Fue en 2005, un 19 de abril, cuando Julio García salió con su cámara fotográfica a registrar la protesta de los denominados “Forajidos” en contra del gobierno de ese entonces. Además de su trabajo periodístico, Julio trató de auxiliar a jóvenes y niños que se encontraban en medio de una lluvia de bombas lacrimógenas. Esto lo asfixió y causó su muerte.
Han pasado 18 años de su fallecimiento y la impunidad continúa. Tal es así que, en instancia nacional, el caso sigue en investigación previa por el delito de ejecución extrajudicial en contra del comandante de la Policía Nacional de ese tiempo, Jorge Fernando Poveda Zúñiga. Las diligencias que se solicitan no son evacuadas, el cambio de fiscales ha sido constante y aún no hay un acercamiento real a las personas responsables de la muerte del fotógrafo chileno.
Frente a la falta de respuesta de la justicia ecuatoriana, se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismo internacional que ya emitió, el 9 de diciembre de 2021, su informe de fondo donde declara la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos de Julio. Sin embargo, han pasado 16 meses desde su notificación, e incluso ya finalizó la última prórroga para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH y aún no hay una respuesta concreta de las autoridades.
En el informe se recomienda al Estado ecuatoriano que realice un acto de disculpas públicas por la muerte de Julio García y adopte medidas concretas para prevenir futuras violaciones a los derechos humanos en el contexto de protestas y manifestaciones. Asimismo, recomienda la capacitación en derechos humanos para los cuerpos de seguridad que actúan en dichos contextos, y la implementación de mecanismos de planificación, seguimiento, control y rendición de cuentas sobre la actuación de los agentes del Estado en contexto de protesta social.
Y aunque las autoridades gubernamentales resaltan que en el país existe una amplia legislación garantista de los derechos humanos y que el gobierno capacita continuamente a las fuerzas públicas, no paramos de contar las muertes de personas en las manifestaciones sociales.
Esto nos da una muestra clara de que aún hay mucho por hacer para garantizar la protección de los derechos humanos en el país. Solo recordemos que, en el paro nacional de 2019, 1.507 personas fueron heridas, muchas de ellas presentaron lesiones oculares, y hubo 6 ejecuciones extrajudiciales. De estos casos, podemos mencionar a José Chaluisa y Marco Oto. Y en junio del 2022, cuando estalló otro paro nacional, se registraron 313 personas heridas y 7 personas fueron ejecutadas en el marco de la protesta social. Sobre estos casos, se ha levantado procesos judiciales por presunta ejecución extrajudicial de Byron Guatatuca y Henry Quezada.
Adicionalmente, nos sorprende que el gobierno actual recalque su compromiso con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con el deber general de adecuar su derecho interno para garantizar los derechos de todas las personas, cuando en la actualidad, el gobierno de Guillermo Lasso ha implementado reformas en varios cuerpos legales para reprimir la protesta social.
Podemos destacar, por ejemplo, el art 43.1 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el que se habilitan cláusulas especiales de seguridad para que Fuerzas Armadas brinde apoyo a empresas de sectores estratégicos y servicios básicos; el art. 5 de la Ley de Defensa Nacional, en el que se amplían las competencias a Fuerzas Armadas para el control de una conmoción interna, en el caso de una declaratoria de emergencia, y el art. 360 del Código Integral Penal, en el que se flexibiliza la tenencia y porte de armas de fuego.
Asimismo, podemos mencionar la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución para el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional para el combate al crimen organizado. Solo con estos ejemplos, deducimos que, contrario a sus aseveraciones sobre la garantía de derechos humanos en las protestas sociales, lo que buscan es la securitización como respuesta a problemas sociales y utilizar el discurso de la lucha contra el crimen y la protección del orden público para repeler y hasta reprimir a la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta social.
Finalmente, queremos recordar la memoria de Julio García y reiteramos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por la violencia en el contexto de protestas y manifestaciones en Ecuador y en todo el mundo. En este día, reafirmamos nuestro compromiso de proteger la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Instamos a las autoridades a investigar a fondo las circunstancias de su muerte y a garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones. Que la memoria de Julio García nos inspire a seguir luchando por un mundo más justo y equitativo, donde los derechos humanos y la libertad de expresión sean respetados y protegidos para todos.
Suscribimos:
Familiares de Julio García
Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE)
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)