La mañana de este martes 18 de diciembre, a las 9h30, la mesa de Verdad y Justicia del Consejo de la Judicatura, conformada por representantes de la Comisión de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Libertad de expresión, Pueblos Indígenas y la comisión 30S, presentó una denuncia ante los vocales del Consejo de la Judicatura para que se investigue a 493 operadores de justicia que habrían utilizado el sistema judicial para persecuciones políticas.
Paúl Jácome, quien preside la mesa, comentó que el pasado 10 de diciembre, presentaron un listado de 493 jueces y fiscales, los cuales piden que sean investigados.
Por su parte el Cnel. Rolando Tapia, representante de la comisión 30S, dijo que existen aproximadamente 17 mil policías y civiles encausados por los hechos del 30 de septiembre de 2010. Indicó que existieron violaciones al debido proceso y que además hubo detenciones sin orden de autoridad competente.
“En el caso mío yo considero que fue un atentado contra la vida, después de haber sido un funcionario de 35 años de servicio, haber sido trasladado al penal García Moreno”, expresó Tapia luego de la rueda de prensa.
En este proceso se conocieron 1435 casos, entre ellos el del líder shuar Tomás Jimpikit y también el caso de Mario Farid Mosquera, quien cumplió una sentencia de 6 meses de prisión por el delito de ataque y resistencia, ambos criminalizados en agosto de 2015 en el marco del levantamiento indígena.
Asimismo, existen 23 autoridades indígenas judicializadas en la provincia de Cañar por administrar justicia, 9 de ellas se encuentran ya cumpliendo condena.
Jácome espera que la Mesa de Verdad y Justicia participe como veeduría en el proceso de investigación a los jueces y fiscales imputados por presuntamente actuar al margen de la ley.