A las juezas, jueces y todos los servidores judiciales

Este 30 de mayo del 2016, después de casi diez meses de proceso penal, se ha condenado nuestro derecho a pensar diferente, a expresarnos y a protestar. Una vez más, se ha violado lo que consagra nuestra Constitución: el sistema procesal debería ser un medio para administrar justicia, pero por el contrario, este 30 de mayo se condenó a prisión a dos inocentes compañeros de Saraguro.

El Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Loja (conformado por Mercy Hurtado, Pablo Narvaez y Rene Muñoz) sentenció a 4 años de prisión a Luisa Lozano y Amable Angamarca, quienes pertenecen al grupo de 29 hermanas y hermanos de Saraguro que fueron injustamente judicializadas después del paro nacional del 17 de agosto del 2015.

¿Cuál fue el delito que cometieron? En el caso de Luisa, de 39 años, defensora del derecho a la tierra, agua y a una  vida digna, fue detenida el 17 de agosto de 2015  porque decidió ayudar y defender a una compañera embarazada que era golpeada por los agentes del Estado.  En cambio, a Amable, de 57 años, comunicador comunitario de la radio Buen Pastor fue aprehendido mientras ejercía su trabajo periodístico. Fue testigo del maltrato a los comuneros de Saraguro.

Para la Fiscalía, el  Ministerio de Justicia – entidades acusadoras- y ahora para los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Loja, la exigencia de nuestros derechos a través de las protestas y movilizaciones es un delito denominado “paralización de servicio público”, que según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) tiene como máxima pena 3 años de presión. Pero eso no fue suficiente, porque a Luisa y a Amable les sentenciaron a 4 años de prisión, es decir la máxima pena aumentada en un tercio.

Además, se los sentenció en medio de un proceso penal inconstitucional, porque a ellos como a los demás compañeros y compañeras Saraguro la justicia indígena ya los había  juzgado y sobreseído.

Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones sociales expresamos lo siguiente:

Exigimos, a todos los servidores judiciales y públicos a respetar el derecho a defender los derechos que esta reconocido en la Constitución ecuatoriana y en los tratados internacionales de derechos humanos. Protestar por nuestros derechos no es un delito.

Exigimos, que los jueces y juezas de Loja respeten  la resolución de la Justicia Indígena que declaró inocentes a los 29 compañeros y compañeras. Desconocer nuestra justicia es otra violación de derechos humanos.

Exigimos, a todos los servidores judiciales y públicos a cumplir con su deber de proteger los derechos humanos de nuestras hermanos y hermanos Saraguro y a no emplear el poder público para hostigar y criminalizar su condición y labor como defensores de derechos.

Exigimos a los servidores judiciales a administrar justicia conforme los principios de independencia, imparcialidad, igualdad, respeto a las garantías del debido proceso y con sujeción a la Constitución, los tratados internacionales y la ley y no a otros interés. 

Exigimos justicia a las autoridades judiciales y administrativas justicia, que se investigue a los responsables de la represión violenta del 17 de agosto del 2015 que dejo en Saraguro heridos y detenidos que han sido sentenciados injustamente.

Exigimos dejar sin efecto la desproporcionada sentencia en contra de  Luisa y Amable y su  libertad  inmediata, así  de los 12 aún procesados de Saraguro.

Exigimos justicia y libertad para Saraguro y el centenar de personas procesadas a nivel nacional