Actualizada, septiembre de 2020
Son cerca de las 18:30 del 17 de septiembre de 2014. Ángelo Ayol Barros, estudiante de cuarto curso de la sección vespertina del Instituto Nacional Mejía, se encuentra al interior de las aulas del colegio, ubicado en la calle Antonio Ante y Luis Vargas Torres, centro de Quito. Se escucha gritos y silbidos en los exteriores del centro educativo, por lo cual los profesores con el fin de precautelar la seguridad de los estudiantes esperan hasta más tarde y los hacen salir por la puerta de atrás, calle Venezuela y Matovelle, a las 19:00, aproximadamente. Ángelo sale del colegio acompañado por dos amigos por la calle Venezuela. Observan que la Matovelle está cerrada por miembros de la Policía Nacional y se dirigen a la calle Vargas y Ante.
Angelo, de 17 años, se despide de sus amigos en la calle Ante y Vargas y continúa solo por la calle Vargas. Acto seguido, observa que viene hacia él una embestida policial de efectivos a pie y a motocicletas. Ángelo siente miedo, se da media vuelta e intenta correr, pero siente un golpe que lo lleva al piso donde es atropellado por las motocicletas, golpeado y posteriormente aprehendido. Lo suben a la moto y lo sientan en medio de dos agentes policiales que lo golpean, uno con el casco por parle de adelante y el otro por la parte posterior.
Ángelo se desmaya y se despierta en el piso de un cuarto, solo, sangrando y esposado. Mucho después se enteraría que se encontraba en la Unidad de la Policía Comunitaria (UPC) de La Basílica, en el centro histórico de Quito. Ángelo al despertarse ve a dos policías que se habían sacado el casco. Al percatarse que Ángelo está despierto lo patean en la cara y cuello. Siente su saliva con tierra y un diente roto. Le lanzan gas pimienta y no puede ver más por algunas horas. Los policías se van, pero al poco tiempo lanzan a otro detenido en el mismo cuarto y los golpean a los dos. Ángelo ya no ve nada ni sabe por qué está detenido. Alguien le quita su celular. En el tiempo que se encuentra detenido ilegalmente en el UPC es amenazado, insultado y torturado.
Horas más tarde, ingresan a ocho personas detenidas junto a Ángelo. Él empieza a recuperar la visión y los empiezan a sacar de la UPC de uno en uno para subirlos a un patrullero. Los trasladaron a la Unidad de Delitos Flagrantes de la Fiscalía, en la avenida Patria y 9 de Octubre, de la ciudad de Quito. En ese lugar se encuentran otros detenidos y uno le ofrece un celular y Ángelo se comunica con su madre. Él estaba herido y lo llevaron ante el médico de flagrancias. El galeno al verlo señala que no puedo atenderlo por su estado y ordena su traslado a un hospital.
18 de septiembre de 2014 – Ingreso al hospital
A la 01:00, Ángelo es trasladado hacia el Hospital Eugenio Espejo donde el doctor determina un cuadro de traumatismo cráneo encefálico y politraumatismo, producto de los golpes recibidos en su detención. El parte médico se indica que por la cantidad de golpes y desgarraduras de su pantalón, sus múltiples traumas parecen ser de “un posible suceso de tránsito”. Además, se precisa que existen heridas profundas en la cabeza producto de los pinchazos del esferográfico que recibió cuando estaba detenida en la UPC.
25 de septiembre de 2014 – Presentación de la denuncia por tortura
Walter Ayol, padre de Angelo, presentó la denuncia por el supuesto delito de tortura cometido por miembros de la Policía Nacional. Los funcionarios públicos se negarona receptar la denuncia. El argumento: es un suceso de tránsito. Sin embargo, ante la insistencia de la familia y su defensa técnica la denuncia fue presentada.
17 de noviembre de 2016 – Fiscalía formula cargos por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio
La fiscal responsable de la investigación, Marlyn Calderón, formuló cargos en contra de los policías Freddy Fonseca y David Altamirano, dos de los siete policías, por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio público, tipificado en el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
17 de enero de 2017 – Reformulación de cargos por el delito de tortura
La defensa de Angelo Ayol solicitó la reformulación de cargos al nuevo fiscal por las inconsistencias presentadas en la investigación. Se pidió que se cambié el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio a tortura.
2 de febrero de 2017 – Reconstrucción de los hechos
La Fiscalía realizó la reconstrucción de los hechos en la afueras del colegio Mejía con el propósito de recrear los hechos sucedidos. Esta la diligencia se realizó tres años después de haberla solicitado.
10 de octubre de 2017 – Audiencia preparatoria de juicio
El fiscal del caso David Bermeo y la defensa de Ayol solicitaron al juez Giovanni Freire que llame a juicio a dos miembros de la Policía Nacional por el delito de tortura, Freddy Fonseca y David Altamirano.
23 de octubre de 2018 – Juez sobreseyó a los dos policías procesados
El Juez de la Unidad Penal Giovanny Freire sobreseyó a los policías Freddy Fonseca y David Altamirano. procesados por el delito de tortura cometido en contra del ex estudiante del Colegio Mejía, Ángelo Ayol.
15 de enero de 2018 – Audiencia de apelación
Se realizó la audiencia de apelación por el sobreseimiento de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio a dos policías acusados por el delito de tortura.
18 de enero de 2018 – Dos policías son llamados a juicio por tortura
La Corte Provincial de Pichincha presidida por María Guerra revocó el sobreseimiento a los dos policías y los llamó a juicio por el delito de tortura y omisión, respectivamente, cometido en contra de Angelo Ayol.
20 y 21 de junio de 2018 – Audiencia de juzgamiento
El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha instaló la audiencia de juzgamiento por los hechos de tortura.
2 de julio de 2018 – Dos policías son sentenciados por el delito de tortura
Por unanimidad, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha conformado por Milton Maroto Sánchez, María Suárez Tapia y Edmundo Samaniego Luna sentenció al subteniente de la Policía Nacional, David Altamirano como autor directo del delito de tortura con una pena de 10 años; y a Freddy Fonseca por el delito de tortura por omisión con una pena de 5 años de prisión.
10 de enero de 2019 – Audiencia de apelación
Ese mismo día, el subteniente David A., sentenciado por el delito de tortura con una pena de 10 años, informó que ingresó el día anterior un documento para cambiar la representación de su defensa y por ende, solicitó que se difiera la audiencia. La acción fue aceptada con el fin de garantizar el derecho a la defensa.
08 de febrero de 2019 – Segunda suspensión de audiencia
La Corte Provincial de Pichincha argumentó la suspensión de la audiencia de apelación porque la sala no notificó a la defensa de David A. para que asista a la audiencia. Tanto para la defensa de la familia Ayol como para la defensa de Freddy F. y para el fiscal del caso David Bermeo la falta de notificación a la defensa del subteniente de la Policía en funciones fue una sorpresa.
15 de abril de 2019 – Corte Provincial ratifica la sentencia
El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia decidió ratificar la sentencia emitida del 25 de septiembre de 2018 donde se declara culpable a los dos oficiales. Sin embargo, no dio lugar a la apelación, tanto de la familia Ayol como la de la contraparte.
Actualmente, el caso se encuentra en la fase de casación en la Corte Nacional de Justicia