Más de 20 horas duró la audiencia de Acción de Protección presentada por el pueblo afroecuatoriano y las organizaciones Fundación Azúcar, La Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (CONAMUNE), la Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE) y la Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA) en contra del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por los resultados del Censo 2022, el mismo que para los accionantes se ha cometido etnocidio estadístico, la audiencia se instaló el pasado viernes 17 de enero de 2025 en la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer y la Familia No. 1. La misma fue suspendida por decisión del juez Edison Quishpe por falta de tiempo. El juez declaró que se retome la audiencia este viernes 24 de enero, a las 9h00. La misma se reinstalaría con los testimonios faltantes y las correspondientes replicas.
El juez Edison Quishpe empezó la audiencia recalcando la importancia de la audiencia después de haberse diferido en dos ocasiones por petición de la defensa del INEC y agradeció la asistencia tanto presencial como telemática de ambas partes procesales.
Diana Salomé León, abogada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, en copatrocinio con la abogada Alodia Borja del pueblo afroecuatoriano, realizaron el alegato inicial mencionando que el censo de 2022 vulnera los derechos de la población afroecuatoriana al reducir su estadística poblacional del 7.2% al 4.8%, lo que representa una vulneración del derecho a la autoidentidad y produce un etnocidio estadístico.
“Se dejó de lado al pueblo afroecuatoriano para la construcción del censo y un censo no puede tener prácticas discriminatorias y racistas contra una población que ha construido este país”, afirmó la abogada Diana León durante su intervención.
Así mismo la abogada Alodia Borga criticó que: “estas prácticas discriminatorias son producto de vivir en un Estado estructuralmente racista en donde no existe ningún plan de comunicación que fomente un lenguaje de autoidentidad que permita a las poblaciones más vulnerables acceder a la información que les permita reconocerse y decir: ‘soy afroecuatoriano’”.
En la audiencia se contó con la presencia de varias Carteras del Estados además del INEC. Dada su implicación en la realización del censo nacional de 2022, estuvieron implicadas dentro de la Acción de Proteccion la Presidencia del Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Secretaria Nacional de Planificación. Cada una con la presencia de un representante de forma telemática. Dichas carteras durante su intervención solicitaron se excluya de la denuncia a la Presidencia del Ecuador y también a las demás Carteras del Estado, alegando no estar relacionadas con el proceso censal que INEC realizó en 2022.
Así también el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades intervino en favor del INEC realizando la petición al juez de declarar improcedente la Acción de Protección realizada por el pueblo afroecuatoriano.
Después de los alegatos de los abogados representantes del INEC se realizó la declaración de las accionantes. Empezó Irma Bautista, presidenta de CONAMUNE quien testificó que INEC no colaboró con las organizaciones afroecuatorianas desde el inicio del proceso censal: “No hubo una participación tan directa como en 2010, el INEC se reunió con nosotros cuando ya había avances hechos del censo. Nuestro derecho a ser censados fue vulnerado, ni siquiera se censó a toda mi familia”, dijo Irma durante su alegato.
Así mismo, la segunda accionante, Sonia Viveros, directora de Fundación Azúcar, tuvo una emotiva intervención donde se refirió acerca del nulo interés del INEC por trabajar en conjunto con las organizaciones afroecuatorianas durante el censo: “¿Dónde estuvo la participación activa del pueblo afroecuatoriano en las charlas técnicas y las capacitaciones de los censistas?, nos tocó participar en las reuniones por propuesta propia. Insistimos en la campaña de autoidentificación porque querían eliminar la pregunta de autoidentidad. No llegaron a censar barrios afroecuatorianos que están sin luz, donde no hay teléfono ni internet, tampoco acceso la información y educación. Al menos reconozcan sus errores”, comentó Sonia dirigiéndose a los representantes del INEC.
Seguido hubo la presentación de pruebas por parte de las abogadas accionantes quienes dieron un repaso por todos los documentos presentados por el INEC en su informe de respuesta a la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) por los resultados del censo. Dentro de los informes existían copias y documentos repetidos de reuniones y talleres de capacitación, hecho que fue recalcado varias veces durante la presentación de pruebas.
Finalizada la etapa de presentación de pruebas las accionantes llamaron a brindar testimonio, en calidad de expertos, a varios académicos de distintas áreas.
El primero fue Byron Villacis Cruz, en calidad de experto en demografía y ex director del INEC, quien hizo un análisis sobre el proceso censal de 2022 en comparación del realizado en 2010, afirmando que: “Hubo falsificación de firmas en la contratación de la campaña de comunicación del censo, lo que retrasó el proceso y generó trabas, se puede verificar en Fiscalía. En 2022 tampoco se realizó la encuesta postcensal, que sí se hizo en 2010 y que permitía verificar los resultados y la satisfacción ciudadana”.
En segundo lugar, intervino Abraham Caraballo, economista experto quien trabajó en el post fallo sobre la reducción poblacional afrocolombiana en el censo nacional de 2018 realizado en Colombia, y comentó: “La importancia de la pregunta de autoidentificación en un censo está en que permite desarrollar políticas públicas enfocadas en la población, políticas de salud, educación y empleo, que disminuyen las desigualdades. Además, la autoidentificación resalta la riqueza cultural del país y aísla la narrativa de homogeneizar a la población”.
También intervino con su testimonio Manuela Picq, experta en relaciones internacionales, periodismo y docencia, ella afirmó que: “El racismo estructural es una herencia de siglos, por lo que es importante que exista participación antes y durante el censo de las poblaciones, de lo contrario existe una vulneración del derecho a la identidad. Desaparecer poblaciones en una estadística blanquiza países, Estados, y promueve practicas racistas”.
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