Organizaciones sociales presentan acción de protección contra Estado ecuatoriano y empresa minera china

La Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), La Confederacion de Nacionalidades Indigeanas del Ecuador (CONAIE), la Red Eclesial PanAmazónica  (REPAM),  y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentarán una acción de protección para solicitar la reparación integral a las familias  campesinas e indígenas desalojadas de la parroquia Tundayme, donde se ejecuta el proyecto minero Mirador de la empresa Ecuacorriente S.A, en la provincia de Zamora Chinchipe.

La acción se presentará este miércoles,  31 de enero, a las 9:00, en la sala de sorteos del Complejo Judicial Norte, ubicado en la Av. Amazonas y Villalengua, en la ciudad de Quito. 

Con esta acción de protección apoyada por Red Eclesial Pan Amazónica e INREDH, la comunidad solicita reparación individual y comunitaria.  Que implica la reparación por daños de salud físicos y psicológicos, indemnización en favor de todas las víctimas, la reubicación de las familias que cumpla con características similares del territorio del cual fueron desalojados. Acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas por parte del Estado y de la empresa ECUACORRIENTES S.A., reconociendo el daño causado y ofreciendo garantías de no repetición. 

Además, se solicita que el Estado, a través de sus organismos diseñe planes de desarrollo tomando en cuenta su proyecto de vida comunitario. Y finalmente, las medidas correspondientes  a la Asamblea Nacional para la creación de un marco normativo que se adecue a los estándares de la consulta previa, libre e informada.

Desde el año 2015, se han realizado una serie de violaciones a los derechos humanos a la vivienda digna y al derecho a la consulta previa, a familias indígenas y campesinas en la provincia de Zamora Chinchipe, Cantón el Pangui, Parroquia Tundayme. Lugar donde se asientan las actividades para la operación del contrato de explotación minera a gran escala en Ecuador, parte del  Proyecto estratégico Cóndor Mirador.

Desde el 2012 hasta la presente fecha, no se ha realizado consulta alguna a la comunidad para obtener su consentimiento sobre este proyecto. Con ello, el Estado claramente incumplió obligaciones derivadas de la Carta Magna y obligaciones internacionalmente adquiridas  respecto a la consulta previa.  Este incumplimiento vuelve ilegal a la concesión del contrato de explotación minera y, consecuentemente, torna ilegales  a todos los procesos de desalojo que se originaron en dichas concesiones.  

La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) llevó a cabo algunos procesos de servidumbres de uso sobre territorios de la zona. La servidumbre implica que los territorios pueden ser dispuestos por el Estado, como de interés público para alguna actividad (en este caso, la extracción minera) lo que hace que esta figura de servidumbre minera este en el marco de la ley. En estos casos, los dueños de los predios no pueden oponerse y únicamente pueden intervenir para negociar el valor a recibir por su predio. 

En este marco 32 familias fueron desalojadas en septiembre y diciembre de 2015 mediante procedimientos ilegales que no respetaron  estándares de protección del derecho a la vivienda digna y al territorio.  Estas afectaciones no se limitan a la pérdida de la vivienda o espacio físico, sino que también se suma la pérdida de medios de vida, que es parte del ejercicio del derecho al trabajo ya que sus actividades de subsistencia están ligadas al uso de la tierra como la agricultura y ganadería. Ello, sin mencionar la relación espiritual e identitaria con su territorio.  

En los procesos de desalojo intervinieron: la Agencia de Regulación y Control Minero, la Empresa Minera ECSA, La Policía Nacional, Militares, agentes del Ministerio de Salud y agentes del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Las familias se encuentran organizadas en la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, a través de la cual, se han mantenido en defensa de sus derechos. Las familias se sienten afectadas porque hasta el momento no han existido acciones reivindicatorias, fueron obligadas a salir de sus localidades, a pagar arriendos para viviendas y tierra para trabajar. 

La afectación a este derecho a llevado consigo la violación constante de otros derechos relacionados a la integridad física y psicológica, esto debido también por la falta de asistencia médica, medida totalmente necesaria y que debe ser tomada en cuenta por el estado frente a estos grandes impactos sociales que conlleva la explotación de recursos naturales en zonas habitadas, de alto valor ecológico y ancestral.

Contactos de prensa: 

Luis Sánchez, presidente de Cascomi: 0996028074

Comunicación REPAM – 0998116789

Comunicación INREDH: 0989236441