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Ex relator de la ONU se pronuncia sobre la tortura contra un estudiante secundario

Por Super User
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Comunicación Inredh 

05/09/2017

Ex relator de la ONU se pronuncia sobre la tortura contra un estudiante secundario

 

El ex Relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes Juan Méndez se refirió al caso de Ángelo Ayol Barros, joven menor de edad y estudiante de cuarto curso quien fue víctima de detención ilegal y  tortura cometida por miembros de la Policía Nacional, el 17 de septiembre de 2014, luego de salir de clases de Colegio Nacional Mejía, en Quito.

 

 

Méndez  dijo que el mantener encerrado, solo y golpear al joven “es un acto de tortura porque el dolor está, los actos parecen deliberados, no son accidentales y me parece que encuadra bien en la definición internacional de tortura”.

 

Ángelo, joven de 17 años detenido por la Policía Nacional, fue esa noche golpeado con toletes, cascos y patadas, atropellado con la moto de los policías, amenazado e insultado, esposado y encerrado en un cuarto de la Unidad Policial Comunitaria (UPC) de La Basílica de la ciudad de Quito, centro que no estaba autorizado para privar la libertad, puesto en cuclillas durante más de una hora sin saber siquiera la razón de su detención. Todo ese tiempo no se le permitió comunicarse con su familia y fue cinco horas después de sufrir estas violaciones, que fue trasladado a la Unidad de Flagrancia, donde lo mandaron directamente al Hospital Eugenio Espejo por la gravedad de sus heridas

 

Para el ex relator cuando hay una detención policial se debe «registrar a las personas detenidas, tenerlos en los lugares destinados para ello y permitir sobre todo a menores de edad el contacto con la familia de forma inmediata. Todas estas cosas son garantías contra el maltrato y la tortura, pero también son garantías esenciales del debido proceso y del juicio justo».

 

 

Además, se refirió que en los casos de graves de violaciones de derechos humanos como la tortura la carga de la prueba no recae sobre la víctima sino en el Estado y que éste está obligado a investigar de oficio.

 

 

 

Dato: entrevista realizada en el marco del conversatorio “Derecho internacional y la lucha contra la tortura” realizado por la Universidad San Francisco de Quito, el viernes 1 de septiembre de 2017.

 

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