Aceptan medidas cautelares y llaman a audiencia de acción de protección por falta de agua en Urbanización Miduvi, en Canoa

Este miércoles 15 de julio de 2020, a las 08:15, se instalará la audiencia de acción de protección con medidas cautelares presentada a favor de la Urbanización Canoa Miduvi, conformada por aproximadamente 500 habitantes, para exigir que se reconozca la vulneración de los derechos constitucionales al agua y por conexidad e interdependencia, los derechos a la alimentación, la salud y vida digna.

El Tribunal de Garantías Penales del cantón Sucre también convocó a la audiencia oral y pública a Gema Rossana Cevallos Torres, alcaldesa del Gobierno Descentralizado Municipal de San Vicente y a Felipe Mantuano Zambrano, gerente general de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable de los Cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre, y Tosagua – EMAAP – EP, entidades demandadas.
Esta diligencia se desarrollará en la sala de audiencias No. 03 del Complejo Judicial del cantón Sucre, ubicada en la av. César Ruperti y Calle Homero Orces de la parroquia Leónidas Plaza del cantón Sucre, Provincia de Manabí, donde las partes presentarán sus alegatos y elementos probatorios ante el Tribunal conformado por las juezas Kuffó María, Mendoza Ginger y Loor Ana.
Cabe indicar que la audiencia se realizará con las medidas de bioseguridad para ingresar al edificio y el Tribunal deja abierta la posibilidad de que tanto accionantes como accionados comparezcan a la audiencia vía telemática.
En la presentación de la acción constitucional realizada el pasado 6 de julio de 2020, los 10 representantes de la Urbanización que firmaron el escrito relatan que el problema de la falta de acceso al agua se origina incluso antes del terremoto de abril del 2016. Sin embargo, desde este desastre natural, las autoridades locales afirmaban que la falta de agua se debía a una ruptura y daños causados en las tuberías e infraestructura, daños que hasta el día de hoy no han sido reparados, a pesar de las grandes inversiones que se han dado para este efecto.
El Reasentamiento de Canoa, más conocido, como la Urbanización Miduvi, conformada por 105 familias, fue construida por el Ministerio de Vivienda (MIDUVI) a raíz del terremoto del 2016. Con esta nueva infraestructura, los problemas de acceso al agua persistieron. En dicha urbanización, habitan grupos en condiciones de vulnerabilidad: tres personas con discapacidad, cinco mujeres embarazadas, cinco personas de tercera edad y cerca de 250 niños y niñas.
No cuentan con el servicio público de agua potable ni con pozos sépticos o cisternas. Para acceder al agua deben comprarla a tanqueros privados a 40 dólares un tanquero completo, el tanque de 250 litros a 12 dólares, el tanque de 150 litros tiene un costo de 8 dólares y un tanque, un costo de 1,25; adquirir un bidón de agua de 20 litros que cuesta un dólar para una familia promedio de cuatro integrantes, ésta es la única fuente de agua que es saludable para hidratación y alimentación; o, como último recurso, recogen el agua lluvia que no solo constituye una forma precaria y no saludable de recoger agua, sino además, depende de las condiciones climáticas del lugar, factor que tampoco permite una continuidad.
“Antes de la pandemia podían hacerle frente a la situación de privatización de agua en la que se encuentran, ya que contaban con los ingresos económicos de las actividades como turismo, pesca, agricultura, acuacultura, etc. Por lo que, a pesar, de la constante e histórica vulneración de su derecho a acceder al agua, los pobladores podían subsanarla gracias a sus trabajos”. Así lo señala la acción de protección.
Por el contexto de pandemia y el desempleo que trajo consigo, se ha vuelto difícil para los moradores de Canoa acceder al agua que es vital para la existencia de los seres humanos, tal como lo menciona la Constitución, en su Art. 318, y, mucho más, cumplir con las medidas básicas de bioseguridad dictadas por el Estado y la Organización Mundial de la Salud, como el lavado de manos constante y la desinfección, para enfrentar la pandemia de manera adecuada.
MEDIDAS CAUTELARES
El Tribunal de Garantías Penales del cantón Sucre señaló que “sintetizando su solicitud requieren que este Juez Plural otorgue inmediatamente las medidas cautelares correspondientes a la dotación provisional e inmediata de agua potable a las y los habitantes de la Urbanización MIDUVI”, así lo informó el Tribunal en su notificación el pasado 8 de julio de 2020.
Además, precisó que “estima que existen presunciones de una posible vulneración del derecho constitucional al agua, lo que provoca un daño grave a los habitantes de la Urbanización MIDUVI”, por lo cual, dispuso provisionalmente que el GAD Municipal del cantón San Vicente en coordinación con la EMMAP-EP realicen las gestiones pertinentes para que se proceda a la dotación de agua potable, de forma inmediata, a los habitantes de la Urbanización MIDUVI de la parroquia Canoa, del cantón San Vicente, provincia de Manabí.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto, delegó al representante de la Defensoría del Pueblo de los cantones San Vicente y Sucre, “la supervisión de la ejecución de medidas cautelares dispuestas; debiendo remitir un informe sucinto al respecto”, según constan en la notificación.
En la demanda de 47 hojas se solicita a la justicia constitucional que declare la vulneración a los derechos constitucionales al agua, y por conexidad, a la vida digna, salud y alimentación.
Y que se otorguen medidas de reparación integral en las que se incluye prestar el servicio de agua potable saludable, asequible, accesible físicamente, de calidad, continua e inmediata. Así como diligencias necesarias para averiguar si la falta de agua ha causado enfermedades físicas, sobre todo, en grupos en condición de vulnerabilidad. Además, de disculpas públicas por parte de los demandados y procesos de rendición de cuentas acerca de los fondos destinados para la dotación de agua potable, entre otras.
Por otro lado, se piden medidas cautelares tales como medidas de protección inmediatas con respecto a dos ciudadanos que han recibido amenazas por exigir su derecho al agua, así como para los mencionados grupos de vulnerabilidad. Ante esto, Pamela Chiriboga, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, resalta que a pesar de que el Tribunal dictó las medidas cautelares el pasado 8 de julio del 2020, hasta ahora, los pobladores de la Urbanización Miduvi no tienen acceso al agua.