El Ecuador, por mucho tiempo, fue caracterizado por ser un país pacífico con una mirada que conducía siempre a la no violencia, pero ¿qué ha pasado en los últimos años?
Existen varias teorías o especulaciones, en diálogos interpersonales, en las que se menciona que el Estado Ecuatoriano está cooptado por organizaciones narcotraficantes desde el mandato presidencial del Economista Rafael Correa. Otras teorías sugieren que esto empezó desde los gobiernos de Lenin Moreno, Guillermo Lasso e incluso desde Daniel Noboa. Sin embargo, la realidad es que por administraciones inadecuadas el país pasó a ser uno de los más violentos de la región latinoamericana con presencia consecutiva de asaltos, secuestros extorsivos, vacunas1, muertes violentas, atentados y desapariciones de periodistas, entre otras; todo esto realizado por grupos de delincuencia organizada.
Según datos establecidos por varias investigaciones, desde el 2018 las cifras de muertes violentas en el Ecuador empezaron a aumentar exponencialmente. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) registró 5,78 muertes por cada 100 000 habitantes a nivel mundial para el año 2018, mientras la estadística del país fue de 5,81, dato que superó el promedio de la Unodc (González, 2020).
Con la finalidad de reducir estas cifras y situaciones que mantenían a la población ecuatoriana en alarma, durante el mandato del expresidente Guillermo Lasso se establecieron consecutivamente estados de excepción y puntos de militarización en provincias que indicaban mayor violencia en el país, estas fueron: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Lo Ríos y El Oro (Reyes, 2022). Si bien, la intención era correcta, el proceso de militarización de estos sectores no fue suficiente, pues para los años 2022 y 2023 Ecuador ya fue considerado a escala mundial como uno de los países más violentos de América Latina.
Por lo cual, una de las propuestas que el actual presidente Daniel Noboa utilizó para su candidatura fue implementar el “Plan Fénix”, cuyo principal objetivo era combatir el crimen organizado y desvincular al Estado del narcotráfico. Esta iniciativa implicó el suministro en uniformes antibalas, armamento, uso de drones, etc., para las fuerzas policiales y militares. Al asumir la Presidencia de la República, Noboa declaró “conflicto armado interno”, mediante el Decreto Ejecutivo 111, que ordenaba la movilización inmediata de las fuerzas armadas en el territorio nacional y la intervención necesaria para garantizar la soberanía y seguridad del pueblo ecuatoriano. Este decreto confiere legitimidad y resguardo a las acciones de los policías y militares, siempre que dichas acciones se lleven a cabo en conformidad con el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos.
La legitimidad otorgada fue puesta a prueba cuando miembros de las fuerzas de seguridad subían videos a las distintas redes sociales, en los que se veía claramente actos que humillaban y vejaban la integridad de los supuestos delincuentes. Además, se logró identificar un tipo de sectorización de la pobreza, pues los medios de comunicación registraban videos de violencia en operativos y detenciones en zonas empobrecidas, mientras en zonas más residenciales y acomodadas el trato era diferente. Estas acciones incitan mucho a cuestionarse, ¿de quiénes fueron respetados los derechos humanos?
En función de lo anterior, es imperativo subrayar que en el Ecuador existe un problema sistemático en el que se asignan recursos para el proceso de militarización y equipamiento de las fuerzas armadas, mientras los servicios básicos en ciertas zonas empobrecidas, como Esmeraldas, continúan siendo descuidadas. Si bien, no se puede subestimar la importancia de la seguridad ciudadana, ¿quiénes atienden aquellas zonas que carecen de acceso a servicios esenciales como agua potable, educación, salud y vivienda? La invisibilización del problema que se deriva de la ausencia de estos servicios y derechos fundamentales para una vida digna, también juega un papel importante en la proliferación de las organizaciones delictivas para las personas que residen en estas en zonas, dado que, las ganancias financieras derivadas de la participación de este tipo de organizaciones se consideran ventajosas, debido al poco interés del gobierno para que estas zonas logren salir de la pobreza. En consecuencia, es esencial volver a evaluar si el aumento de la presencia militar en territorios específicos constituye la estrategia más eficaz, especialmente cuando en el mes de diciembre del 2024, a casi un año de la militarización, se presentan aún actividades delictivas como vacunas en distintas partes de país.
Por otro lado, el estado de excepción permanente en territorios donde habitan mayoritariamente personas afroecuatorianas representa una situación de vulnerabilidad para este pueblo, tanto en manos del gobierno como del crimen organizado. Mientras el aparataje estatal reprende a esta población, basándose en prejuicios raciales que terminan en expresiones de perfilamiento racial, las organizaciones delictivas los instrumentalizan con fines de lucro. Achille Mbembe (2016) resalta que el estado de excepción permanente en estos territorios es una forma institucionalizada en contextos postcoloniales, lo que significa que, las personas afroecuatorianas a menudo viven en un estado donde sus derechos son ignorados y violados sistemáticamente. Las manifestaciones comunes en las que se identifica esta vulneración son a través de: la violencia policial, discriminación racial, exclusión social y falta de acceso a servicios básicos. La declaración del estado de emergencia en estos territorios emplea predominantemente discursos que presentan a la población afroecuatoriana como una amenaza social, lo que, legitima la violencia y represión policial. En este contexto, se transforma en un aparato de control que sostiene las disparidades y la deshumanización de las personas negras.
Entonces, ¿qué cuerpos están pagando el costo de la guerra interna en el Ecuador? Cuando esta se maneja bajo estructuras postcoloniales que legitiman la represión y violencia policial, pero a su vez elige ignorar problemáticas que contribuyen al aumento del crimen organizado.
Referencias
Briceño, L. (2022, septiembre 15). Te explicamos el cobro de “vacunas” extorsivas en Ecuador. GK. https://gk.city/2022/09/15/cobro-vacunas-extorsivas-ecuador/
González, M. (2020). Nueve poblaciones concentran la mayor cantidad de muertes violentas. Primicias. https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/nueve-poblaciones-concentran-muertes-violentas/
Mbembe, A. (2016). Crítica de la razón negra. Futuro Anterior Ediciones y Nuevos Emprendimientos Editoriales, S. L
Reyes, J. (2022). Estas son las cinco provincias con más muertes violentas en lo que va del 2022. Seguridad | Noticias | el Universo. https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/estas-son-las-cinco-provincias-con-mas-muertes-violentas-en-lo-que-va-del-2022-nota/
Cindy Anabel Arroyo Nazareno
Voluntaria del área de Fortalecimiento
Mujer negra, afroecuatoriana. Activista antirracista y afromeminista. Investigadora en el área socia (actualmente asistente de investigación en FLACSO) Miembro del Colectivo Mujeres de Asfalto. Miembro del grupo Addis Abeba Creadora de contenido de Dear Black People (@dbp_ca) y Miradas Negras (@negrasmiradas). Docente de química y biología. Voluntaria en el área de Fortalecimiento en la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)