Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en contexto de ciudad están en un alto nivel de vulnerabilidad. Se encuentran distantes de sus territorios de origen con las consecuencias que ello supone para su pervivencia cultural. En su mayoría, sobreviven en condiciones económicas precarias o de pobreza y, ante la falta de políticas públicas diferenciales y de voluntad institucional que posibiliten resignificar su ser indígena en estos contextos, la discriminación estructural e institucional, entre otros factores que marcan grandes brechas en comparación con la población mayoritaria, sus capacidades para afrontar la pandemia son reducidas.
Los ingresos económicos de un número significativo de familias indígenas en contextos urbanos se generan de actividades informales o ambulantes, lo cual ilustra muy bien las dificultades que la adopción de la medida de aislamiento preventivo obligatorio conlleva para ellas.
Ante la declaratoria de estado de excepción y la instauración del toque de queda, alrededor de 445 ciudadanos de la nacionalidad Chachi residentes en Nayón y Calderón, al norte de Quito, no pudieron regresar a su territorio, ubicado en la provincia de Esmeraldas. Entre las personas afectadas, se encuentran niños, niñas, adolescentes y un adulto mayor con una enfermedad catastrófica, quienes son consideradas grupos de atención prioritaria.
Estas personas, en su mayoría, son estudiantes, comerciantes, realizan actividades artesanales para sobrevivir y en algunos casos para costear sus estudios. Por lo que las medidas del gobierno para frenar la propagación del virus, les imposibilita salir a las calles a trabajar y, así, obtener ingresos económicos que cubran sus necesidades básicas. Esta situación exacerba su condición de vulnerabilidad, pues no cuentan con alimentos, insumos médicos y materiales de protección para prevenir el contagio del virus y atención de salud oportuna.
Al momento, se cuenta con un registro de 200 personas Chachis que trabajan en el comercio y las florícolas en Tabacundo. Esta realidad también la comparten las 113 personas Chachis que se encuentran en Guayaquil, una de las zonas donde existe mayor índice de contagiados de Covid-19.
Es imprescindible señalar que la situación de exclusión y vulnerabilidad socioeconómica puede impulsar a estas personas a retornar a sus territorios originarios. Esto representa un gravísimo riesgo para quienes allí residen, debido a la potencial propagación del virus y la ya demostrada falta de garantías institucionales para la atención y la respuesta oportuna.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordó a los Estados, el 20 de marzo de 2020, que:
“Localmente, procesos pandémicos producen impactos desproporcionados sobre poblaciones con mayores dificultades de acceso a estructuras sanitarias y tecnologías de atención a la salud dentro de los países, como pueblos indígenas, campesinado, personas migrantes, personas privadas de la libertad, grupos sociales en las periferias de las ciudades y los grupos económicos desatendidos por las redes de seguridad social, como son las y los trabajadores del sector informal o personas en situación de pobreza o de calle. A su vez, dado el carácter viral de la transmisión del COVID-19 ciertos grupos sociales se encuentran en mayor riesgo de sufrir impactos diferenciados y que sus derechos sean afectados más fácilmente, como son las personas con discapacidad, personas con determinadas patologías y enfermedades, y particularmente las personas mayores. En relación con estos grupos las medidas que se adopten deben incluir acciones de prevención del contagio y de garantía de la atención y tratamiento médico, medicamentos y provisiones evitando los impactos diferenciados del desabastecimiento; así como de acceso a la información en formatos adecuados a los diferentes grupos y sus necesidades diferenciadas”.[1]
Cabe recalcar que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos plasmados en la Constitución, así como garantizar -sin discriminación alguna- el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En este contexto, las autoridades de la Nacionalidad Chachi han realizado varios pedidos de ayuda humanitaria emergente a entidades como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Municipio de Quito y la Alcaldía del cantón Cayambe; sin embargo, hasta la presente fecha, la respuesta gubernamental ha sido nula.
Además de la atención emergente que requieren los pueblos indígenas en contextos urbanos, también resulta imprescindible ejecutar acciones de contención y atención a quienes permanecen en sus territorios. Para ello, se debe implementar, de manera concertada y coordinada con las autoridades indígenas, los protocolos para la llegada y el manejo de las ayudas humanitarias, elementos de bioseguridad, así como, el acceso a información precisa y pertinente sobre la naturaleza de las amenazas, los medios para protegerse y las garantías mínimas de acceso a la realización de pruebas. Esto, especialmente, en territorios donde se tienen indicadores de prevalencia de enfermedades infectocontagiosas introducidas y enfermedades crónicas no transmisibles.
Exhortamos al COE Nacional y COE Municipales a tomar acciones urgentes que permitan precautelar los derechos de la nacionalidad Chachi. Cualquier ayuda humanitaria se coordinará con Santiago de la Cruz Añapa, presidente de la Federación de Centros Chachis de Esmeraldas, al número 0986914240 o al correo electrónico federacionch
[1] La CIDH y su REDESCA instan a asegurar las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública frente a la pandemia del COVID-19, 20 de marzo de 2020, recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/060.asp