En la etapa de investigación previa –desarrollada por la Fiscalía Multicompetente de Orellana- 20 miembros del Ejército ecuatoriano deberán rendir sus versiones dentro del proceso que investiga el contexto de la muerte de la subteniente María José Morillo Cando, ocurrida el 20 de abril de 2021. Las versiones de los militares se receptarán en las instalaciones de la Fiscalía de Orellana y fueron agendadas a partir del 22 de febrero e inicios de marzo del presente año.
María José Morillo Cando era subteniente de inteligencia militar del Ejército ecuatoriano. En el año 2017, se graduó de la Escuela Superior Militar. En enero de 2021, viajó a la Escuela de Selva -ubicada en la provincia de Orellana- para realizar un curso de perfeccionamiento, con el objetivo de ascender al grado de teniente. Sin embargo, su meta fue truncada antes de culminar el proceso.
Dentro de la denuncia que presentó la familia -el 22 de abril de 2021, luego de la muerte de María José- se relatan varias irregularidades, por ejemplo que las personas a cargo no brindaron los primeros auxilios y no siguieron los protocolos adecuados en caso de emergencia. Además, a criterio de sus familiares -durante su preparación en la institución- la joven militar vivió un contexto de violencia de género y discriminación por ser mujer y también madre.
Algunos de los militares convocados por Fiscalía deberán realizar la ampliación de su primera versión, mientras que para otros esta será la primera vez que darán su versión sobre los hechos. Kathyusca Cando, madre de María José, explicó que el 20 de enero de 2022, ya fueron llamados 20 militares pero ninguno asistió a esa diligencia.
Desde la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) consideramos que estas versiones de los testigos militares permitirían conocer las causas y los responsables directos e indirectos de la muerte de la subteniente María José. Es preocupante que los militares convocados no asistieran al anterior llamado y que para esta próxima diligencia tampoco lo hagan. ¿Acaso esta es la postura de las Fuerzas Armadas, el no colaborar y reforzar el mal llamado ‘espíritu de cuerpo’?
Desde Inredh estaremos vigilantes de las diligencias que se realicen en este caso y exigimos la colaboración de los integrantes del Ejército para esclarecer el contexto y las causas del fallecimiento de la subteniente Morillo; así también que se garantice el debido proceso, la transparencia en la investigación y el plazo razonable.
Además, exhortamos al Ejército ecuatoriano a evaluar y erradicar los contextos de violencia de género y discriminación que se han desarrollado al interior de la institución y de los cuales se han registrado varios casos, como el de Michael Arce en 2011, donde la justicia ecuatoriana determinó el abuso y discriminación cometido por el teniente Fernando Encalada en contra del excadete afroecuatoriano.
Asimismo, se conoce del caso de Diva Bravo, quien ingresó en 1998 al Ejército ecuatoriano y fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes por su condición de mujer, madre y divorciada. Hasta el año 2002, Diva sufrió varias formas de violencia al interior de los diferentes destacamentos en los que fue asignada. Entre sus denuncias se halla desde el encierro arbitrario y en contra de su voluntad hasta situaciones de abuso sexual.
Estos casos son solo un par de ejemplos que describen el contexto de violencia de género y de otras formas de discriminación que han suscitado al interior del Ejército ecuatoriano. Reiteramos el llamado a los militares a participar de las versiones y a colaborar en el proceso investigativo, con el fin de alcanzar la justicia, identificar las responsabilidades y proponer los cambios institucionales necesarios para que los lamentables contextos en los que vivieron Michael, Diva o María José no se repitan en el futuro.