El 14 de junio del 2013, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Comunicación con 108 votos, colocándose como la primera normativa que iba a regir la actividad periodística, ya que antes la ley solo regulaba a los medios audiovisuales o canales de televisión. Entre las novedades que traería la nueva se encontraba la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) y la figura “linchamiento mediático”, dos ejes polémicos cuestionados por la sociedad civil.
Cinco años después, esta normativa vuelve a la Asamblea Nacional, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, presentó la reforma a la Ley de Comunicación que incluye seis puntos a debate, entre ellos la eliminación de la Superintendencia de Comunicación, la consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la calificación constitucional de la comunicación como servicio público, la diferenciación en sistema de comunicación para tener medios de comunicación públicos, privados y medios ciudadanos, entre otros.
Por otro lado, un punto que inquieta a la sociedad civil es la redistribución de frecuencias. Actualmente, organizaciones sociales vinculadas a la comunicación comunitaria defienden la distribución tripartita de frecuencias entre medios comunitarios, públicos y privados. Esta distribución equitativa la consideran como una victoria de las organizaciones sociales que han luchado por el acceso a frecuencias radioeléctricas que históricamente les han sido negadas.
Este miércoles, 23 de mayo de 2018, a las 15:00, analizaremos la reforma a la Ley de comunicación, sus alcances, sus desafíos y riesgos. Para ello, nos acompañará Ana Acosta, representante del Churo Comunicación; y César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).
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