ENCUENTRO LATINOAMERICANO
DEFENSORES/AS DE LA NATURALEZA FRENTE A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Quito, jueves 2 de Julio del 2009
Delegados de: Chile, México, Bolivia, Guatemala, Argentina, Honduras, Perú, El Salvador, Brasil, Colombia y Ecuador.
Cecilia Chérrez (Acción Ecológica/Red de Ecologistas Populares)
Este encuentro surge ante la necesidad de:
– compartir experiencias y testimonios de comunidades y personas criminalizadas, defensores de territorios, valores comunitarios y la vida
– establecer las bases para trabajar conjuntamente frente a la criminalización de la protesta a través de denunciar lo que está pasando y proteger los derechos de las defensoras y los defensores de la naturaleza
1. INTRODUCCIÓN
Dr. Raúl Moscoso – Ecuador
Para entender la actitud contradictoria de quienes hoy nos gobiernan conviene detectar dos hechos decidores, el decreto de amnistía proferido por la Asamblea Nacional Constituyente, y las declaraciones del presidente Rafael Corea hechas el 4 de diciembre del 2007.
El 14 de marzo del 2008 la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la resolución de amnistía a los favor de los defensores de los derechos de las personas, las comunidades y la naturaleza, que han sido criminalizados por el delito de ejercer el derecho humano de resistencia, en contra de las actividades extractivas.
El otro hecho, son los acontecimientos ocurrido en la provincia amazónica de Orellana, parroquia Dayuma, durante el paro petrolero, el presidente Rafael Correa, el 4 de diciembre del 2007, dice lo siguiente: “los ecologistas son extorsionadores, las comunidades no son las que protestan sino un grupo de terroristas, los ambientalistas románticos y los ecologistas infantiles son los que quieren desestabilizar el gobierno.” “Se acabó el anarquismo, todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista, no se dejen engañar, el gobierno está investigando quien está detrás de todo esto, el gobierno no dejará que se detengan las explotaciones petroleras y mineras, porque esos millones permitirán sacar al país del subdesarrollo, para construir escuelas y hospitales, es más inmoral por defender al pájaro, al árbol, dejar que muera la gente. Todo el mundo está en contra de la destrucción de la naturaleza, pero si de esto depende nuestro desarrollo y si esto no nos paga el mundo como una compensación para no explotar el ITT, se explotará”. “Todos los que hagan paros y cierren las carreteras serán sancionados con todo el rigor de la ley”.
Estos dos hechos anteriormente descritos revelan o desnudan otros elementos de la realidad y nos invitan a reflexionar algunos asuntos preocupantes para las personas y comunidades afectadas por las actividades extractivas y que no se encuentran dispuestos a dejarse sobajar.
Algunos elementos de reflexión
1.- La distancia sideral entre el discurso y la práctica.- Los principios, derechos, y la concepción diferente del desarrollo consagrado en la constitución de la revolución ciudadana, tienen validez pero carecen de vigencia jurídica, ya que ésta depende de su efectiva aplicación, de su vigencia sociológica, de la voluntad del poder político de someterse a tales principios, derechos y pautas de un desarrollo diferente. La Constitución de Montecristi no tiene vigencia jurídica en nuestro país porque al poder político le falta la determinación de someterse al modelo de desarrollo que tiene como objetivo esa forma de convivencia, del buen vivir, del Sumak Kawsay. Pautas de desarrollo alternativo que se basan en la sustentación del desarrollo del ser humano en armonía con la naturaleza, que pese a que están en la Constitución no se cumplen porque se ha puesto por encima de estos grandes principios y derechos, incongruentes acciones de gobierno que le apuestan a la explotación inmisericorde de los recursos naturales, sin importar el costo ambiental y social.
?Sera que la Constitución de la revolución ciudadana de octubre del 2008, ha sido adoptada en todo aquello que no se oponga a los designios del gobierno de la revolución ciudadana?..Algunos actos del gobierno nacional, del congresillo y de algunos jueces, se hallan muy lejos de responder y ser coherentes con las hermosas proclamas de esta constitución. Se ha creado una brecha entre lo escrito en la Constitución y las acciones de los poderes públicos. Esta realidad constituye una amenaza al esfuerzo de construir un estado de derecho y justicia, además constituye una amenaza real de represión y castigo para todas las personas y comunidades que pretendan ejercer el derecho a la resistencia desde el momento en que el poder político considera que la extracción metálica a cielo abierto, o cualqu
ier otra actividad extractiva, petrolera, maderera etc. es una prioridad nacional para el desarrollo del Ecuador.
2.- Falso dilema entre el interés colectivo y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.- se ha dicho que los intereses colectivos se hallan sobre los intereses particulares, y esto es aceptable, sin embargo no se comparte la percepción distorsionada del gobierno de que son seres mezquinos los que defienden los derechos particulares de las personas, comunidades y de la naturaleza, en contra de la arremetida de las empresas extractivas. Se olvida el gobierno y su organismo de planificación SENPLADES, que sus función es respetar y hacer respetar los derechos constitucionales de todos y todas sin discriminación alguna, inclusive en esta Constitución tan progresista, la naturaleza es sujeto de derecho, tiene derechos y éstos tienen que ser respetados.
3.- El síndrome de George Bush.- Este presidente obligó a su pueblo a cometer un acto de genocidio en contra del pueblo iraquí, cuando la comunidad internacional le reclamaba por las muertes de centenares de mujeres y niños iraquíes causadas por las bombas de racimo lanzadas por las fuerzas militares norteamericanas, contestaba que se trataba de efectos colaterales, no queridos pero finalmente necesarios e inevitables para acabar con la resistencia y el terrorismo. El gobierno ecuatoriano padece de este síndrome, en tanto que considera como efectos colaterales, no queridos pero finalmente necesarios e inevitables, a los daños enormes e irreversibles, las presiones de alto calado a las personas y comunidades damnificadas por las actividades extractivas, de las actividades económicas que igual tienen que realizarse para salvar al resto de las personas que habitan el país y para garantizar las inversiones de las personas jurídicas extranjeras que se dedican o dedicarán a las sustracción de recursos naturales en nuestro país hasta su agotamiento. Las personas damnificadas por estas actividades se hallan en la obligación cívica de sacrificarse por el país, y no tienen espacio alguno para ejercer sus derechos, ni para defender el agua, la tierra, la soberanía alimentaria, ni para defender la economía solidaria. Entonces los que deben sacrificarse son los pueblos indígenas, y las poblaciones que por regla general son las más empobrecidas y que presentan los peores indicadores de desarrollo humano.
4.- No cabemos todos en la balsa.- El viejo modelo de desarrollo era una barca con muy pocos pasajeros y una inmensa mayoría de náufragos expuestos a los tiburones de la pobreza, en el viejo modelo de desarrollo se contemplan tesis del egoísmo racional que sostienen que una sociedad libre requiere de ciertas morales que en última instancia se reducen a la mantención de vidas, no contempla la mantención de TODAS las vidas, sino que es necesario sacrificar vidas individuales, para preservar un mayor número de otras vidas, por lo tanto las únicas reglas morales son las que llevan el cálculo de vidas, la propiedad y el contrato. El gobierno nacional al propiciar actividades extractivas de manera tan agresiva y atropellada adopta esta tesis, ya que se halla dispuesto a sacrificar vidas y derechos individuales de las personas y colectivo de las comunidades damnificadas por las intervenciones extractivas para preservar un mayor número de otras vidas y alcanzar el bienestar del resto de la población ecuatoriana. ¿Donde está la dignidad de las personas y las comunidades afectadas directamente por los proyectos extractivos?. ..Estas personas y comunidades que defienden la naturaleza están de sobra, no cabemos en la balsa nacional, si queremos subir al bote nacional, seremos repelidos a palazos.
5.- Identificación perversa entre la defensa de los derechos de las comunidades y la naturaleza y de los derechos particulares ilegítimos.- Se llega a una falsa identidad entre la defensa de los derechos y la defensa de los intereses particulares ilegítimos, se parte de la visión fundamentalista de que el estado lo es todo y que el gobernante elegido democráticamente tiene la legitimidad y el criterio infalible para determinar donde se halla radicado el interés colectivo. Si se determina que la extracción de los recursos naturales no renovables es de interés del país entonces quienes se oponen a ella y quienes pretenden hacer valer sus derechos frente a la arremetida de las empresas sustractoras defiende intereses particulares y mezquinos.
6.- La ética de los fines.- todo es correcto si sirve para la revolución, el estado, la nación y todo aquello que sirva para lograr los objetivos catalogados como nacionales permanentes. Con este pensamiento, si con la sustracción de los recursos naturales el gobierno estima que se halla mejor servido el interés nacional, todos los factores adversos y antagónicos a esta actividad son obstáculos que deben eliminarse, no importa si se producen daños irreversibles a la naturaleza y a los derechos de las personas y comunidades.
7.- Los jueces dependientes y sin agallas.- se dice que pueden faltar leyes o existir leyes defectuosas y aún así puede funcionar un país, lo que no puede faltar son jueces firmes, independientes, recios y justos. Sin ellos un país no es viable en ninguna de sus expresiones, si los jueces no fallan contra el estado en una acción de protección, en una demanda de reparación patrimonial por las acciones de sus agentes, el estado de derecho y justicia del que nos habla la Constitución de Montecristi no es factible, es una ilusión. Si por presiones del poder político o de las empresas extractoras los fiscales desatienden al mandato de amnistías, que hasta la fecha se han aplicado en un 80%, o se abstienen de impulsar procesos fiscales en contra de empresarios que han realizado denuncias en contra de quienes han ejercido el derecho de resistencia y luchado por sus derechos y de la naturaleza, la amnistía decretada por la Asamblea Nacional Constituyente no servirá para evitar en el futuro la criminalización de la protesta, asegurando impunidad a quienes la propician.
8.- Legitimidad implícita sobre la explicita.- Vivimos el mensaje de la legitimidad ganada por innumerables triunfos electorales, el ganador de todas las elecciones goza de legitimidad en el origen de su mandato, y se siente con la más absoluta legitimidad para tomar cualquier decisión y desarrollar cualquier acción durante el ejercicio de su gobierno, entonces el gobernante no acata las leyes que se oponen a sus designios, ya que muchas de estas leyes son fruto de un árbol viejo que debe desaparecer. Esta percepción de la legitimidad que goza su persona y su proyecto político se halla sobre la normativa jurídica vigente, es una fuente de inseguridad jurídica sobre todo para aquellos ciudadanos y ciudadanas que pretenden ejercer sus derechos sobre la base de normas constitucionale
s y legales vigentes. La supuesta legitimidad implícita en un abrumador triunfo electoral se halla sobre la normativa jurídica explicita en la Constitución y demás cuerpos legales.
9.- El extractivismo senil versus el Sumak Kawsay.- la apuesta a la sustracción de los recursos naturales como eje de desarrollo de un país nace del viejo juego colonialista del norte desarrollado, viejo juego promocionado por empresas extrajeras privadas y estatales, que se sustenta en la primera división internacional del trabajo y en la teoría de las ventajas comparativas, se opone al modelo de desarrollo que el gobierno de la revolución ciudadana se ha comprometido constitucionalmente a impulsar, centrado en el desarrollo del ser humano en armonía con la naturaleza, que renuncia a ejercer violencia en contra de las personas y de la naturaleza. El Sumak Kawsay, el buen vivir. El gobierno nacional ha recurrido al extractivismo senil para fomentar el crecimiento del país, ha apelado a la sustracción de nuestro patrimonio natural.
10.- La Amnistía se acata pero no se cumple.- algunos jueces y fiscales no quieren cumplir con el mandato constitucional de las amnistías, debido a que existen las sospechas de que hay muchas presiones para que no se cumplan las amnistías, como la presión de las extractoras que propiciaron la criminalización de las protestas, o el temor reverencial al gobierno que promueve las actividades de sustracción, y la falta de espíritu garantista de estos funcionarios.
11.- Falta del consentimiento previo de las comunidades debidamente informadas como condición para llevar adelante una actividad que produzca impactos sociales y ambientales.- existe la consulta pero no es vinculante, falta el estudio de evaluación jurídica, ambiental y social como requisito previo para llevar adelante una actividad peligrosa como la sustracción de recursos naturales no renovables, los mega proyectos hidroeléctricos, la explotación camaronera, maderera, etc.
12.- La evasión de los principios por la tranquera de las excepciones.- La Constitución de Montecristi en su artículo 407 establece la prohibición de realizar actividades extractivas en áreas naturales protegidas y en zonas intangibles (donde viven pueblos en aislamiento voluntario), prohibición plausible que se ha evadido por la vía de la excepción, por el recurso de la excepción, de la aprobación de la asamblea nacional ante una iniciativa fundamentada que venga del presidente de la república.
Malos presagios para los defensores de los derechos de las comunidades y la naturaleza, la obstinación del gobierno nacional por impulsar la gran minería, por entregar a dedo a la empresa estatal o a empresas extranjeras la explotación petrolera, por otorgar la más alta prioridad a las actividades extractivas sobre el derecho al agua, sobre la soberanía alimentaria, y sobre los derechos fundamentales de las personas, las comunidades y de la naturaleza, y el discurso detractor e intimidatorio en contra de quien se opone a la sustracción de recursos naturales como eje de crecimiento del país me hace pensar que se aproximan malos tiempos para las personas que ejercen el derecho de resistencia a estas actividades de sustracción, actividades contaminantes y destructivas por esencia, por naturaleza, por defecto. Actividades que no pueden superar este mal congénito, por más que nos vengan con el canto de sirena de emplear tecnologías limpias.
Con esta posición del gobierno nacional y la extensión de leyes funcionales a sus designios pero contrarias a la Constitución, con la actitud de no tomar medidas legales que impidan el conflicto socio ambiental tales como el consentimiento vinculante de la comunidad y la factibilidad social, ambiental y jurídica de los proyectos de intervención de las actividades sustractivas, se ha inaugurado una nueva etapa de la criminalización de la protesta, de penalización de la resistencia y persecución de los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Somos de los que luchamos toda la vida, sí pudimos y sí podremos defender nuestros derechos e impedir que sean pisoteados nuevamente, somos de los que luchamos toda la vida, estamos en el casillero de los indispensables, de los imprescindibles para convertir en realidad sociológica la retórica constitucional del Sumak Kawsay, del buen vivir.
Padre Marco Arana, Perú
Escuchando al doctor Raúl Moscoso se puede concluir que en tema de materia ecológica, derechos humanos y comunitarios no hay una diferencia entre el Gobierno de Alan García y el gobierno de Rafael Correa, pese a que en América Latina se mantiene el discurso de que son Alan García y Uribe los defensores del neoliberalismo versus Chávez, Correa y Evo Morales que están alineados y apoyan la revolución del siglo XXI. Algo muy grave debe estar ocurriendo ya que los discursos de construcción del siglo XXI coinciden con los discursos y las prácticas del neoliberalismo más agresivo en América Latina. Por otro lado, las luchas de los pueblos, de comunidades indígenas, campesinas, y de organizaciones de la sociedad civil aparecen necesitando generar corrientes de solidaridad que les haga luchar en contra de los abusos del poder, y contra lógicas económicas y políticas destructoras de la naturaleza, negadoras de la dignidad de los seres humanos y de los derechos de la naturaleza.
Algunas tendencias de contexto que hay en Perú
y que son las tendencias que se perciben en general en América Latina
En los últimos 20 años de implementación de un modelo basado en la liberalización de los mercados, en la sobre explotación de la mano de obra, en el recorte de los servicios sociales del estado hacia sus poblaciones y en la destrucción de los ecosistemas, ha llevado a que este modelo en su etapa de consolidación entre en crisis y esto hace que los pueblos se resistan, se levanten, luchen. Lo que aconteció hace poco, un mes, en Bagua, Perú, en donde se produjo el asesinato de un número indeterminado de hermanos indígenas (las cifras oficiales hablan de 11 personas, mientras que las listas de organismos de derechos humanos hablan de la desapar
ición de varias decenas de ellos, y 28 policías asesinados). Ni siquiera se ha encontrado por parte de los responsables políticos de las decisiones de esta matanza una actitud que les lleve a asumir su responsabilidad política, por el contrario, el Congreso de Perú no logro mayoría para revocar al Ministro de Justicia y al Primer Ministro del Gabinete, con lo cual no existe responsabilidad política alguna ante este asesinato. Existe entonces una suerte de vacío y complicidades que señalan que los responsables son los agitadores enemigos del desarrollo, conspiradores internacionales que curiosamente estarían vinculados a quienes proponen la construcción de la revolución del siglo XXI, los gobiernos de Chávez, Correa y Morales.
El tema de la criminalización de las protestas sociales tiene que ver con un claro objetivo de descabezar los movimientos sociales de resistencia y detener cualquier propuesta de cambio, para dejar el camino libre o disminuir los obstáculos para el avance de las industrias extractivas y la consolidación política de aquellos grupos de poder que están aliados a los intereses transnacionales. Así el objetivo de la criminalización de las protestas, es que quien defiende la justicia, la tierra, el agua, los derechos humanos, resulta siendo un criminal y por tanto puede ir preso, es decir se invierte el sentido de la justicia y lo legal, es así que lo legal no coincide con lo justo. Entonces la lucha contra la criminalización de la protesta es la lucha por la justicia.
El proceso de criminalización de las protestas ocurre en el marco de los déficit de democracia que hay en nuestros países. En las dictaduras no se hablaba de criminalización de las protestas, ya que en las dictaduras se rompían los estamentos jurídicos y se desconocía la validez de las normas, para imponer las razones de estado que una dictadura se arroga. Sin embargo la criminalización de las protestas sí se cuestiona en sistemas democráticos, porque en éstos se presume que los poderes del estado funcionan, y que la ley ampara y garantiza la justicia. Lo que vemos con la criminalización de las protestas es la desnaturalización del propio sentido de lo que entendemos por democracia, entendida como el sistema político que garantiza los derechos. La criminalización de las protestas viene a ser la negación de las condiciones de igualdad entre las personas, entonces la criminalización es la negación misma de la democracia. Si lo propio de la democracia es tener leyes que garanticen los derechos y lo propio de la criminalización de las protestas es restringir los derechos, luchar contra la criminalización de las protestas es defender el estado de derecho. No podemos permitir que en nombre de la supuesta defensa del sistema que están impulsando nuestros gobiernos se desconozcan la legitimidad de las luchas de nuestros pueblos, que es la lucha por la afirmación de las libertades de manera radical y absoluta. Creo que es importante que descubramos que la razón de ser de las leyes de criminalización de las protestas no es otra cosa que la búsqueda de legitimar la imposición de un modelo extractivo, perverso, en las comunidades, este esquema ha sido algo permanente en el Perú.
Las leyes de criminalización de las protestas empiezan en el gobierno de Alejandro Toledo, entendido como el modelo de retorno a la democracia, en este gobierno hubo leyes como la 27686, destinadas a modificar algunos artículos del código penal y a elevar las penas a los responsables de entorpecer los servicios públicos (tomas de carreteras), esta ley crea una figura jurídica que señala que la policía está obligada a dar garantías al derecho de reunión, pero la forma como la policía garantiza este derecho es que las personas le pidan permiso a la policía para reunirse, para que la policía garantice su derecho, pero si la policía no da el permiso el acto se convierte en ilegal. Esta misma línea sigue el gobierno de Alan García, el cual profundiza los elementos de las normas que criminalizan las protestas. Alan García traza lo que se conoce en Perú como la política del perro del hortelano, que básicamente consiste en afirmar que las comunidades campesinas, indígenas, tienen vastos territorios que no pueden trabajar porque son muy extensos y tampoco dejan que otros los trabajen. A partir de esta definición todo aquel que impida la inversión en industrias extractivas, en agroindustrias o en grandes inversiones destinadas al uso de los recurso hídricos con fines lucrativos, es declarado enemigo del desarrollo. Esta política del perro del hortelano va acompañada de un conjunto de requerimientos del poder ejecutivo, para que el poder legislativo le conceda potestad de legislar. Además los tratados de libre comercio son vistos como una de las herramientas más eficaces para hacer que las tierras declaradas ociosas puedan ser destinadas al uso de concesiones mineras, petroleras etc. Con estas normas se profundiza el modelo primario exportador, como es el caso de que en la selva peruana 180 empresas trasnacionales se hagan de 49 millones de hectáreas de concesiones, es decir el 72% de la amazonia peruana, entregadas a concesiones mineras, gasíferas, forestales o petroleras.
Se suponía que los conflictos de Bagua, que desafía los marcos jurídicos destinados a violar los derechos humanos y a restringir las libertades, iban a hacer reflexionar al gobierno y marcar algunas pautas nuevas, pero esto no ha ocurrido. El presidente en el diario Expreso escribe un artículo “A la fe de los peruanos”, en donde dice que lo que ha ocurrido en Bagua y lo que ocurre por la resistencia a la minería, el gas, el petróleo, etc. tienen que ver con la prolongación de la guerra fría en América Latina, por un lado aquellos que quieren el desarrollo y el progreso, y por otro, aquellos que quieren la vuelta al estatismo y al pasado y forman parte de una conspiración internacional dirigida por Chávez. Según esto, él plantea la clara división del Perú en dos bloques en esta guerra fría, la que él lidera y que tiene que ver con el progreso de América Latina y la revolución que él dice se está haciendo en Perú para hacer que el mercado favorezca el gran desarrollo, y los que tienen que buscar refugio o cascos para defenderse de los golpes que van a venir del estado.
Para esto el gobierno de Alan García ha necesitado dar un conjunto de normas que por ejemplo permitan que las zonas de conflictos socio ambientales que en Perú más del 50% son ocasionados por industrias extractivas, se militaricen por más de 30 días, sin que estas zonas puedan ser declaradas en emergencia, además permite que los militares y policías que han intervenido en conflictos y hagan uso de su armamento, sean declarados inimputables si es que han actuado en cumplimiento de sus funciones, no serán juzgados por haber actuado con exceso de fuerza y de violencia. De otro lado se extiende la figura del delito de extors
ión que anteriormente estaba tipificada para obtener ventajas económicas bajo presión, para que se extienda a la obtención de ventajas de cualquier otra índole. Entonces la toma de locales, el impedimento de libre tránsito, el perturbamiento de funciones de servicios públicos o el impedimento de la construcción de obras legalmente autorizadas (en el Perú la minería ha sido declarada de interés público), todo esto resulta delito de extorsión, en donde las penas pueden ir de 5 a 10 años de cárcel. Y si esto se convierte en cierre de carreteras o impedimento de servicios públicos que se haga en alianza entre mas de dos o tres personas las penas pueden ser de hasta 25 años de cárcel. Entonces las leyes sobre-penalizan a quienes se considera delincuentes, además estas leyes alcanzan a las autoridades locales elegidas, ya que si los alcaldes o representantes locales salen a protestar se ha dictado una ley que hace que las autoridades que participen de huelgas puedan ser inhabilitados de sus cargos.
Al mismo tiempo se han introducido figuras como la calificación en delitos in fragantti, antes la policía podía detener a quien está cometiendo un delito en el acto, ahora en el Perú según los decretos ejecutivos 983 y 989, la calidad de delito in fragantti se extiende al autor del delito que ha huido, y durante 24 horas si hay un medio, una fotografía, un video o alguien que testifique que esa persona estuvo en la comisión del delito durante esas 24 horas la policía puede detener a la persona sin mandato judicial y puede perseguirla. Al mismo tiempo se le ha dado más atribuciones a la policía en el Perú, la policía puede recibir la declaración de los detenidos sin presencia del fiscal. Se permite también que los detenidos puedan estar incomunicados hasta por 10 días, el fiscal puede disponer el secreto de las investigaciones, hasta la formulación de la denuncia, lo que limita el derecho de defensa pues los abogados no pueden saber exactamente de qué acusaciones hay que defender.
En el Perú hay una restricción de derechos que no tiene otro fin sino el de imponer una política económica primario exportadora, profundizar la desigualdad y la injusticia social para favorecer intereses de unos pocos, en realidad la criminalización de las protestas y las leyes que vuelven legales, aunque no legitimas, estas normas, nos muestran un drama aún mayor: los estados en América Latina están siendo privatizados, están dejando de favorecer y cumplir el rol de garantes de derechos de sus poblaciones para convertirse en garantes de derechos de trasnacionales o de derechos privados.
Conclusiones y Desafíos
– La lucha por la descriminalización de la protesta tiene que ampliarse a una lucha por los derechos y el reconocimiento de los derechos de los pueblos. Hay que denunciar cómo se ha ido organizando el estado para favorecer intereses privados. La lucha no sólo es de carácter jurídico sino que también es una lucha de carácter político.
– Los desafíos que tenemos ante estos escenarios son:
o Comprender la afirmación de los derechos comunitarios de los pueblos y de los derechos ecológicos como parte de los derechos humanos, ya que normalmente el movimiento de derechos humanos con legitimidad y reconocimiento a nivel internacional es visto sólo como organizaciones que trabajan únicamente en temas de violencia política o familiar, pero no se ve a los derechos comunitarios ni los derechos ecológicos como parte fundamental de los derechos humanos. Por ello, es necesario hacer alianzas con los movimientos de derechos humanos y al mismo tiempo ampliar la visión de derechos humanos en América Latina. Hay que sacarla de una concepción liberal para llevarla a una visión más social, cultural y política de los derechos humanos. No hay derechos humanos posibles si éstos se fundamentan en el ejercicio de la violencia, la destrucción de la ecología y la privación de los derechos de las comunidades y los pueblos originarios a sus territorios. Lo que está en juego con la expansión y la entrega de territorios de comunidades campesinas e indígenas a las industrias extractivas es la propia existencia de estos pueblos. El solo hecho de pretender privarles de la base material de su subsistencia y de su vida constituye un acto genocida.
o Comprender que las luchas contra las leyes de criminalización de las protestas son luchas contra un sistema injusto y depredador de los recursos naturales y son luchas por la democracia. Esto debiera llevarnos a un cuestionamiento en el que la incompatibilidad clara que aparece es entre esa racionalidad económica y la propuesta y las luchas de nuestros pueblos, la amenaza más profunda está viniendo de la entraña misma de esta racionalidad económica
o Necesitamos trabajar para que los procesos que vivimos en América Latina de afirmación y de acción de los sujetos sociales pasen a la afirmación y a la acción de los objetos políticos. Ya que todos los conflictos que se presentan en el continente muestran una profunda crisis de representatividad política. Si quienes están afectados en sus derechos fundamentales y están amenazados legalmente, si la injusticia en nuestro países se ha vuelto legal, no tenemos otro camino que el de vencer y derrotar esa racionalidad, no sólo discursivamente sino jurídica y políticamente.
La lucha de nuestros pueblos no es sólo por la salvación de sus comunidades y de sus modos de vida, ya que defendiendo esto también están defendiendo a la humanidad, incluyendo a los responsables de la destrucción. La ética de la defensa de la tierra, del agua, de los derechos humanos comunitarios, pueden incluirlos a ellos y salvarlos a ellos, por el contrario quienes amenazan con destruir las fuentes de vida no necesitan que los pueblos perezcan para llevar adelante su gran irracionalidad. En ese sentido necesitamos cambios profundos que tienen que ver con nuestra visión del tipo de vida y desarrollo que queremos, tiene que ver con la posibilidad de decir alto a una racionalidad destructora de la naturaleza, por eso son importantes las alianzas y las fuerzas que se p
uedan unificar para enfrentar este modelo perverso, es una fuerza que tiene amplias posibilidades de expresarse políticamente, de afianzarse y movilizarse. El tamaño de eso será hacer las diferencias, denunciar lo procesos que están en curso, y a nivel de América Latina hay que ver qué terrible mal es éste que puede hacer que los discurso de la revolución socialista del siglo XXI coincida con la lógica de los gobiernos y los discursos de los gobiernos mas ultraconservadores como el de Perú. Esos procesos son los que se mueven abajo, que están convocándonos a encuentros como éste y están movilizando a las nuevas fuerzas y las nuevas energías que se han puesto en camino en América Latina.
2. TESTIMONIOS DE CASOS DE CRIMINALIZACIÓN
Diocles Zambrano (Provincia de Orellana, Ecuador) – Petróleo
La Provincia de Orellana es la zona con el 77% de la producción petrolera del Ecuador, así mismo tiene el mismo porcentaje de criminalización de la protesta por parte de los diferentes gobiernos, pero es este gobierno el que más ha reprimido a las luchas sociales en Orellana y en Sucumbíos provincias petroleras y reprimidas.
Soy parte de una comunidad campesina en la parroquia Nuevo Paraíso en la que se encuentra el bloque 7 de la empresa francesa PERENCO, a la cual estábamos exigiendo que remedie los impactos que produce y por otro lado que compense a las comunidades que estamos alrededor de sus explotaciones, el momento en que decidimos protestar aparecieron todos los estamentos del estado para reprimirnos y criminalizarnos, no para ayudarnos. Todos nuestros actos de protesta eran pacíficos, pero un día nos tendieron una trampa, cuando entramos en las instalaciones de la empresa para conversar, nos cercaron los militares y cuando estábamos desalojando pacíficamente el lugar, nos dispersamos y a mi compañero Wilman Jiménez, que estaba con el objetivo de tomar fotografías como fuente de evidencia, fue detenido y lo hirieron con 6 balas de goma, le quitaron su cámara y lo llevaron a un destacamento militar donde estuvo detenido por varios días. El resto de compañeros seguimos en el proceso de resistencia. En el año 2006 fuimos demandados por terrorismo, sabotaje y secuestro, algo que ahora se ha hecho común para las personas que defienden la naturaleza, nuestros territorios y la vida. Esto fue el detonante para que otras comunidades comiencen a protestar por el no cumplimiento de las compensaciones que por ley nos corresponden por los daños de la explotación petrolera, nuestras comunidades sobreviven con ríos y lagunas contaminadas, mecheros, etc.
Desde el año 2000 las comunidades nos comenzamos a movilizar para conseguir carreteras, servicios básicos etc.. En cada medida de hecho existieron personas detenidas y hasta compañeros muertos, como Julio Hernán Llori, Efraín Vaca, Luis Guerra, inclusive una prefecta en funciones fue detenida y destituida de su cargo. El 30 de noviembre del 2008 en Dayuma, fue un día en que ocurrió terrorismo de estado por las fuertes intervenciones del estado contra nuestras comunidades.
Al inicio de este gobierno se nos llamó para defender a la gente que estaba afectada por la industria petrolera, y nos dijeron que la única solución era mover a la gente a otra provincia, nosotros dijimos que eso se llama desplazamiento masivo de la gente y para poder desplazar a toda la gente que vive cerca de los pozos petroleros se deberían dejar despobladas las provincias de Orellana y Sucumbíos y para eso no nos vamos a prestar, lo que nosotros queremos es que se reparen los daños causados por la explotación petrolera.
Nosotros tenemos una red llamada Red de Líderes Angel Zhingre en honor a un compañero defensor de los derechos de las comunidades que fue asesinado por las petroleras. La red está para apoyar a las personas que están agredidas por las empresas petroleras y las agro empresas, por lo que siempre tenenos problemas de persecución y están intervenidos nuestros teléfonos. Es muy difícil describir en poco tiempo lo que pasa en nuestra amazonia con la producción petrolera, donde las comunidades y familias son divididas internamente, pese a esto seguimos en la lucha, porque la lucha es lo único que nos puede fortalecer, si hoy nos abandonamos no solo vamos a perder a nuestra familia sino todo lo que tenemos.
Marcia Maldonado (Departamento San Marcos, Guatemala) – Minería
Desde que la empresa minera Goldcorp se instaló en el Municipio de San Miguel provoca una serie de problemas, desde el año 2007 existen casos judiciales para lideres, cada año hemos tenido uno de estos casos, lo cual es desgastante tanto para la comunidad como para las organizaciones acompañantes, muchas veces es pérdida de tiempo que nos impide enfocarnos más en estrategias en contra de la empresa.
En el año 2007 se dio el caso de 7 lideres acusados, a partir de que la comunidad renegoció el precio de sus tierras y el daño de las casas que había ya en ese momento, a raíz de esto la empresa desplegó una serie de violencias hacia la comunidad, este caso duro todo un año, y dos compañeros fueron condenados a 5 años de prisión conmutables a un pago diario, los compañeros no han pagado nada porque ellos no se sienten culpables.
El año pasado, hubo un problema con las torres que generan energía, los cuales estaban dentro de las instalaciones de las casas de varias familias, los alambres de luz generando riesgos sobre todo para los niños, además la empresa engañó a las personas con los derechos de paso ya que les pagó solamente entre 1000 a 1400 quetzales, por lo que la comunidad decidió botar los postes; a raíz de esto la mina por 30 días tuvo cero actividades, por este motivo se les siguió juicio a siete mujeres y se les dio orden de captura como una forma de intimidación ya de las que ni la empresa ni el estado las ejecutó. Sin embargo los documentos de las compañeras ya quedaron manchados.
En mayo del 2009, la empresa empieza a comprar más tierras para poder seguir excavando, lo que creó más conflictos familiares (algunos querían vender, otros no). La empresa empieza a realzar sus programas de excavación cerca de un pozo que provee de agua a la comunidad, a
partir de ello la comunidad y comunidades cercanas empiezan a pedir que la empresa se retirara. Luego de muchas conversaciones y compromisos incumplidos por parte de la empresa, se produjeron muchos incidentes como la quema de excavadoras y un vehículo, a raíz de esto se ven afectadas 6 líderes y una compañera de las que tenían la orden de captura. El 12 de junio de este año la minera moviliza avionetas de la empresa, y policías y ejército entran a la comunidad como si fueran a detener a narcotraficantes o delincuentes; llevaron fiscales para poder ejecutar la orden de captura, por algunas coordinaciones nuestras se logro que la compañera con la orden de captura salga del país, hasta ahora ella es una refugiada a causa de la minería, dejó a su familia y a sus hijos pequeños.
Esto intimida a la demás población a protestar, e incluso la empresa ha iniciado acusaciones a la iglesia que ha acompañado el proceso. La vicepresidenta de responsabilidad social de la empresa Goldcorp, sacó un anuncio público en contra de la iglesia, de nuestra organización y otras organizaciones acompañantes. Este no es el único caso que pasa en Guatemala ya que hay muchos casos más.
Manuel Trujillo (Provincia de Bolívar, Ecuador) – Hidroeléctrica
Desde hace 3 años llega una compañía privada HIDROTAMBO S.A pretendiendo hacer la Central Hidroeléctrica San José del Tambo, que usaría las aguas del Río Dulcepamba para producir 7,6 megavatios. Primero afecta plantaciones y cultivos, para realizar el levantamiento topográfico sin autorización ni permiso de ningún juez. Al ver que la empresa sigue sus actividades la población de San Pablo de Amalí comienza a reclamar y logra que se adhieran a las protestas 72 comunidades. Al ver la compañía que no puede comenzar a trabajar, contrata al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el cual entra con un batallón aproximado de 300 militares, que entraron para disparar, golpear y atacar a la gente de la comunidad, a nuestras familias.
Los dirigentes fuimos enjuiciados por sabotaje y terrorismo, y en complicidad con autoridades cantonales y del gobierno nos siguen hasta 22 procesos judiciales, 14 fuimos detenidos. Yo la primera vez fui detenido 5 días, la segunda vez 17 días, fuimos acusados de rebelión, luego de esto pedimos amnistía, pero todavía 4 casos de los 22 no están archivados, no podemos sacar el récord policial de las 14 personas detenidas, nuestros papeles están machados, y nos siguen amenazando de que se pueden levantar esos procesos y encarcelarnos. El único delito que hemos cometido es habernos organizado y luchado contra esta empresa para que no nos quiten el agua ya que a esta empresa el estado le ha concesionado el agua desde las vertientes. Nuestro delito es haber protestado contra esto. De los enfrentamientos con los militares han quedado 2 compañeros con su vista afectada y una persona está en peligro de permanecer en silla de ruedas.
No es justo que vengan dos o tres empresarios a quitarnos el agua que por derecho nos pertenece, la lucha de San Pablo de Amali, del cantón Chillanes sigue, y seguiremos fortaleciéndonos todos los que estamos en la lucha.
Ana María Alvarado (Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, México) – Minería
Desde hace 13 años, desde 1996, nosotros tenemos una lucha contra una empresa canadiense, desde el momento en que supimos la magnitud y agresividad que tiene este proyecto. En nuestra protesta siempre le hemos apostado a la vía legal, nunca hemos hecho alguna ilegalidad, sólo exigimos que se cumplan nuestros derechos que nos da la Constitución que tenemos en México, hemos utilizado todas las herramientas legales y en este momento casi hemos agotado el recurso legal y nos hemos dado cuenta que no se puede esperar nada del Gobierno ilegitimo que tenemos en México, no se respeta la ley, estamos fuera del estado de derecho. Desde el momento en que hemos ido a los tribunales y estos han fallado a favor de la comunidad, la empresa está violando decretos que protegen la vida silvestre, el patrimonio histórico del pueblo ya que es un pueblo del siglo XVII que está protegido por la ley federal de monumentos históricos.
Al mismo tiempo esta zona en una zona de recarga del acuífero, es desértica, tiene un millón y medio de habitantes, no tenemos ríos, lagos ni mar, el agua que se usa es únicamente la que se saca de un acuífero profundo, ya que el acuífero superficial está contaminado, porque esta ciudad nació de un pueblo minero que tiene 400 años de explotación minera. Esta zona, donde se quiere llevar a cabo este proyecto es una zona que está protegida por un decreto nacional administrativo que está por sobre los tres niveles del gobierno, sin embargo la secretaría del medio ambiente y de la defensa nacional han dado permisos de usar explosivos.
Yo represento directamente a los dueños legítimos de la tierra, soy parte del grupo de dueños, y nunca hemos dado ningún permiso para que la empresa entre, tenemos dinero metido en un Juzgado de Distrito, este dinero la empresa cada año deposita para cumplir con ese requisito, y cada año nosotros lo repudiamos y mediante un documento decimos que no lo queremos.
El pueblo está cercado por una malla como un campo de concentración, para entrar hay que pasar por enfrente de las oficinas de la empresa y solo hay esa salida; en el pueblo están las camionetas de la empresa contralando entradas y salidas, desde que entramos tenemos persecuciones de los guardias de la empresa, nuestros teléfonos están intervenidos, y tenemos demandas hasta de tipo federal por entrar a nuestras propias tierras. Nosotros hemos mantenido nuestra resistencia dentro del pueblo, tenemos una manifestación de protesta constante de repudio a la empresa, se ponen mantas, videos etc. Todos los espacios privados donde nosotros h
acemos estos actos de protesta la empresa los está cerrando, como nuestras casas que las están sellando con piedra y cemento.
Un primero de mayo, 6 jóvenes fueron detenidos porque estaban apoyando nuestra lucha, hay un compañero que ha estado encarcelado dos veces, un compañero exiliado en Canadá que era abogado ahora es panadero y ha estado acosado por la policía y el ejército. Estos problemas se están generalizando en México, compañeros de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Chiguagua, están siendo perseguidos en todo el país.
Nuestro caso es emblemático porque hemos llegado hasta las últimas instancias legales, en donde la corte de justicia en el 2004 dio un fallo y está condenando que se haya dado el permiso de funcionamiento a la minera, y es el ministerio de medio ambiente el que le ayuda dándole otro permiso pero esta vez sin condiciones. Viendo estos acontecimientos la gente se ha ido alejando. La empresa nos está acorralando, ya no sabemos que más hacer porque se han agotado todos los recursos legales, y el gobierno no hace respetar los fallos. ¿Ante quién y a dónde más recurrimos?. Ya no estamos sólo contra una empresa sino contra un sistema de gobierno ilegitimo
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Yolanda Reyes (Provincia Zamora Chinchipe, Ecuador) – Minería
Desde la década de los 80 se empieza hacer minería artesanal en la cordillera de Nambija, luego vemos que se empieza a morir un río muy hermoso del que se alimentaban las comunidades, en el que se pescaba, bebían los animales. Empezamos a investigar qué estaba pasando y nos dimos cuenta de que esa actividad era nociva para nuestras vidas, realizamos un proceso de información a las comunidades locales. Nos dimos cuenta luego que lo que se llama Cordillera del Cóndor la cual tiene gran diversidad biológica, estaba concesionada a una empresa pequeña, Ecometal. La gente comienza a vender sus tierras porque la empresa les engañó diciéndoles que iban a dejar sus tierras sin ningún impacto. Luego, se dieron cuenta de que esta empresa, todavía pequeña, estaba destruyendo el valle donde la gente sembraba sus cultivos.
Debido a esto la gente se reúne y forma el Consejo de Defensa Cantonal, se logra hacer una auditoría que al principio sólo contemplaba los planes de manejo ambiental de la empresa, por nuestra resistencia se logró que se ponga la verdad y se haga una auditoría completa, pero no sirvió de nada porque ni el gobernador ni el alcalde no hicieron nada.
Después llegó una empresa brasileña a querer hacer este mismo tipo de minería en el Río Zamora y la confluencia del río Nangaritza, pero la comunidad ya estaba preparada, las mujeres exigieron que la empresa les entregue todos los documentos. El estudio de impacto ambiental recién se socializó un día antes, pese a esto estábamos preparados. El día de la socialización con el director nacional de energía y medio ambiente, cerca de 2000 personas estábamos cuentionando los puntos claves de este estudio, además en esa misma reunión encadenamos la puerta para exigir que respondan a nuestros cuestionamientos al estudio de impacto de la minera, además exigimos que nos firmen una acta de que la minera sale de la comunidad, la cual fue redactada por el mismo Director Nacional de Minería, él se asustó y nos hizo falsas promesas. Pese a que él redacto el acta, y firmó, al otro día llegaron los militares para proteger la barcaza que tenía la minera. Luego fuimos notificados que teníamos acusaciones por actos de terrorismo, sabotaje y secuestro. Se entregaron como 20 volantes para presentarnos a los juzgados, mientras el ejército y la policía le daba protección a la empresa, las mujeres decidieron a la medianoche levantarse con sus maridos y cortar las amarras de las barcaza que tenia la empresa. A los dos días, nos acusaron de intento de asesinato, esos juicios nosotros los enfrentamos y los pudimos ganar gracias a la ayuda de todos los compañeros solidarios y organizaciones amigas. Cuando teníamos que hacer la audiencia, todo el pueblo se levantó y terminamos siendo sobreseídos porque no teníamos otro delito más que el defender nuestro derecho a vivir en ese ecosistema que es nuestra vida.
Nicanor Alvarado (Vicaría de Medio Ambiente Jaén, Perú) – Caso Bagua
El genocidio de Bagua se enmarca dentro de las políticas neoliberales y el TLC que firmó Perú con EEUU. En el 2007 se dieron más de 100 decretos legislativos, la mayoría de ellos para beneficiar y propiciar el tratado de libre comercio, provocando represión e incursiones en la selva peruana por agentes del gobierno, y por lo tanto una lucha por parte de nuestros compañeros. Nunca antes en Perú se han visto grandes movilizaciones como las del 9 al 22 de agosto del 2008 y las que se han visto este año de los pueblos amazónicos. Antes las 54 etnias nativas de la Amazonia Peruana eran divididas y fragmentas, ahora se unen y se levantan.
En agosto del 2008 el gobierno derogó dos decretos legislativos, luego de la protesta de 20 días en que los compañeros amazónicos se levantaron en “Corral Quemado”, después de este acontecimiento y que las mesas de diálogo se rompen al ver los compañeros que las petroleras seguían llegando, los compañeros regresan a las protestas el 9 de abril del 2009.
Las petroleras y el gobierno compraron a casi todos los dirigentes de los pueblos amazónicos del norte de Perú que conforman tres regiones, San Martin, Amazonas y Cajamarca. Al ver esto los Apus decidieron cambiar a los dirigentes que están cooptados por las petroleras, y en menos de dos semanas se convocó a un congreso regional en Bagua y se eligen a nuevos dirigentes. El 13 de Abril del 2009 llegan los hermanos nativos amazónicos y se toman la estación 6 de PETROPERU, la toman y la desactivan, están todo el mes de abril, y nadie les hace caso, ni la prensa nacional, ni el gobierno, ni el
congreso. Por lo que en mayo los compañeros avanzan y toman otra vez “Corral Quemado” de donde la policía los desaloja el 10 de mayo, dejando 15 heridos por las bombas y un desaparecido que al parecer lo botaron al río. Los hermanos regresan a la estación de PETROPERU para organizarse, esta vez regresan 3000 compañeros, y como no pueden tomarse Corral Quemado se quedaron 10 km atrás en lo que se llama la Curva del Diablo que se encuentra a 30 minutos de Jaén, 15 minutos a Bagua.
Además los Ronderos de Jaén y Bagua se sumaron a la protesta y al paro y al mismo tiempo se realizó una cadena de solidaridad para ayudar a los compañeros. El día 25 de mayo se toman la Curva del Diablo, por lo que llegan unos 500 carros de la policía a cada lado, luego de una gran conversación entre los compañeros amazónicos y la policía se decide el día 30 de mayo abrir la carretera por 4 horas para luego seguir con el bloqueo de la carretera. El día 4 de junio el congreso se negó a discutir la derogatoria de dos decretos legislativos, el 10-90 y el 10-64; ese mismo día el Gobierno ordenaba el desalojo de los compañeros, el día 5 junio a las 6 de la mañana los hermanos nativos no solo fueron desalojados sino que son atacados. Dice un hermano, “Cuando vi que comenzaron a matar a mis compañeros y a mis Apus, dije esto es una guerra” por eso comenzaron a responder como ellos saben responder en una guerra, quitaron el fusil a un policía, y comenzaron a responder a los ataques como si fuera una guerra, entonces murieron 19 policías, en esos instantes la policía comenzó a arrojar llamas, muchos de los heridos mueren quemados, en la tarde comenzamos a sacar a los compañeros heridos, la policía seguía persiguiendo a los hermanos nativos, hemos visto cómo a un hermano nativo lo golpearon y a otro lo mataron. Por la noche se seguía refugiando a más de 500 compañeros, 150 heridos, los compañeros agonizaban en el hospital que apenas tenía 2 médicos, a un compañero dirigente lo llevamos a un hospital con 6 heridas de bala, muchos nativos murieron desangrados ya que regresaron a sus comunidades heridos. Al día siguiente se ordenó toque de queda y la policía comenzó a buscar a los dirigentes, además la policía no dejo entrar a nadie al cerro, ellos controlaron por 4 días el río, el cerro y la carretera.
Los cadáveres de muchos nativos han sido desaparecidos, tenemos testimonios filmados de que suben a 3 helicópteros los cadáveres metidos en plásticos negros. Hasta el día de hoy hay un promedio de 77 compañeros nativos que todavía no regresan a sus comunidades que se supone que han sido asesinados y enterrados en algún lugar. En conclusión quisiera decir que esta masacre se podría haber evitado si es que los que estamos en este trajinar por defender la vida, grupos ecologistas y derechos humanos hubieran venido más a la zona y se hubiera hecho un escudo humano, si hubiéramos roto el silencio cómplice de los limeños ya que recién el 5 de junio se sabe que los nativos en Bagua estaban en huelga. Ahora los decretos se han derogado, el TLC continúa en curso. Nosotros no vamos a colgar los guantes eso ténganlo por seguro, lo último que le puede pasar a un activista ambientalista de derechos humanos es colgar los guantes, hemos estado acusados por terrorismo, hemos pasado persecución política, y pese a esto seguiremos acompañando las luchas, intentado articular el país, la región, los andes y nuestra amazonia.
Padre Juan de la Cruz (Provincia de Morona Santiago, Ecuador) -Minería
El día 5 de junio estaba cerca de los ríos que desembocan en el Marañón y un compañero shuar que me acompañaba me dice que este día está raro, que algo tenía que estar pasando porque cuando hace sol y llueve al mismo tiempo decía mi papa que algo pasa… Una semana después nos enteramos de lo que sucedió, esto es doloroso, con nuestra gente decíamos que nos podía haber sucedido también a nosotros, muchas veces hemos estado frente a la policía y los militares que siempre están armados, al igual que los guardias de seguridad de las compañías. Siempre nuestro lema es no pelear entre nosotros, ya nos hicieron pelear entre ecuatorianos y peruanos para que las compañías entren sin problema, y murieron hermanos. Luego querían que nos desunamos entre hermanos Shuaras y Colonos, pero nuestro lema ha sido que siempre estemos juntos y organizados.
En el momento en que vimos que la gente estaba siendo afectada por las compañías mineras comenzamos a buscar información sobre los impactos de la minería, en esta búsqueda me encontré con mujeres que luchan por defender la vida, mujeres que cuando se trató de desalojar a las compañías las mujeres decían “no hemos venido a discutir, hemos venido a liberar nuestra selva, y lo que queremos es que los hijos, los nietos, puedan vivir felices, a nuestros hijos les hemos concebido para que vivan felices”.
Ha habido momentos muy difíciles porque luego llegó la criminalización muchos compañeros fueron encarcelados, yo comencé a acompañar a los compañeros en el paro de Jumbitono contra la hidroeléctrica Hidroabanico, en que 75 días y noches las mujeres, niños y hombres resistieron para que no se realice la segunda fase de la hidroeléctrica, la electricidad que se iba a producir era para los 4 campamentos que estaban listos para comenzar la explotación minera. Luego me informaron que estaba acusado de terrorista, de hacer sabotaje etc. Tenemos que unirnos todos para defender nuestra naturaleza y resistir la opresión.
….. Afuera a las mineras que traen dolor, rencor!
Guadalupe Fernández (Oruro, Bolivia) -Minería
En la época de Sánchez de Lozada se han escogido los grandes yacimientos en Oruro, en la cuenca Altequera, en donde está la mina Sinchi Wayra, esta es una minera antigua artesanal, ya que artesanalmente se trabajaba en minería en el sector, el agua se la podía usar para riego y para beber y no hemos tenido problemas. En 1992, se firma un contrato de riesgo compartido con
la empresa estatal y la empresa gringa, partir de ese momento empezó nuestra sentencia, nadie podía decir nada, nuestros abuelos, nuestros padres no podían decir nada, el gringo se podía llevar la grava, las piedras, porque la empresa estatal entregó todo a la empresa gringa.
En el 2005, el titulo de las tierras de mi padre me fueron heredadas, el dolor era que estaban vendiendo mis mismos compañeros y vecinos sus tierras, desde ese momento mi interés por quedarme con mis tierras y defenderlas. Me fui a quejar a la Federación de Campesinos, a los Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo. Algunos me recomendaron que venda mis 80 has por 3000 dólar.
A finales de agosto del 2006, comenzamos a denunciar y llego un delegado de la Dirección de Medio Ambiente Nacional, pensé que nos iba a defender y ayudar, pero no fue así, la estrategia de la empresa es cambiar de razón social ahora se llama Sinchi Huyra, pero no sabemos de quien es la mina. Como dirigente he peleado duro y he sido amenazada, además los dirigentes han sido comprados. En junio del 2007, llega un nuevo inspector, existieron mesas de diálogos a nivel ministerial pero todo ha quedado en compromisos.
En el 2008 baja el precio del mineral y muchos trabajadores (que estaban en contra mío) fueron despedidos, ahora están a mi lado, poco a poco nos vamos uniendo con los mineros artesanales, a nivel regional estamos trabajando y resistiendo, pero no sabemos hasta cuándo, ahora para el gobierno la minería es importante porque genera divisas y desarrollo, estamos en un proceso en el que se ha pedido que la Prefectura del Departamento de Oruro castigue a la empresa por la falsificación de documentos, y ante esto el gobernó local no ha hecho nada. Nosotros estamos luchando contra la empresa en forma pacífica pero no está resultado, creo que en forma pacífica no se consigue nada, son 4 años de lucha, en el caso de esta empresa el estado no la va a nacionalizar porque existe un documento de riesgo compartido, aunque no tenemos acceso a ainformación para saber bajo qué condiciones esta firmado ese convenio, no hay claridad.
Jorge Acurio (Pangua, Provincia de Cotopaxi, Ecuador) – Hidroeléctrica
Soy nacido en una comunidad que fue atropellada por la empresa PRONACA, con el proyecto PRODUASTRO, que iba a ser operado por HIDRONACIÓN. Querían producir 75 megavatios y para eso concesionaron ríos y cuencas hidrográficas y querían hacer un trasvase de 14 Km del río. Primero entraron a realizar estudios, destruyeron plantaciones y pastizales, nosotros desconocíamos los objetivos de la empresa, cuando comenzaron a destruir nuestras plantas comenzamos a averiguar de qué se trataba, y para que no averiguáramos nada la empresa nos comenzó a reprimir, pero la empresa ya tenía la concesión del 90% del caudal de los ríos.
El 3 de febrero del 2006 nos informamos que al día siguiente se iba a dar una audiencia para autorizar la concesión de las cuencas y ríos de Pangua, ese día nos reunimos unas 70 personas y decidimos frenar la audiencia, el 4 de febrero ya estaban todas la autoridades de la municipalidad, estatales y los representantes de la empresa. Los 70 comuneros de las diferentes comunidades frenamos la audiencia con un paro, y por ese paro, la empresa toma represalías, nos persiguió y nos criminalizó a tres hombres y dos mujeres acusándonos de robo y de organizarnos en pandillas, no tuvimos tiempo de defendernos e inmediatamente nos sacaron boletas de captura y nos comenzaron a perseguir.
El 2 de agosto del 2006 fuimos a un paro con unos 1000 compañeros con el fin de que salga la empresa, comenzaron a perseguir a los dirigentes y a los compañeros, la empresa contrató gente armada para controlar a las comunidades, por todas estas persecuciones pedíamos auxilio a las organizaciones nacionales e internacionales, con la ayuda de varias organizaciones comenzamos a hacer resistencia, gracias a esta lucha de resistencia de 3 años, unos 8000 compañeros unidos, logramos que la empresa salga. Unidos pudimos vencer a estas empresas que entran a querer dominar a los campesinos.
Vidalina Morales (Mesa Nacional Contra la Minería, El Salvador) -Minería
El Salvador es un país que vivió 12 años un conflicto armado interno, y nos dejó memorias imborrables, vimos derramar la sangre de nuestros padres y hermanos, dejando alrededor de 25.000 muertos. En 1992 se firman los acuerdos de paz, entran a gobernar en El Salvador gobiernos de derecha y ultraderecha, que en 20 años nos dejan un país vendido a las grandes empresas trasnacionales, nuestro país esta concesionado para hacer grandes construcciones de carreteras, puertos y cadenas hoteleras, a costa de desalojar a miles de pobladores que viven en la orilla de esas costas. Luego en función del “desarrollo” está en plan la construcción de la carretera que viene desde México hasta Panamá, y atraviesa nuestro territorio. Además se empiezan proyectos de minería. En el 2004 comenzamos a ver de qué se trataba la minería, y comenzamos un trabajo de información de los problemas de la minería, comenzamos con las bases luego se incrementó la lucha desde el ámbito local al nacional. Nos organizamos como mesa nacional antiminería en El Salvador. Desde el 2004 la empresa minera PACIFIC GREEN de capital canadiense ha buscado las concesiones pero no las ha conseguido por nuestra unión en la lucha. Hemos actuado pacíficamente y también realizado acciones de hecho, y ante esto igual se ha criminalizado la protesta, por lo que hay compañeros presos, heridos y desaparecidos, igual estamos, hasta el 2009 no se ha aprobado el proyecto de minería y seguramente no se va a aprobar ya que se han hecho cabildeos en la asamblea legislativa. Solo falta que el ejecutivo nos apoye. Igual sigue la intimidación de la empresa para que le cedan el permiso, hasta el día de hoy hay un compañero desaparecido. De las luchas de otros aprendemos mucho, conocer las luchas de ustedes nos dice que hay que estar mas unidos para que ni en Guatemala ni en Honduras se haga minería, es por esto que comenzamos una lucha binacional para detener estos proyectos en Cen
tro América.
Rosa Cabrera (Comuna la Tola, Provincia de Pichincha, Ecuador) -Minería
Compartir estas experiencias es nuestra universidad, nuestra lucha y nuestra forma de vida, porque siempre estaremos luchando para defender la tierra y el agua, porque es nuestra, y es herencia que nos dejaron nuestros antepasados y no podemos permitir que otros nos quiten. Tenemos documentos que testifican el derecho que tenemos sobre nuestro territorio que viene de antes de los incas, y que siempre supimos defender, por eso nuestra comuna llamada La Toglla, que significa el nudo invisible, ha permanecido como patrimonio ancestral, incluso estando tan cerca de la ciudad de Quito.
Vivimos la amenaza de intereses privados que quieren despojarnos de una parte de nuestro territorio para la explotación de material de construcción. Para amedrentarnos han llegado a las acciones más violentas y crueles, secuestraron a mi suegra y le cortaron las extremidades para después abandonarle al otro lado del cerro Ilaló, hemos recibido muchas amenazas y atropellos, nos impusieron una organización paralela corrompiendo a algunos miembros de la comuna, nos pusieron juicios penales y compraron a jueces por lo que tuvimos que estar en la clandestinidad por años. Pero igual sigo viviendo y sigo estando con ustedes, me siento alegre al sentir que hay gente de lucha. En total teníamos 37 acusaciones, hemos conseguido algunas amnistías, todavía nos quedan otras para defendernos, igual seguimos poniendo nuestra fuerza y nuestros ideales, porque nuestra lucha no solo es por nosotros sino por nuestros hijos y sus descendientes. Esto que estamos compartiendo nos hace abrir los ojos. Gracias a la unidad de mujeres, hombres y niños hemos seguido nuestra lucha, es necesario una gran unidad entre los pueblos y los países latinoamericanos para luchar y defender nuestra tierra y tener futuro como pueblos.
Serapio Laje (Vinces, Provinica de Los Ríos, Ecuador) -Hidroeléctrica
Las luchas de los pueblos se enmarca en defender la vida, el agua, la naturaleza, los derechos humanos, vengo de un pueblo que tiene 164 años de vida como cantón, de la provincia de Los Ríos que obviamente tiene mucha agua, el proceso de criminalización se me da por que luchamos contra la creación de una hidroeléctrica, que ya se tenía planificada hace muchos años.
El primero de febrero del 2007 en el cantón Vinces, el pueblo se levanta contra el alcalde para sacarlo del Municipio, hubo la toma pacífica del municipio, sin embargo se produjo la quema de éste, por este caso nos acusaron de terroristas y nos dieron hasta 15 años de cárcel a muchas personas entre ellos 15 hombres y mujeres, decidimos unirnos y se apeló a la Asamblea Nacional Constituyente ya no como defensores de la naturaleza sino como perseguidos políticos, sin embargo denunciamos que el Alcalde quería el 5% por la construcción de la hidroeléctrica.
La mesa 10 de la asamblea analiza el caso nuestro y decide que el 4 julio del 2008 se trate nuestro caso en el pleno de la asamblea, bajo circunstancias de presión obtuvimos la amnistía. Luchamos por todo un pueblo, inspirados en el concepto teológico de lo que es naturaleza y vida, pensando que este compromiso es por nuestra familia.
Rodrigo Aucay (El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador) -Minería
El 6 de Noviembre del 2006, encabezado por un grupo de valientes mujeres, se inició una marcha pacífica desde El Pangui a Gualaquiza, a esta marcha se sumaron más personas que exigían a la empresa que aclare los efectos de la minería a gran escala y a cielo abierto. Como no fue escuchada la demanda, se siguió caminando hasta la empresa Ecuacorriente, y esta empresa selecciona a 45 trabajadores para darles armas de grueso calibre y en complicidad con el ejército, uniformes y dinamita. Ellos emboscaron a la marcha que en ese momento era de unas 250 personas, incluidas personas de la gobernación, de la prefectura y la municipalidad. Al llegar la policía comienzan a atacarnos incluso con dinamita, hiriendo a 15 personas incluidos a la policía.
Esto provocó que las personas se tomen Chuchumbletza, se hizo una resistencia grande, con esta presión se logro que se reúnan delegados del estado y se logró que se firme un documento con el compromiso de cerrar la empresa minera Ecuacoriente, la hidroeléctrica Hidroabanico, entre otras. Las empresas no hacen caso a la orden del ejecutivo, por lo que las poblaciones de algunos lugares de Morona Santiago tomaron la decisión de dar un ultimátum hasta el 28 de noviembre, como el delegado del gobierno no firma el acuerdo de suspensión, el primero de Diciembre se hizo un llamado nacional, y 5000 ciudadanos marchan a la empresa ECUACORRIENTE para exigir que salga esta empresa. El ejército cercó un puente para que la población no siga, la población se quedó en las riberas del río, y cansada, al otro día comenzó a cortar las cercas, lo que provocó un enfrentamiento entre la población y el ejército, seguimos avanzando, por lo que hubo 19 personas secuestradas ente ellos el compañero Salvador Quispe, incluso pretendieron violar a una compañera, muchos compañeros heridos con 7 o más balazos, pese a esto la lucha se mantuvo y hubo 122 días de paralización, estábamos juntos y recibimos el respaldo y apoyo de muchas organizaciones nacionales e internacionales.
Ahora hay 70 ciudadanos entre hombres y mujeres enjuiciados. Yo tengo 27 juicios, muchos de ellos repetidos, la empresa pagaba para que se testifique en mi cont
ra, me pusieron acusaciones de muchos delitos, la empresa me puso 3 juicios, y los perdió, los otros 24 juicios estaban con procesos de avances para una orden de captura. Nos reunimos con otros compañeros también perseguidos para que se pueda pedir la amnistía, pese a que trataron de dividirnos entre nosotros y nuestras familias, para que la gente se canse y deje de apoyarnos.
La empresa ya no pudo hacer nada, ahora la lucha ya no es con la empresa, sino con el gobierno, es así que el 17 de noviembre se hace una movilización, para exigir que se pongan nuestros pedidos en la ley de minería, que todavía estaba debatiéndose, la policía nos apresó a 6 personas, pero gracias al respaldo de la gente que fue a apoyarnos cuando se dio la audiencia los fiscales ordenaron nuestra libertad.
Debido a que no había respuesta para que se cambie la ley minera, decidimos cerrar las carreteras el 5 de diciembre, llego la policía, y como no hubo dialogo se dio un enfrentamiento con la gente, vino un representante del ministerio de gobierno y ordenó que se limpie el enfrentamiento, lazaron bombas en las casas, no se respetó a nadie, ni a niños, ancianos, o mujeres embarazadas, mucha gente se lanzó al río. La policía de Gualaquiza y de Zamora dispararon a toda la gente, por lo que la gente también comenzó a disparar, pese a esto el pueblo ganó la batalla, el 7 de diciembre llega el ejército para sacar a los dirigentes, acusados de terrorismo y sabotaje. El 21 de enero del 2009 se cierra la vía en Morona Santiago, en la madrugada se captura a 4 compañeros que pasaron alrededor de 30 días en la cárcel de Macas. Hasta ahora sigue el juicio de los compañeros.
Nuestras armas son nuestras voces, hoy la lucha no es contra las empresas sino contra el gobierno por que el propio Presidente ha tratado de llegar a esos lugares para confundir, incluso dice que la ganadería contamina más que la minería a gran escala. Permanentemente estamos vigilados por la policía y la inteligencia militar, pero lo que hacemos es vencer al medio y unificarnos para estar en contra de la destrucción, la contaminación y la muerte.
3. CONCLUSIONES
Se plantea la posibilidad de proyectar el trabajo hacia la construcción de un mundo mejor, más digno, justo (la felicidad como proyecto), con el involucramiento de los defensores y las defensoras de la naturaleza a partir de sus destrezas e inspirados en la necesidad de mantenerse unidos (la unión hace la fuerza) y en actitud de desplegar una movilización por la solidaridad (tocan a uno, tocan a todos).
Son necesarias estrategias de protección para antes y después de la criminalización. Antes, para prevenir el acoso, el hostigamiento, la judicialización. Después, para poder hacer frente a los hechos consumados. Entonces, qué hacer?
Se proponen siete líneas de acción para obtener resultados que posibiliten trabajar unidos, la única manera de enfrentar la criminalización:
– DENUNCIAR, luchar contra el silencia, que se sepa lo que pasa, contar con una estrategia de comunicación
– UTILIZAR mecanismos, instituciones, instancias nacionales e internacionales, etc. Para denunciar, para poner acciones para que se sancione, para la reparación. A nivel internacional se pueden usar acciones urgentes que desencadenan , activan, acciones cascada sobre el Estado para prevenir; por ejemplo medidas cautelares (CIDH, ONU) para demandar protección a personas vulnerables.
– DOCUMENTAR lo que hacemos y para que en el futuro sean posibles acciones de reclamo. Este es plano fáctico y probatorio
– VIGILAR, controlar, monitorear, dar seguimiento, contar con sistemas de alerta, qué pasa con los otros, adelantarse a los hechos
– PARTICIPAR, y también los otros, por ejemplo las mujeres, los jóvenes, niños. Que la gente perciba los problemas pues así es más fácil enfrentar la criminalización
– ACOMPAÑAR, para que nadie esté solo. La soledad es el peor aliado. El acompañamiento disminuye los riesgos, los previene.
– COMPARTIR, para aprender de las luchas de los otros, para aprender lo que se debe hacer y lo que hay que evitar
A partir de las experiencias de lucha y resistencia presentes se recogen varias iniciativas que podrían ser válidas para el trabajo, entre otras:
consultas locales,
aprovechar prohibiciones legales de afectación al agua,
generar coaliciones, redes, asambleas y redes de asambleas,
concienciar sobre lo esencial que resulta que un proyecto no cuente con la licencia social (derecho al consentimiento – al veto),
organización de foros con personajes claves (personalidades) para tender puentes con otros actores sociales,
socialización del problema,
tener una comunicación activa, llegar a los medios a través de periodistas claves,
recurrir a tribunales nacionales e internacionales,
articular acciones jurídicas, técnicas y políticas
Sobre la base de estas consideraciones, se acuerda:
– compartir información sobre los casos a través del correo electrónico
– llamarnos a la solidaridad para el seguimiento, reparaciones y también para prevenir daños
– tener cuidado al abordar la problemática de la criminalización, de manera que no se restrinja a “casos emblemáticos”, que muchas veces ocultan el hecho de que la criminalización es consustancial al modelo de desarrollo
– compartir experiencias de lucha
– denunciar las atrocidades, las estafas y las falacias de las empresas
– golpear estratégicamente (esto puede significar ir más allá de lo local, incluso actuar internacionalmente)
– hacer periodismo mural, graffitis, etc
– recuperar, revitalizar espacios de coordinación que fueron debilitados como parte del proceso de hostigamiento de parte del Estado y/o las empresas
– tener presente la relación con las garantías de las inversiones promovidas por los tratados de libre comercio, y las que otorgan los contratos de concesión
– visibilizar a los defensores y las defensoras como actores políticos
– explorar mayores potencialidades de instancias internacionales como la CIDH
– ejercer presión por el no otorgamiento de amnistías resueltas por la Asamblea Constituyente en el Ecuador
– reivindicar el derecho al consentimiento y el principio de precaución
– denunciar, alertar, sobre manipulación de la participación
– vincular estrategias jurídicas y políticas
– voz de las comunidades y de los pueblos debe ser escuchada a nivel mundial