Las Organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta alerta hacemos un nuevo llamado al Estado ecuatoriano, a fin de que, en el marco del respeto de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución, garantice los derechos de personas y comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes. En estos momentos, estas poblaciones atraviesan graves dificultades para acceder a alimentación, agua segura y a servicios de salud.
Se recuerda al Estado que son alrededor de 119 comunidades campesinas e indígenas, entre las nacionalidades Chachi, Épera y el pueblo Afroecuatoriano. Estas comunidades están asentadas en la ribera de varios ríos (Cayapas, Ozonle, Santiago, San Miguel, Río Verde, Zapallo, Canandé, Viche, Sucio y Cojimíes) en donde viven 3736 familias Afroecuatorianas que representan alrededor de 24.680 personas; 3.968 familias Chachi que representan alrededor de 20.965 personas; y 110 familias Épera que representan alrededor de 360 personas. (VER ANEXO).
En este contexto, alrededor de 63.615 personas, entre ellas niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, son recolectoras, pescadoras y agricultoras, que dependen de la venta de los productos excedentes para subsitir. En la actual emergencia sanitaria, sus fuentes de subsistencia, como son los ríos, se han visto afectadas y contaminadas por la minería en el norte de Esmeraldas, actividad que continúa aun en medio de la pandemia. Esto les ha impedido desarrollar las cotidianas actividades de pesca y el acceso al agua.
La mayoría de las comunidades se encuentran en el cantón Eloy Alfaro (pero también en otras zonas: Quinindé, San Lorenzo, Muisne), que representa el 27.1% del territorio de la provincia de Esmeraldas. Mientras tanto, el 86.7% de sus habitantes están en el sector rural. La mayoría de esa población al norte de la provincia no poseen servicios básicos, existe un 92,67% de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, por falta de agua, alcantarillado, luz, recogida de basura, ni comunicación y tan sólo un 1,3% de la población tiene estudios superiores.
El cantón Eloy Alfaro es una de las zonas con pobreza en hogares por NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) del 93.41%. Los datos sobre vivienda revelan el grado de pobreza que viven los ciudadanos; en las áreas rurales de Eloy Alfaro, un 60% de sus habitantes viven en casas con paredes, piso y techo generalmente de madera y zinc; el 30.7% viven en ranchos o chozas que son construcciones de madera o guadúa descubiertas en parte; el 7% viven en mediaguas, construcciones provisorias adjuntas a otra casa, que son por lo general de caña y con el piso de suelo. Además, en este mismo cantón, la atención de salud es deficitaria la tasa de natalidad es del 21%[1].
Según datos del gobierno en Esmeraldas, a la fecha existen 38 casos confirmados y siete fallecidos por covid-19. En este escenario, la afectación de sus fuentes de subsistencia y la reciente emergencia sanitaria pone en riesgo la subsistencia de miles de familias. Reiteramos: la población en el cantón Eloy Alfaro no puede acceder a agua apta para el consumo humano, no les es posible pescar y obtener su alimento. Así como, por las restricciones de movilización, tampoco pueden desarrollar sus actividades agrícolas, y de comercio ni abastecerse de otros productos necesarios para subsistir con dignidad y sin angustia.
Recordamos al Estado las obligaciones específicas, en el marco de los derechos humanos, que ha asumido respecto de personas que requieren atención prioritaria, de acuerdo con la Constitución. Asimismo, volvemos a demandar al Estado ecuatoriano, como lo hicimos a inicio de la emergencia sanitaria, que:
“La garantía de alimentación durante la emergencia ya decretada incluya que se respete y proteja la economía de pervivencia de las comunidades productoras, lo cual no necesariamente requiere la provisión de productos sino la revisión de las medidas de movilidad restringida por la emergencia. Las comunidades deben continuar con la producción de bienes y regresar a sus territorios, en condiciones de seguridad. Así mismo se debe asegurar que las comunidades tengan acceso a fuentes de alimentación propias aprovisionadas mediante prácticas de pesca, cacería y recolección vigilando que no resulten contaminadas o afectadas por terceros, incluidas empresas o quienes ejecutan actividades “legales” e ilegales de minería y explotación forestal.”
Volvemos a exigir del Estado ecuatoriano, a través del COE nacional:
“la conformación de manera INMEDIATA de una mesa técnica de alto nivel, que incluya la participación de profesionales especializados en salud y seguridad y que, de manera INDISPENSABLE, cuente con asesoría permanente de Organizaciones Indígenas, No Indígenas, afrodescendientes y campesinas con experticia en trabajo con estos pueblos y territorios a efectos de garantizar la pertinencia de su intervención y minimizar los potenciales daños”.
Demandamos al Estado, de igual forma, que acoja lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Resolución No. 1/2020, de 10 de abril de 2020, en especial:
“Extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia del COVID-19, tomando en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales. (…) Implementar medidas de apoyo económico, bonos, subsidios, entre otros, para las personas afrodescendientes y comunidades tribales que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, y otrassituaciones de especial vulnerabilidad en el contexto de la pandemia. (….) Garantizar el acceso a servicios de salud pública integral de forma oportuna a personas afrodescendientes y comunidades tribales, incorporando un enfoque intercultural y garantizando a esta población información clara, accesible e inclusiva sobre los procedimientos médicos que se les practiquen”.
Por último, nos sumamos a la demanda de las comunidades afectadas, y exigimos al Gobierno central, a los COE nacional, provincial, cantonal y a los gobiernos locales, que se provea de manera inmediata y urgente -tanto por vía fluvial como terrestre- de raciones alimenticias para 7057 familias, el bono de contingencia e insumos médicos, así también, que la ayuda humanitaria llegue a esta población, que sistemáticamente ha sido desatendida por el Estado. Entre comunidades indígenas, afroecuatorianas y campesinas, el país debe saber que se trata de miles de personas afectadas que requieren atención inmediata y urgente.
Para coordinar las acciones, solicitamos a las autoridades correspondientes tomar contacto de manera inmediata con: Marlene Corozo de la UONNE (0992130917), para las comunidades afroecuatorianas en los ríos Cayapas y Onzole; José Ponce de la REDCONE (0969710374), para las comunidades afroecuatorianas en el río Santiago; Santiago De La Cruz, presidente de la FECCHE (098 691 4240), para la nacionalidad Chachi; Edgar Caicedo, presidente de la Nacionalidad Épera (096 947 9618/ 098 858 7596). Así también con Enrique Valencia (enriquevalencia02@gmail.com 0967006840) ) y Klever Santana (0988748826).
Recordamos al Estado, a través de todas sus autoridades e instituciones, que es su deber primordial, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”.
[1] http://www.prefecturadeesmeraldas.gob.ec/web/assets/canton-pdot-eloy-alfaro.pdf