Hoy, miércoles 3 de octubre del 2018, tuvo lugar la audiencia temática sobre la “Situación de las personas desaparecidas y el derecho a la verdad y justicia”, en el marco del 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que inició a las 11h40 (hora local), en el Salón Wittemyer Courtroom, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado, en la ciudad de Boulder. (Resumen ejecutivo del Informe)
La audiencia inició con la intervención de los peticionarios. Mario Melo, director del Centro de Derecho de la Universidad Católica, expuso el orden de intervención de la audiencia y presentó un video de dos minutos que recoge testimonios de los familiares y amigos de personas desaparecidas.
Mientras que Gabriela Flores, abogada de Inredh, se refirió a los problemas sistemáticos que enfrenta el Ecuador en materia de personas desaparecidas como la inconsistencia de las cifras entre instituciones; la falta de una norma jurídica que norme los procedimientos en caso de existir una desaparición involuntaria, así como los actos que re-victimizan a los familiares de personas desaparecidas en los procesos de investigación. Tal es el caso de David Romo, proceso en el cual recrearon la posible muerte de David frente a su madre para explicar la teoría del caso que Fiscalía utilizó para iniciar un proceso penal contra dos presuntos involucrados en la desaparición del joven.
En seguida tomó la palabra Josué Valenzuela, abogado del Centro de Derechos de la Universidad Católica, para exponer antes los comisionados los casos de personas que desaparecieron dentro de un hospital público. Valenzuela se refirió específicamente a los casos de Luis Guachalá y Álvaro Nazareno, personas que fueron en busca de asistencia del Estado en materia de salud y este respondió con la vulneración y desaparición de los mismos.
También participó Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde desaparecida el 7 de julio de 2012 y representante de Asfadec, que informó a los comisionados las peticiones que ha hecho desde Asfadec como la sistematización y coordinación institucional para levantar una base de datos en hospitales, morgues y cadáveres NN. En el marco de la lucha de la organización, Rodríguez señaló que el Estado ecuatoriano los tilda de desocupados y politiqueros.
Además, enfatizó que el proceso de investigación sobre el paradero de su hija Juliana han pasado 12 fiscales, pese a que se presentó documentación argumentada y suficientes pruebas indiciarias que señalan la culpabilidad de los pastores de la iglesia cristiana evangélica en la desaparición de Juliana. Después de 6 años y tras el cambio de fiscal especializada en género se logró la orden de prisión preventiva de uno de los pastores; sin embargo, todavía no se ha obtenido información de dónde está mi hija, concluyó Elizabeth.
Yanera Constante fue la siguiente en participar, ella explicó que en el caso de su hija Giovanna Pérez, joven desaparecida en Ambato en el año 2010, la Fiscalía citó 2 veces al presunto implicado de la desaparición de Giovanna, al segundo llamado Andrés L. fue reportado como desaparecido. También se refirió a la respuesta del fiscal Edison Villegas quien basa el caso en hipótesis atravesadas de estereotipos. Por ejemplo, dice que Giovanna huyó con Andrés y no es necesario buscarla porque ella era mayor de edad.
Finalmente, intervino Daniel Vejar, abogado de Inredh, resaltando la importancia de la reparación en los casos de personas desaparecidas y de la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad por la falta de diligencia debida en las investigaciones. Véjar, finalizó con el petitorio de la delegación solicitando que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de investigación y sanción en casos de desaparición de personas, conforme a los estándares establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales ratificados por el Estado Ecuatoriano con el fin de combatir efectivamente la impunidad que prima en estos casos.
Además, de proveer, asistencia y atención psicosocial para los familiares de personas desaparecidas en los procesos de búsqueda e investigación; así como evitar prácticas indolentes y revictimizantes a lo largo de los mismos.
Respuesta del Estado
El Estado ecuatoriano representado por María Fernanda Álvarez, directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado; Diego Tipán, del Ministerio del Interior; Wilson Toainga, de la Fiscalía General del Estado; y Carlos Espín, de Procuraduría, presentaron las acciones adoptadas para resolver los casos de personas desaparecidas en Ecuador.
La primea en participar fue la directora de Derechos Humanos de Procuraduría, quien saludo a los comisionados y a los peticionarios y puso a disposición el Estado ecuatoriano de los familiares de personas desaparecidas.
Diego Tipán, representante del Ministerio del Interior, se refirió como Fiscalía y la Policía Nacional han colaborado y han sumado esfuerzos para crear la página www.desaparecidos.gob.ec donde se encuentra la información digitalizada y completa de personas desaparecidas. También se refirió al resultado cuantitativo que arroja esta página que contiene 47. 344 denuncias, de ella el 93% son desapariciones voluntarias y 44% corresponden a casos de mujeres desaparecidas.
A su vez, Wilson Toainga, dijo que el Estado tiene fiscalías especializadas en casos de desaparición en las provincias de Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos, Manabí y Azuay. Estas fiscalías son atendidas por fiscales multicompetentes y una vez que el fiscal avoca conocimiento del caso inicia la investigación.
Posteriormente, Tipán se dirigió a los comisionados y presentó las acciones de prevención de personas desaparecidas, entre ellas está la implementación de la alerta “Emilia” que busca frenar los casos de desaparición de los grupos vulnerables como los niños y niñas.
Respuesta de los Comisionados
Luego de la participación de los representantes del Estado, Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la Audiencia temática, tomó la palabra para preguntar a los representantes del Estado acerca de la norma aplicable para los casos de desaparición, ya que estos son tratados como actos administrativos o si son considerados un delito. También preguntó sobre la construcción del proyecto de ley, cuáles es la propuesta del Estado o si existe un protocolo o un ordenamiento jurídico que obligue una investigación. Lastimosamente, los representantes del Estado no respondieron ninguna de estas inquietudes.
Por su parte, el comisionado Luis Ernesto Vargas también presentó varios cuestionamientos, uno de ellos orientado a la función de la
página web, ya que este sistema debe responder por los casos particulares, exigió al Estado ecuatoriano brindar una respuesta a los familiares de personas desaparecidas, ya que ellas (Elizabeth, Yanera y Jazmín Montenegro, hermana de Michelle) no vinieron en vano para participar en la audiencia temática.
En seguida tomo la palabra el comisionado Joel Hernández, quien manifestó su empatía y alzo votos para que los familiares de personas desaparecidas puedan encontrar a sus seres queridos, además preguntó si existe algún mecanismo de cooperación internacional que permita encontrar personas desaparecidas en el exterior, el Estado ecuatoriano aseguró que se tiene un convenio con México para mejorar el accionar en el marco de migrantes desaparecidos.
La comisionada Antonia Urrejola se mostró muy preocupada por las cifras que presentó el Estado ecuatoriano, enfatizó sobre la idea que no consigue comprender por qué existen cifras tan altas, considero que posiblemente existan patrones a investigar sobre esta problemática. También increpó al Estado, sobre qué acciones ha tomado para dar estabilidad a la investigación de los casos y sobre todo entender por qué hay personas desaparecidas dentro de hospitales públicos. El Estado ecuatoriano tampoco respondió a estas inquietudes. Al final intervino el relator Edison Lanza, que se sumó a las inquietudes de sus colegas.
Conclusión de peticionarios
Con la intervención de los comisionados, Arosemena otorgó cinco minutos más a cada delegación para la réplica y dúplica. Daniel Véjar fue el primero en intervenir y señaló que desde sociedad no se desconocen los esfuerzos del Estado, no obstante, existen todavía problemas con algunos de ellos. Insistió, además, que ninguno de los esfuerzos realizados hoy por el Estado reparan en modo alguno lo que los familiares han vivido hasta la fecha. Mario Melo, director del CDH, explicó que el Estado no respondió oportunamente a los casos de Luis Guáchala y Álvaro Nazareno e insistió al Estado que debe hacer algo para que estos casos no se repitan.
José Valenzuela, del CDH, precisó que los funcionarios no han recibido una capacitación adecuada, ya que ellos menoscaban y re-victimizan la integridad de los familiares de personas desaparecidas, en este mismo marco Gabriela Flores agregó que la formación de los fiscales es ineficiente, ya que en la práctica las personas encargadas de estos casos no son capacitadas, más bien son asignados de acuerdo a la carga procesal.
Conclusión del Estado
En la réplica del Estado, Diego Tipán aseguró que una gran parte de las desapariciones voluntarias son producto de las malas calificaciones al cierre del año escolar. Toainga defendió el tratamiento de los casos de desaparecidos como un acto administrativo, ya que asegura que no existe una jerarquización de los procesos y que una vez investigados estos casos se pueden remitir a las fiscalías especializadas de acuerdo al delito cometido.
Finalmente, Esmeralda Arosemena de Troitiño expresó su solidaridad y apoyo a los familiares de personas desaparecidas, extendió su admiración por participar en la audiencia y testimoniar su angustia, impotencia y demanda de búsqueda y justicia. Exhortó al Estado ecuatoriano a comprometerse en dar un seguimiento a los casos de personas desaparecidas para buscar soluciones reales y eficientes.
La audiencia fue solicitada por la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica del Ecuador (CDH), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Alexandra Córdova -madre de David Romo, desaparecido el 16 de mayo de 2013; y María Fernanda Restrepo -hermana de Santiago y Andrés Restrepo, desaparecidos el 8 de enero de 1988.
En Ecuador…
Cinco panelistas analizaron la audiencia en el auditorio Julio Tobar Donoso, de la Universidad Católica. Entre ellos, Harold Burbano, director titular de la Defensoría del Pueblo. El jurista dijo que existe un problema estructural en el Estado para atender los casos de personas desaparecidas, entre ellos está la falta de normativa y especialización de los agentes fiscales y policiales. También cuestionó la intervención del representante del Ministerio del Interior que señaló que la desaparición de los jóvenes ocurre por problemás académicos al final del año escolar. Para Burnano los estereotipos y estigmatización de la víctima obstaculiza el proceso de investiagación y coloca la culpa en ella.
Para Maribel Angulo, madre de Álvaro Nazareno desaparecido en 2011 en el hospital Eugenio Espejo, la intervención del Estado en la audiencia temática le deja mucho dolor porque el Estado no reconoce que no está capacitado, más bien dice públicamente que la gente se va por su propia voluntad. También muestra su indiganción al ver que el Estado no respondió a los comisionados por qué las personas pueden desaparecer dentro de una casa de salud pública.
Por su parte, Mónica Vera, presidenta de Inredh, dijo que los 130 agentes que señala el Ministerio del Interior no es suficiente cuando se registra 1577 personas desaparecidas.
Mirar aquí: Panel «Los desaparecidos de Ecuador ¿dónde están?
