necesaria reparación integral”, concluye la abogada.
Contexto:
Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador ha operado durante 56 años, tiene 32 haciendas en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas (cantones Santo Domingo y La Concordia), en Los Ríos (cantón Buena Fe) y en Esmeraldas (cantón Quinindé). Desde entonces, familias enteras, la mayoría afrodescendientes, han llegado a vivir y trabajar en las tierras de Furukawa, extrayendo fibra de abacá para la empresa, en condiciones indignas.
Para desarrollar sus actividades, Furukawa celebra contratos de arrendamiento de predio rústico, lo cual ha sido reconocido por el Ministerio de Trabajo como una “maniobra patronal no muy ética” y como un incumplimiento al Mandato Constituyente 08, que prohíbe explícitamente la tercerización e intermediación laboral.
Han transcurrido siete meses desde que la Defensoría del Pueblo presentó el primer Informe de Verificación de Derechos Humanos sobre la indigna situación de las familias que viven dentro de las haciendas de abacá de la empresa. Sin embargo, las recomendaciones realizadas en los informes defensoriales no han sido consideradas.
El ambiente de impunidad del caso anima a la empresa a continuar incumpliendo las normas y violando derechos. El tiempo de espera revictimiza, aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores y sus familias, e incrementa la desesperación por obtener ingresos y sobrevivir. Mientras tanto, la empresa gana tiempo para manipular el caso en ausencia de las autoridades públicas.
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