Desde hace 11 días, José Sarmiento Jiménez (56 años) autoridad indígena detenida en el Centro de Rehabilitación Social Turi con síntomas asociados al covid-19, ha solicitado que se le practique la prueba de coronavirus para poder acceder a los medicamentos necesarios. Sin embargo, hasta el momento no se lo ha practicado.
Mediante un escrito ingresado el 22 de junio de 2020, su abogado Nicolás Salas dijo que la realización de la prueba permitirá precautelar su salud garantizado en el artículo 38 de la Constitución que señala, “(…) La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”.
También familiares de María Josefina Sotamba Padilla (61años), autoridad indígena procesada por el delito de secuestro en San Pedro de Cañar, denuncian que doña María Josefina se encuentra con fiebre, dolores de cabeza y tos seca por lo cual se ha solicitado que se realice la prueba de covid-19. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado.
Según diario El Comercio en su artículo La cárcel de Cuenca implementó 40 camas para la hospitalización de internos con covid-19, señaló que “de las 395 pruebas rápidas realizadas, hasta este martes 30 de junio de 2020, se confirmaron 124 casos positivos. Cuatro internos que tenían complicaciones de salud como diabetes, hipertensión arterial o neumonía fallecieron en el Vicente Corral Moscoso y otros cuatro siguen hospitalizados”.
En ese sentido nos preocupa que no se le ha realizado la prueba de covid-19 a todas las personas. De igual manera, María Sotamba, procesada por administrar justicia indígena y privada de libertad en la cárcel de mujeres de Turi tampoco le han practicado las pruebas de covid -19.
Actualmente, se encuentra en prisión: José Sarmiento Jiménez (dirigente del Consorcio de Justicia Indígena de San Pedro, Ángel Belisario Calle Calle, Luis Eduardo Calle Espinoza y María Josefina Sotamba Padilla.
Para Luisa Villacís, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) que acompaña el proceso de solicitud de amnistía para las 23 autoridades indígenas procesadas por administrar justicia indígena en San Pedro de Cañar, es fundamental que el Estado adopte todas las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, salud e integridad de quienes se encuentran privados de libertad, eso incluye la realización de pruebas de Covid y el seguimiento a su salud. Además de la obligación estatal de dar una respuesta oportuna ante las solicitudes de información planteadas con el fin de conocer el estado de salud de los y las PPLs. Frente a este escenario, instamos a la Asamblea Nacional para que se acelere el proceso de amnistía a favor de las autoridades indígenas criminalizadas.