Integrantes de las 109 comunidades Kichwas insistieron ante el Consejo de la Judicatura por las irregularidades en la acción de protección que plantearon hace cinco meses. La mañana de este martes, 29 de septiembre de 2020, decenas de indígenas kichwas, acompañados por grupos sociales y organizaciones de derechos humanos como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae), Alianza Ceibo y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos se concentraron en los exteriores del Consejo de la Judicatura, al norte de Quito, mostrando pancartas con consignas sobre las consecuencias del derrame, exigieron una reparación rápida e integral.
Asimismo, exigieron que la vergonzosa sentencia, dictada oralmente el 01 de septiembre, les sea notificada por escrito para continuar con el proceso de apelación. Con esta nueva demora, en medio de una historia de dilaciones, no sólo se ha rebasado el plazo legal en exceso, sino que el Sistema Judicial tiene, nuevamente, a las víctimas del derrame en un limbo legal.
En un episodio más de maltrato estatal a las víctimas del derrame, varios comuneros y comuneras fueron retenidas en el trayecto por la Policía Nacional. Las excusas pasaron de “problemas en las licencias de operación de los buses” hasta “porte ilegal de armas”, en alusión a las lanzas con las que tradicionalmente se movilizan los indígenas amazónicos. Solamente tras la llegada del equipo legal de los indígenas Kichwas y en un acto también inexplicable, les dejaron seguir el trayecto hacia el Consejo de la Judicatura; donde, además, les esperaba un fuerte contingente policial, acompañado de un tanque policial antimotines.
Tanque policial antidisturbios se ubicó cerca del lugar de concentración. Foto: cortesía Amazon Watch
El grupo entregó un escrito extenso donde denuncia los hechos que revelan violaciones sistemáticas al proceso. Entre otras: las constantes dilaciones sin respuesta por parte de la administración de justicia; la falta de imparcialidad del juzgador en favor de las empresas contaminadoras y sus afirmaciones en el juicio; así como, la sospechosa falta de notificación de la sentencia que impide seguir con el proceso.
Es sorprendente que desde el 27 de abril, fecha en la que se planteó la acción de protección y las medidas cautelares, hasta la fecha, el proceso ha ocupado 15 días. El resto del tiempo se ha pasado en dilaciones a las que el Consejo de la Judicatura no ha sabido atender pese a los sistemáticos reclamos de las víctimas.
Frente a esta demora de la justicia y la inacción del Estado por el crimen ambiental más grave en los últimos 15 años, más de 27.000 indígenas siguen reportando contaminación en sus ríos, única fuente de agua y alimento seguros. Mientras tanto, las petroleras contaminadoras en alianza con las entidades públicas pretenden “entregar los ríos” a las comunidades, pese a que no han remediado la contaminación provocada por el derrame del 7 de abril y trazas de crudo y de combustible se siguen encontrando en los afluentes y en las chacras (sembríos). Esa supuesta “devolución” del río es simplemente la excusa para suspender las precarias y escasas dotaciones de alimentos y agua.
Carlos Jipa, presidente de la FCUNAE, recalca que, con la presentación de este oficio, las comunidades exigen al Consejo de la Judicatura que se notifique de manera inmediata la sentencia escrita y que se cumplan los plazos establecidos en la ley que garantizan la celeridad, imparcialidad, oralidad y tutela efectiva a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Además, se busca conocer los resultados de las investigaciones sobre vulneraciones al debido proceso en el trámite de la acción de protección con medidas cautelares; las responsabilidades de las y los operadores de justicia involucrados y las medidas que el Consejo de la Judicatura ha tomado para que estas situaciones no se repitan en detrimento de los derechos de los pueblos y de la justicia en general.
Los dirigentes mantuvieron una reunión con altos funcionarios del Consejo de la Judicatura, quienes les aseguraron que en dos días se entregaría la respuesta al oficio ingresado.
¡Si el Estado no garantiza nuestros derechos y el poder judicial favorece a quienes los vulneran, no hay otro camino que la resistencia!
Contacto de prensa:
Emilia Palacios 0992058210
*La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador está conformada por las siguientes organizaciones: Surkuna, Cedhu, Inredh, Amazon Frontlines, Cdh Guayaquil, Fundación Aldea, Omasne, Amazon Watch, Acción Ecológica, Yasunidos, Apt Norte, Cuencas Sagradas, Cedenma, Fundación Pachamama, Fundación Alejandro Labaka, Fundación Dignidad, Extinction Rebellion, Geografía Crítica