Desde la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) por su compromiso y vigilancia a los derechos humanos en el Ecuador, nos pronunciamos frente a las medidas anunciadas por el Ejecutivo sobre el libre porte de armas, y alertamos de la violación a los derechos y los riesgos que representa el Decreto 707.
- Es inaceptable que el gobierno delegue la responsabilidad de la seguridad de la población a la propia ciudadanía. Constitucionalmente el monopolio de la fuerza es netamente responsabilidad del Estado. Es evidente que el actual gobierno desconoce cómo administrar el país y concretamente los temas de seguridad, de tal forma que irresponsablemente lo reduce a “una guerra entre la ciudadanía y la delincuencia”. Lo cual solo proclama que ha fallado en esta competencia, configurando la percepción de una sociedad del riesgo, de abandono del Estado a la suerte de las armas.
- Estudios a nivel mundial demuestran que los problemas de seguridad no se resuelven permitiendo el porte de armas, al contrario, es una carta blanca para que la violencia permee en toda la sociedad, y se pueda confundir con una percepción de seguridad momentánea. Estados Unidos, uno de los países en donde el porte de armas es legal, en lo que va del año 2023 ya registra 130 tiroteos, incluyendo el último ocurrido en la Escuela de Nashville (Estado de Tennesse), donde murieron al menos seis personas, tres de ella/os eran niña/os.
- Consideramos que esta medida puede desembocar en la conformación de grupos extremistas que ocasionaran más terror y violencia; ahondando en problemáticas de discriminación racial y clase social. El decreto y las declaraciones del ejecutivo dan legitimidad al accionar violento de grupos extremistas y tornándose en una política de limpieza social, que afectará a la población mayoritariamente empobrecida.
- La decisión del ejecutivo a través del decreto 707 solo muestra la desesperación de gobierno de congraciarse con un segmento privilegiado de la población que presume que armarse es la solución; mas no responde a un criterio razonable y mucho menos responde a criterios basados en el respeto a los Derechos Humanos, por lo que atenta directamente al ejercicio de los derechos fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal.
Con la vigencia de este decreto toda/os la/os ecuatoriana/os estamos a merced de que nuestra vida y la de nuestras familias sean arrebatados en cualquier momento.
- Es importante enfatizar en que la legítima defensa no es un derecho humano; es un derecho dentro de un proceso penal, que puede ser usado como eximente de responsabilidad dentro de tal proceso; por tanto, no se puede confundir el derecho humano a la defensa que constitucionalmente debe ser garantizado exclusivamente por el Estado, con el derecho a legítima defensa.
- El decreto 707 prevé el cumplimiento de requisitos para el porte de armas; no obstante, no contempla toda la logística que implicaría el porte de armas, y que aun así esa logística no es ni sería garantía que derecho a la vida de cada ciudadano se respete.
Por otro lado, a pesar de la existencia de requisitos, los niveles de corrupción en el país no brindan garantías para que quien porte armas cumpla con los requisitos propuestos. No se puede olvidar como en el país se negociaron certificados de discapacidad para la compra de bienes de lujo, o se obtienen licencias profesionales de conducción sin cumplir con los requisitos. En este contexto, hay que preguntarse, ¿Si las medidas de control que se tomarán, serán efectivas, o tan solo pondrán en riesgo a toda la ciudadanía?
Según el estudio de Global Firearmas Holdings, en Ecuador existen alrededor de 187k armas compradas y registradas legalmente, pero se calcula que hay al menos de 374k armas ilegales en el país; es decir actualmente sin necesidad de una ley, ya circulaban más armas de las que legalmente eran posibles.
Expertos en temas de seguridad nacional señalan que los problemas de narcotráfico y grupos delincuenciales organizados no se solucionarán armando a la población civil; por lo tanto, incluso desde un enfoque securitista se torna incomprensible las medidas tomadas frente a la creciente violencia que vive nuestro país.
- El decreto 707 no sólo que no resuelve los problemas de seguridad, sino que, además, potencializa la fuerte criminalización a la pobreza existente en el país. En la actualidad los grupos de delincuencia común cooptan a la niñez y juventud ecuatoriana a corta edad para entrenarlos en el manejo de armas, ya que no tienen ninguna opción de supervivencia.
Entonces lo que realmente debe hacer el gobierno es invertir en el campo social, puesto que es la única manera de reducir los niveles de violencia. Los últimos dos periodos presidenciales han reducido la inversión social al mínimo y en la actualidad el gobierno no asume su responsabilidad.
- Alertamos la existencia de varios riesgos sociales, como el aumento de tiroteos en espacios públicos y privados, así como también el incremento de la violencia intrafamiliar y femicidios que en su mayoría son cometidos por armas de fuego. ¿Acaso se ha pensado en cómo afrontar cuando armas registradas sean robadas y usadas en otros delitos, y no se criminalice a inocentes? Dejar el control de uso de armas a las Fuerzas Armadas, implicará una militarización de la sociedad, y aumente la crisis de la violencia, no solo de inseguridad.
Como organismo de derechos humanos no nos cansaremos de exigir el cumplimiento de la Constitución y de los Tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y demandaremos la inconstitucionalidad de todas las reformas de cuerpos normativos que colisionen derechos y den paso a una mayor violación de derechos, tal como el Decreto 707.
El porte de armas solo traerá zozobra a la ciudadanía, una guerra civil de baja intensidad y, por otro lado, los niveles de criminalidad, violencia e inseguridad permanecerán ya que son útiles para los gobiernos neoliberales y las elites que los sostiene. La respuesta a la violencia no son las armas, son acciones de inclusión social, es en eso donde organizaciones de derechos humanos, universidades, juristas y activistas, confluimos en una sola voz que exige una paz que elimine brechas sociales y no las agigante.