Asesinato de Andrés Durazno, defensor de DDHH y de la Naturaleza, una de las principales voces de la resistencia antiminera en Azuay, requiere investigación urgente

En la noche de ayer, 17 de marzo de 2021, fue asesinado Andrés Durazno, reconocido defensor de derechos humanos y de la naturaleza y una de las principales voces de la resistencia a la minería en Río Blanco y Molleturo, en la provincia del Azuay. Ante este hecho, las organizaciones que conformamos la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos
instamos a la Fiscalía que de manera urgente, eficiente, transparente y garantizando los principios de debida diligencia realice todas las investigaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables.
En ese sentido, demandamos a esa dependencia estatal, que en la investigación que lleve a cabo, se tenga imperativamente
en cuenta que la persona asesinada fue un defensor de derechos humanos y de la naturaleza y que el desempeño de sus funciones es un factor de riesgo que debe ser considerado tanto para la investigación como la protección de su entorno familiar y de otras personas de su entorno comunitario que también desempeñan labores como defensores y defensoras de
DDHH y de la naturaleza.
De manera urgente este caso debe obligar a las entidades estatales concernidas a realizar, de manera conjunta con organizaciones de derechos humanos, un profundo y minucioso análisis de contexto para la evaluación del riesgo y para la adopción de las medidas de protección, bajo un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las situaciones particulares de la población que requiere protección y el lugar en el que ejercen su labor y que aborde la creciente conflictividad que, en diversos territorios y particularmente en Río Blanco, genera la actividad e intereses extractivos.
Estos condenables hechos generan zozobra en la comunidad, deja en orfandad a 8 hijos e impacta a todo el círculo familiar de Andres quienes también tienen un marcado activismo a favor de la naturaleza y los derechos humanos. Elizabeth Durazno, recuerda a su tío Andrés como “una de las personas que más ha defendido su comunidad y parroquia”. Las
circunstancias de su muerte pueden revelar la necesidad de protección a su entorno familiar y a otras personas de su entorno comunitario, defensoras también.
Asimismo, este nuevo hecho de violencia pone en evidencia la creciente conflictividad social en torno a la minería en la zona del proyecto minero Río Blanco, suspendido por orden judicial y frente al cual las autoridades no actúan de manera eficaz. Este contexto es caldo de cultivo para la violencia creciente que amenaza a todas las resistencias al extractivismo.
Recordamos al Estado ecuatoriano su responsabilidad y obligaciones convencionales para la protección, promoción y garantía de la labor y los derechos de las y los defensores de derechos humanos, cuya labor, es indispensable para el fortalecimiento de la democracia. Sus actividades de vigilancia, denuncia y difusión, así como el apoyo a las víctimas, larepresentación y defensa de personas cuyos derechos y territorios se ven amenazados, entre otros hechos por actividades extractivas, contribuyen de manera especial al respeto, protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas y son una garantía para construir una democracia inclusiva y participativa.
El asesinato del Defensor de DDHH Andrés Durazno revela también una realidad en todo el país: peligro constante, incluso de perder la vida, en el que operan las y los defensores de derechos y de la naturaleza.
En 2018, Andrés y otros pobladores denunciaron a la operadora minera, Junefield Ecuador-Ecuagoldmining South America S.A. por persecución y hostigamientos. Este proceso fue archivado. Mientras tanto, una denuncia de funcionarios de la minera contra Andrés Durazno sí permanecía abierta en la Fiscalía General desde 2017. El Estado ecuatoriano le debía especial protección al defensor de derechos Andrés Durazno y no solo no se la dio sino que lo mantenía “bajo investigación”, abusando del derecho penal para criminalizar, perseguir o intimidar la actividad de defensores y líderes.
Es evidente que para prevenir la violencia que terminó con la vida de Andrés Durazno no basta con conducir investigaciones y disponer sanciones. La violencia que los proyectos extractivos generan es ya conocida y Andrés no es su primera víctima. Entonces, el Estado debe erradicar la razón de fondo: la imposición de extractivismo en los territorios aún contra su voluntad manifiesta. Asimismo, el Estado debe evaluar de manera diligente las amenazas, intimidaciones y todos los factores de riesgo que pongan en peligro la vida, la integridad y la labor de las y los defensores de derechos humanos.
Recordamos que la defensa de los derechos humanos es un derecho en sí mismo que el Estado está en la obligación de respetar, proteger y garantizar, a dichos efectos el estado debe profundizar el análisis de contexto para la evaluación del riesgo y para la adopción de las medidas de protección, bajo un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las situaciones
particulares de los defensores y defensoras que requieren protección y el lugar en el que ejercen su labor. En especial deberá incluir enfoque étnico, colectivo y de género en las medidas de prevención y protección.
La situación actual de defensores y defensoras de derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza en el Ecuador, se ha caracterizado por la falta de un entorno seguro para su labor, lo que les ha ubicado en una posición de vulnerabilidad y con obstáculos para realizar su trabajo de defensa de derechos.
Exigimos al Estado cumplir la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos de 1998. En particular, garantizar la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (artículo 1). Asimismo, garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.” (artículo 12.2); al igual que el Acuerdo de Escazú, recientemente ratificado por Ecuador, que protege a las y los defensores ambientales.
Andrés Durazno vive en la lucha y en la resistencia por la defensa del agua y contra el extractivismo, nuestra solidaridad con su familia, compañeros y comunidad.