Por Luis Ángel Saavedra*
En días pasados circuló en el New York Times una nota sobre el futuro del Covid-19 y su impacto en los diversos países. Lo interesante de esta nota, que Infobae lo titula , es que nos presenta una visión de la cruda realidad que estamos viviendo y de la que esperamos vivir a futuro.
La nota recoge testimonios de científicos que afirman lo difícil que será lograr una vacuna en los laboratorios antes de 18 meses y que eso no significa necesariamente que vayamos a tener la solución para todos los pueblos.
De acuerdo a este diario, se busca omitir determinados procesos para llegar más pronto a conseguir la vacuna. Aquí esta una primera interrogante, desde la perspectiva de derechos: ¿Cuáles serán los actuales conejillos de indias a los que se inyecte una vacuna que se ha saltado procedimientos de seguridad? Estos saltos se podrían dar con no hacer suficientes pruebas en animales y se pase a inyectar a humanos sin tener la seguridad de su efectividad ni de su nocividad.
Es conocido como en el pasado se usaron a personas privadas de libertad como conejillos a cambio de una reducción de sus condenas o se usaron mendigos a cambio de unas semanas de comida y abrigo. Para la vacuna contra el Covid-19 ¿Quiénes serán estos conejillos? Es posible también que se hagan pruebas en países pobres y lejanos. La ciencia así lo requiere y se argumentará que es por el bien de la humanidad. Si fallan será muy difícil que nos lleguemos a enterar; la noticia se transformará en un mito urbano o se endosará a los planes de conspiración de los grupos anti vacunas.
Pero el problema no queda ahí, pues el diario también llama la atención sobre un hecho que no lo vemos en su real dimensión. La vacuna se produce en un laboratorio, no en una fábrica; el laboratorio produce un limitado número de vacunas para tener las muestras necesarias para sus procesos de análisis y test de prueba. Los laboratorios no producen vacunas en masa, lo que hacen es diseñar el proceso, la fórmula y finalmente la vacuna. Asumiendo que todo va bien y saltándose algunos procesos de prueba, solo entonces un laboratorio tendrá una vacuna en 18 meses, algo que los expertos consultados por el New York Times catalogan como muy difícil, pero queda el reto de la fabricación.
Quienes pueden producir las cantidades necesarias para una vacunación en masa son las fábricas; es decir, la industria farmacéutica. Esta industria debe reproducir el proceso de laboratorio en una fábrica: se debe construir una fábrica específica para esta vacuna.
Es muy probable que los gobiernos donde se llegue a obtener la vacuna apoyen activamente a la industria farmacéutica para que implemente su fábrica. A cambio de esto, el gobierno en mención querrá vacunar primero a su población antes de liberar la vacuna para el resto del mundo.
Salvo algunas filtraciones hacia las élites, el Ecuador y por lo general los países de América Latina y África estarán al final de la fila, ese final será cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) tenga presupuesto y vacunas para iniciar una campaña gratuita o a un precio simbólico. Definitivamente esto se dará cuando los países desarrollados hayan satisfecho su propia demanda; en tiempos, estamos hablando al menos de unos cuatro o cinco años. ¿Qué hacer hasta entonces?
Los gobiernos están conscientes del problema, por eso han elaborado políticas para administrar la velocidad del contagio y la van soltando a cuentagotas. La opción que se ha asumido es la llamada “protección del rebaño”; esto supone llegar a la inmunidad a costa del contagio de la mayor parte de la gente y que esos cuerpos generen sus propios anticuerpos, de tal forma que la vacuna, cuando esté disponible, ya solo sea necesaria para quienes nacerán a futuro.
Analicemos lo que pasa en Ecuador
Ya existe evidencia de que el virus ingresó al país en las vacaciones de navidad y año nuevo cuando los migrantes ecuatorianos que están en España e Italia retornaron al Ecuador para pasar estas festividades; de igual forma, las élites viajaron a Europa y retornaron luego de las vacaciones, por eso el virus fue tan democrático en el contagio. Para Diciembre, en Europa ya circulaba el virus. Cuando se hizo el show alrededor de la supuesta paciente cero, el virus ya circulaba en diversas cepas y seguía entrando por el aeropuerto que no tenían un adecuado sistema de bioseguridad. Cuando las autoridades se dieron cuenta de lo que pasaba ya era tarde y no tenían forma de evitarlo. La catástrofe vivida en Guayaquil es síntoma no solo de la inefectividad del gobierno y las autoridades locales, sino también del no saber lo que pasa porque en nuestra academia no tenemos una tradición de investigación en salud y menos en epidemiología.
Con el virus en casa se optó por el encierro como medida administrativa para evitar el contagio masivo y la saturación de los paupérrimos servicios de salud. 40 días después se anunció que retornaremos a la normalidad, pero a otra normalidad. ¿Qué ha pasado en este lapso?
La alcaldesa de Guayaquil, la derechista Cynthia Viteri, anunció que aproximadamente el 38% de la población guayaquileña se ha contagiado, el gobierno la desmintió; algo parecido dijo el alcalde de Quito, Jorge Yunda, pero pidió que se extienda la cuarentena hasta mediados de junio. Entonces el gobierno saca lo que parecería ser una as bajo la manga y delega a las alcaldías la decisión de retornar a la normalidad acorde a la situación de cada cantón. Se inventa además el semáforo: rojo no salgan, naranja salgan con restricciones y verde salgan todos.
Parecería un lavado de manos del gobierno central y frente a esta disposición, la totalidad de cantones expresaron su deseo de mantenerse en rojo; pero, a semana siguiente, el cantón Daule, limítrofe con Guayaquil y segundo cantón con más contagios en el país, anunció que dejará en libertad a sus habitantes para salir. ¿Cómo se entiende la decisión de las autoridades de Daule?
Es verdad que las cámaras de la producción están presionando para que se ponga punto final a la cuarentena porque sufren grandes pérdidas económicas, pero este no es el único motivo para terminar con la cuarentena.
Tanto Quito como Guayaquil han reducido la velocidad del contagio y sus hospitales están bajando sus niveles de saturación; entonces, es momento de recibir nuevos pacientes. Pero no solo Quito y Guayaquil se han preparado para los nuevos pacientes, lo han hecho también otros cantones adecuando coliseos, campamentos y centros de convenciones como hospitales de emergencia. Dicen que es para personas que se contagien y presenten síntomas leves. Si van a ir pacientes con síntomas leves ¿por qué se les ha equipado incluso con máquinas respiradoras y sistemas de oxígeno. Si el uso de estos sistemas es leve, ¿qué significa estar en situación grave?
La nueva fase de contagio iniciará con la salida de determinados grupos poblacionales. En Guayaquil se liberará al cantón vecino para que el flujo de pacientes no traiga de nuevo la situación que ya vivió. Guayaquil es demasiado grande como para liberarlo pronto. En Quito se iniciará con los trabajadores de la construcción para ver qué pasa con ellos y cómo se incrementa o no, la curva de contagio. Luego se irán incrementado los grupos, según se suponga que están mejor preparados para el contagio, no para no contagiarse.
En este plan se pasa por alto que el virus aprovecha determinadas condiciones genéticas, procesos de desnutrición y enfermedades preexistentes y no necesariamente la condición laboral o el rango de edad. Trabajadores que se mantienen con pan y gaseosa, o jóvenes que se sienten invulnerables no serán quienes den un indicador correcto para medir la nueva curva de contagios. El plan en el fondo es seguir administrando la velocidad de contagio a sabiendas de que el país no va a lograr contar con una vacuna en los próximos cuatro o cinco años; tenemos que alargar lo más posible el contagio y esperar que nuestro sistema de salud pueda responder.
Si no puede responder, ya se han anticipado en poner contenedores para los cadáveres a la salida de estos hospitales de emergencia construidos en el lapso que estuvimos en cuarentena. Las autoridades están dispuestas a pagar el costo con un número de muertes que no escandalicen, no por el alto número, sino porque no se mueran uno tras otro sin que se alcance a enterrarlos y sean comidilla de las redes sociales y los medios de comunicación.
Este será el costo de ser un país pobre y neoliberal, es decir, un país donde se cree que el Estado debe desaparecer y que incluso la gestión de la muerte debe ser privada.
*Coordinador Ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)