Frente a los hechos acontecidos entre el 3 al 12 de octubre de 2019 que mantuvo en vilo a la institucionalidad del país, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, manifiesta lo siguiente:
Saludamos la disposición del gobierno y del movimiento indígena de dialogar; sin embargo, instamos a que este diálogo se mantenga bajo los parámetros de buena fe, con representantes calificados y se aborden diversas alternativas para que el país pueda desarrollarse en el marco de un estado plurinacional e intercultural. Esperamos que los derechos defendidos en la calle, no se los pierda en una mesa de negociaciones.
Rechazamos rotundamente los actos de represión desproporcionada por parte de policías y militares, quienes son funcionarios capacitados, investidos del monopolio de la fuerza, que deberían usarla dentro del marco de uso progresivo y proporcional de la misma, garantizado tanto en el derecho interno como internacional.
También rechazamos la violencia de ciudadanos que utilizaron la conmoción social para cometer delitos, actos vandálicos y sobretodo, afectar la integridad física de otras personas, incluyendo funcionarios de la fuerza pública. Como INREDH, objetamos las violaciones de derechos humanos cualquiera que sea su origen. Además, las agresiones de la fuerza pública y de particulares no sólo recayeron sobre las personas que se encontraban en los espacios públicos, ejerciendo el derecho a la protesta social, sino también sobre aquellas personas que decidieron colaborar desde un enfoque más humanitario, ejemplo de ello, son los ataques contra socorristas, paramédicos, médicos, personas voluntarias que brindaron apoyo emocional y económico a quienes se encontraban en albergues y hospitales. También las defensas legales y activistas de organizaciones de derechos humanos fueron impedidas, a través del uso de la fuerza pública, de ejercer sus labores.
Expresamos además nuestra preocupación por las agresiones ocurridas en contra de periodistas y comunicadores que realizaron la cobertura del paro nacional, tanto de medios privados, como comunitarios. Alertamos que este clima de violencia contra los trabajadores de la comunicación aún se mantiene en las coberturas diarias por lo que instamos a la sociedad en general a respetar la libertad de expresión de cada medio, aun cuando no estemos de acuerdo con línea editorial; y al Estado ecuatoriano, en particular, a garantizar las condiciones para el libre ejercicio del periodismo.
Exigimos a la Fiscalía General del Estado inicie las investigaciones correspondientes para sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública, al igual que los actos de particulares que intentaron distorsionar la legitimidad de una protesta social; estos actos deben ser investigados y sancionados, recordando que se debe individualizar la responsabilidad penal y no se puede juzgar a un colectivo en general.
Cabe recalcar que el artículo 11, numeral 9 de la Constitución ecuatoriana señala como más alto deber del Estado el respetar y hacer respetar los derechos de las y los habitantes del Ecuador. Asimismo, como lo señalan los pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una vez que el Estado conoce sobre vulneraciones de derechos cometidas por sus agentes, tiene la obligación de cumplir con la debida diligencia para determinar responsabilidades, y de ser el caso, sancionar a los responsables de estas vulneraciones. En tal sentido, como organización de derechos humanos consideramos que las declaraciones, acciones y omisiones de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, atentan contra este principio básico por las razones expuestas a continuación:
Ambas autoridades, en el marco del paro nacional, el cual se desarrolló desde el día 3 hasta el 12 de octubre del presente año, ejecutaron y tomaron decisiones sobre las fuerzas a su cargo, que les pone en directo compromiso sobre su deber como autoridades estatales sobre el respeto de derechos fundamentales.
Existieron detenciones en lugares no autorizados para hacerlo como fueron las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate “Mayor Galo E. Miño Jarrín” ubicado en Pusuquí. Esto demuestra un atentado contra las garantías del debido proceso contenidas en la Constitución y tratados internacionales.
De igual manera, existió represión de forma violenta a la resistencia pacífica que fue realizada el día viernes 11 de octubre, a horas de la tarde, en las afueras de la Asamblea Nacional. En este último ejemplo, se encontraban varias personas, entre ellas, mujeres con niños y niñas en brazos y mujeres embarazadas, cuando las fuerzas públicas de control decidieron lanzar un ataque disuasivo con bombas lacrimógenas, las cuales fueron explotadas a ambos lados de la concentración, con el claro fin de emboscarlos, amedrentarlas y reprimirlas. Esta represión también pudo notarse con varias de las agresiones y el uso excesivo de la fuerza al realizar arrestos sumamente violentos en el que las y los detenidos recibían maltrato físico y psicológico una vez ya sometidos, así como al atacar a civiles que irrespetaron el toque de queda.
Otros actos que pusieron en claro riesgo la integridad de las personas fueron los ocurridos en las zonas de ayuda humanitaria que se levantaron en las Universidades Salesiana y Universidad Católica, en la ciudad de Quito. La noche del día 9 de octubre ocurrieron ataques con bombas lacrimógenas en los recintos de ambas instituciones de educación. La respuesta de la Ministra de Gobierno fue emitir una disculpa pública y señalar que una situación así no sucederá nuevamente. Sin embargo, consideramos necesario en este caso, así como en los arriba señalados, se garantice el cumplimiento del deber de debida diligencia estatal, lo cual conlleva realizar la investigación, el juzgamiento y la sanción de los responsables de estos actos en la vía pertinentes, tal como lo disponen los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Nos preocupa que las declaraciones públicas, así como los comunicados que emitió el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, claramente se nota una intención de responsabilizar a las personas manifestantes sobre cualquier uso excesivo de la fuerza que pueda perpetrar los agentes militares. Un ejemplo de ello se puede mostrar en el Comunicado 2019-09-10-CCFFAA-DIR C.S. de fecha 9 de octubre, en el que textualmente se indica que las Fuerzas Armadas actuarán en cumplimiento de las normas y procedimientos legales, y que “deslindan todo tipo de responsabilidad en el cumplimiento de su deber, y las consecuencias que se originen serán de responsabilidad exclusiva de los actores que han generado esta convulsión social” (el resaltado pertenece al original). Este comunicado se compagina con las declaraciones que emitió el Ministro de Defensa en cadena nacional el día domingo 6 de octubre, en la cual indicó que las Fuerzas Armadas no deben recibir provocaciones y que están en su legítimo derecho a la defensa.
Para finalizar, loamos el trabajo realizado por todos aquellos que extendieron su mano, para que, en medio del caos en esos 12 días, se mantengan condiciones humanas dignas. Enaltecemos a todo el voluntariado que sostuvo y vigiló los lugares de aco
gida, al personal de salud, médicos, paramédicos, enfermeras, auxiliares, que, en conjunto con estudiantes, socorrieron y dieron primeros auxilios a los heridos. Todo el personal de logística que intervino, de todas las profesiones, se merecen el digno reconocimiento de la sociedad ecuatoriana al que nos sumamos; ya que demostraron valentía al exponerse a sí mismos en favor de su compatriota.
Esperamos que, de hoy en adelante, se mantenga el espíritu de diálogo y que, para próximas medidas a tomarse por aporte del gobierno, estas sean consensuadas previamente con todos los sectores sociales, en especial, con los sectores más vulnerables de la población.
Quito, 18 de octubre de 2019
Mónica Vera Puebla
Presidenta INREDH