El derecho a la resistencia no solo es derecho a la protesta.

Un descontento generalizado se expande. Frases como “prohibido olvidar”, “los tirapiedras” o “los mismos de siempre” -y algunos otros quizá mucho más prepotentes- han dejado de tener efecto disuasivo y la gente sale a las calles a demostrar su descontento y no parece tener ánimos de detenerse.

Y esto no ocurre solo en la capital: Galápagos se encuentra en paro permanente, Cuenca y Guayaquil organizan sus propias convocatorias mientras que el partido oficialista pregona la reflexión y el diálogo con campañas publicitarias y enlaces presidenciales… y a su vez obliga a servidores públicos a participar de una supuesta contramarcha intentando convencerse a sí mismo de que aún “somos más”, y cuando eso falla siempre tiene a la mano la caballería policial para acabar con la conspiración de la que está seguro que es víctima.

Lo curioso, aunque quizá no para asombrarse demasiado, es que en la práctica no ha ocurrido nada.

Las protestas continúan, al igual que el discurso oficialista: los unos gritan a todo pulmón “Fuera Correa Fuera” algunos con banderas negras en mano y otros, también hay que decirlo, hasta con botella en mano, ya que ir a la protesta ahora también es un muy buen plan de jueves o viernes por la tarde; por su parte, el Presidente continua gastando cada vez más presupuesto en nuevas campañas publicitarias, discursos presidenciales y ahora incluso en entrenamientos a militares y policías para saber reprimir manifestaciones, eso sí, de forma “pacífica y profesional” (¿recién?), como lo asegura el Ministro del Interior.

La caída del petróleo, la sobre evaluación del dólar y la falta de política monetaria; a más de proyectos mineros en Tundayme o Íntag, la explotación del Yasuní, los préstamos de China, las salvaguardas temporales, la eliminación del aporte estatal al IESS, la limitación de utilidades en algunos sectores, y el gran proyecto hotelero (que amenaza a un ecosistema megadiverso, único y muy frágil) en la región insular son síntomas de prevención de un desequilibrio económico -por decir lo menos-… ¿o acaso estas medidas también se hicieron para redistribuir la riqueza?

Y finalmente, las tan cuestionadas ley de herencias y el impuesto a las plusvalía, que por más que quiera negar la derecha, solo afecta al bolsillo de las colosales dinastías multimillonarias que siempre han controlado el país, pero que han logrado posicionarlas como leyes que romperán el patrimonio familiar. Ahora, que afecte a la inversión extranjera y al desarrollo, es un debate distinto… pero es un debate que hay que hacerlo.

Pero detrás de tanta manifestación, ¿dónde está el cambio? Las pancartas de la oposición rezan “Fuera, Correa, fuera!”, pero el problema quizá vaya mucho más allá que sacar al Presidente de su trono, práctica en la que nos hemos venido especializando por cierto, pues hay que considerar que si hemos llegado al “extremo” con las famosas -y malentendidas- ley de herencias e impuesto a la plusvalía, es porque de cierta manera, el pueblo, el mismo que tanto protesta ahora, lo ha venido permitiendo, pues las leyes que de verdad afectan al pueblo llano se las pasaron sin el menor atisbo de protesta… ¿será porque esas leyes si convenían también a las oligarquías pasadas y actuales?

¿Por qué no hubo una respuesta así de masiva frente a las esas convocatorias en redes sociales cuando se aprobó la explotación del Yasuní? ¿Qué hacía el pueblo cuando entro en vigencia la “ley mordaza” (como le conocen en ámbito internacionales a nuestra Ley Orgánica de Comunicación), la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, la Ley de Justicia Social, y se dio paso las pendientes reformas constitucionales regresivas de derechos humanos? (Por cierto, la reelección indefinida es el menor de los problemas frente a la minimización de la acción de protección, la apropiación de los saberes ancestrales indígenas y permitir el uso de militares para asegurar el orden interno); ¿Por qué no se hizo bulla ante la campaña política utilizada para llevar a Patricio Pazmiño a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué no se acompaña a las protestas cuando se exige justicia para los desaparecidos en el Ecuador o frente a los asesinatos de defensores de Derechos Humanos como José Tendetza?; o incluso, a un nivel mucho más mediático, ¿por qué no se protestó cuando “Bonil” y “Crudo Ecuador” fueron sancionados por su humor? En estos casos la protesta fue débil, demasiado débil.

Simple. Porque ninguna de estas prácticas atentó contra el bolsillo del “pueblo”, como ahora pregona la derecha, y ciegamente fuimos aceptando, quizá incluso con desinterés, que se vayan permitiendo todas estas políticas, y peor aún, olvidando que se da en un Estado como el Ecuador, que se pavonea de ser “constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.”

Y cuidado, en modo alguno con esto queremos minimizar el derecho a la resistencia, a la protesta, a exigir al gobierno de turno la reivindicación de derechos cuando este pretende impulsar o promover una política/ley en menoscabo de los derechos de los ciudadanos, y aún más grave en un Estado Constitucional que. Como dijimos, se pavonea de su autodefinición en la Constitución.

Revisemos lo que es este tan místico “derecho a la resistencia” que consagra la Constitución en su artículo 98, que los abogados dicen que es de prima facie, es decir, de mayor jerarquía, porque se encuentra en el Capítulo Primero (Participación en democracia), Sección Segunda (Organización Colectiva) del Título IV de la Constitución (Participación y Organización del Poder).

El derecho a la resistencia es un derecho de participación ciudadana; en principio, un sistema democrático y esencialmente participativo descansa en la existencia de mecanismos de participación ciudadana, o al menos teóricamente -porque la represión de las manifestaciones tiene un historial propio de violencia y sistemas dictatoriales-.

La participación ciudadana es considerada como uno de los elementos importantes en la democracia y que permiten la realización de la gobernabilidad y en su nivel más óptimo puede ser entendida como un proceso que busca la transformación de las relaciones de poder, con la intención de que se produzca un incremento y redistribución de las oportunidades de los actores sociales en los procesos de toma de decisiones.”^[1]

Luego, el texto Constitucional reza lo siguiente: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”

Y surge ahí la pregunta: ¿qué derechos constitucionales, principios fundamentales vulnerados se intenta reivindicar con la protesta?

Con estas inquietudes tampoco estamos apegándonos a la publicidad oficial que menosprecia la protesta; no apoyamos -ni apoyaremos- sus prácticas regresivas de derechos. Sin embargo, sí queremos recordar que en todas las manifestaciones anteriores, en justo derecho, se buscaba un fin: evitar la expedición de una ley, proponer una inconstitucionalidad, exigir la modificación de una política, exigir un dialogo con autoridades, entre otras cosas; y finalmente se enfiló por la destitución de los gobernantes.

Si se sigue gritando “fuera Correa, fuera”, ¿estamos afirmando que una vía a la estabilización democrática y política es un cambio de Gobierno? Si es así, no vemos a la oposición dispuesta a proponer un candidato o una alternativa al Presidente Correa. Que el pueblo derribe al gobierno y luego “ahí verán quien gobierna, yo solo marchaba no más” fue la tónica de las anteriores defenestraciones y el pueblo nunca sacó nada bueno para él mismo: nunca existió unidad al momento de proponer un reemplazo y fueron los gallinazos los que salieron favorecidos con la carroña.

Si bien hay un gran descontento generalizado, no todos los manifestantes son afines a Lasso, Carrasco o Nebot, e incluso, habrán quienes marchen con fines puramente individuales y -lastimosamente- hasta recreacionales. ¿A eso llamamos derecho a la resistencia?

A saber, la resistencia no solo es un “(…) derecho que refuerza las tensiones democráticas de los poderes públicos y la sociedad, sino [es] una garantía previsible para afrontar los cauces que organicen esas tensiones.(…) es un derecho proclive a convertirse en garantía, por su dimensión extensiva de aplicación, para antes o durante el quebrantamiento de un derecho, […] el mismo modelo constitucional contempla un republicanismo signado por la implicación y movilización ciudadana constante para la prevalencia de los derechos[…].

De lo anterior, se desprende que las resistencias se activan no exclusivamente para la defensa de las libertades y principios fundamentales, sino de la vigencia constitucional y el régimen democrático.^[2]

Si la oposición pretende reivindicar derechos, defender libertades y exigir justicia, aplaudimos y apoyamos esa defensa, pero como se dijo, lamentablemente, esa porción verdaderamente consciente ya no es un todo dentro de la gran convocatoria. La oposición está muy unificada bajo el estandarte de “Fuera Correa” -al igual que Estados Unidos y Rusia contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial- pero a la hora de resolver problemas, de reivindicar derechos y asumir roles, no existe una propuesta sólida y concreta, y de hecho, quizá incluso ni siquiera la haya. Por ejemplo, habrá que preguntarle al señor Lasso qué piensa de la plurinacionalidal; o preguntarle al señor Jaime Nebot (Alcalde de Guayaquil) que piensa sobre el modelo extractivista y el modelo unidireccional de desarrollo que ha montado Correa.

Todos exigen un cambio, no muchos podrán hacerlo, y aún menos estarán dispuestos a liderarlo; pero necesitamos dar cuerpo a ese cambio: ¿cambiamos para dónde?

Nosotros también creemos en la necesidad de un cambio, pero lanzarnos a las calles con el solo de la protesta por cansancio o engañados, o con el único fin desestabilizar a un gobierno, como nos hemos venido especializando en los últimos 20 años, no conduce a nada y ya deberíamos tener la suficiente experiencia que ello solo conlleva a dar el poder a un grupo minúsculo de oligarcas que solo vela por el interés propio y tiene la capacidad de pescara a río revuelto, en vez de velar por los derechos del “pueblo soberano” -como presumimos-, y de aquellas minorías que no obtienen ni han obtenido justicia.

Si se protesta, si se convoca, que tenga un fin claro, que sea una protesta de una población unida y consciente dirigida a reivindicar derechos y rechazar abusos de poder, y no solo salir como carne de cañón para defender a una porción egoísta de la sociedad.

Segio De Zubiria, “El debate sobre la democracia en las izquierdas latinoamericanas, en Rodolfo Arango (editor), “Filosofia de la democracia”, Siglo del Hombre Editores – Universidad de los Andes, Bogotá, 2007, pp 445 y 446 citados en “los nuevos horizontes de la participación” Juan Pablo Morales Viteri pp 158

http://www.rebelion.org/docs/168915.pdf