El 22 de julio de 2025, la jueza encargada del Caso Defensores negó la Acción de Protección presentada contra la Policía Nacional por la detención ilegal y arbitraria de los defensores de derechos humanos Miguel P. y Jafet G., ocurrida durante una movilización social en Quito en noviembre de 2024.
Durante la audiencia, realizada de forma telemática, la magistrada argumentó que la vía adecuada para tratar el caso habría sido una acción de Habeas Corpus, y no una Acción de Protección.
Al respecto, el equipo de defensa y acompañamiento legal de INREDH ha subrayado que la acción presentada no solo busca justicia por la detención ilegal y arbitraria, sino también por los tratos crueles, inhumanos y degradantes sufridos por los defensores durante las aproximadamente seis horas de custodia policial, a pesar de que Miguel P. y Jafet G. se encontraban debidamente identificados como observadores de derechos humanos, y por la vulneración de su derecho a la protección de datos personales y a la inviolabilidad de correspondencia virtual, derivada de la revisión, recolección y archivo indebidos del contenido de sus teléfonos móviles por parte de agentes estatales.
Frente a la negativa de la jueza a aceptar la Acción de Protección, las abogadas apelaron el fallo oralmente durante la audiencia, respecto de lo cual han manifestado que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar medidas de reparación y de no repetición frente a las vulneraciones sufridas por personas defensoras de derechos en contextos de protesta social.
El caso continúa en proceso y se espera que una instancia superior reevalúe la decisión, tomando en cuenta las pruebas documentadas, los testimonios presentados y el marco constitucional que protege el derecho a defender derechos.
Contexto
El 21 de noviembre del 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Quito una manifestación convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), a la cual se unieron diversas organizaciones sociales en rechazo a las políticas del presidente Daniel Noboa.
En la avenida 10 de agosto a la altura de la intersección con la calle General Pedro Briceño, miembros de la Policía Nacional bloquearon el paso de los manifestantes con vallas metálicas. En ese momento la protesta empezó a registrar focos de violencia ajenos a los organizadores y en medio del caos dos miembros de la policía infiltrados de civiles derribaron brutalmente a un adolescente que portaba su uniforme de colegio y con la ayuda de otros uniformados arrastraron al estudiante por la calle del Banco Central, el hecho quedó registrado por las cámaras de varios medios del país.
Ante la situación, Miguel P. como veedor de derechos se acercó a grabar la detención y pedir al adolescente que grite su nombre. Fue entonces que uno de los policías lo sujetó del brazo y lo arrastró detrás del cerco policial donde lo inmovilizaron y golpearon. Simultáneamente, otro miembro de Inredh, Jafet G., que presenciaba la detención violenta de su compañero, se acercó para identificarse como defensor de derechos, pues quería asistir a Miguel.
Los policías, ignorando que ambos portaban cascos e identificaciones, y pese a que Miguel y Jafet les comunicaban que eran miembros de Inredh, los aprehendieron y llevaron en una patrulla al Distrito de Policía Manuela Sáenz, lugar donde fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y solo después de retenerlos durante aproximadamente 6 horas, decidieron dejarlos en libertad a la madrugada del día siguiente, sin haberlos llevado en ningún momento ante una autoridad judicial.
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