Estado ecuatoriano no acude a la CIDH para tratar situación de defensores de DD.HH

Alrededor de una hora y media, los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escucharon a los representantes de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en el 163º Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión que se desarrolló hoy, 7 de julio de 2017, a las 11:00, en la ciudad de Lima- Perú.

Las tres organizaciones, solicitaron una audiencia sobre “Denuncias de violencia y hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Ecuador” para evidenciar el vínculo entre la falta de protección a defensoras y defensores de derechos humanos en el desempeño de su trabajo y la falta de debida diligencia en investigaciones penales cuando sufren amenazas, hostigamientos y hasta asesinatos en su contra.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien presidió la audiencia temática, expresó que está audiencia no es un espacio de confrontación entre la sociedad civil y el Estado, y dijo que la comparecencia de los Estados permiten hacer un análisis de las situaciones que ahí se presentan. Con ella coincidió, el relator de defensores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos José de Jesús Orozco que lamentó la ausencia del Estado e indicó que esto obstaculiza a la Comisión al momento de cumplir con su labor. Además, reiteró la necesidad  de seguir recibiendo información del Estado sobre el tema tratado.

Al instalarse, la audiencia Arosemena leyó la carta del Estado ecuatoriano que se excusa de asistir a la audiencia porque asegura que los temas planteados y las organizaciones peticionarios
ya han tratado esos temas en anteriores audiencias. Además, de que se tratan de casos particulares lo cual contradice el mandato de la Comisión.

Ante la ausencia de los funcionarios del Estado ecuatoriano, la audiencia inició con los peticionarios Mirella Tonato, asistente legal de INREDH; Jorge Herrera, presidente de la CONAIE; Harold Burbano, asesor legal de INREDH y Francisco Hurtado, asesor legal de CEDHU, respectivamente.

Los peticionarios alegaron que cuando una persona defensora de derechos humanos es agredida, amenazada, hostigada o incluso asesinada, el Estado no investiga de manera diligente esos casos. Asimismo, indicaron que existen circunstancias en las que se realizan investigaciones deficientes y poco efectivas para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas de esos casos. Y en contraposición denunciaron que se hace uso del sistema penal para perseguir las actividades de las y los defensores y en ese caso las investigaciones son rápidas y derivan, en algunos, casos en sentencias condenatorias.

En la audiencia, se presentaron distintos casos de defensores de derechos GLBTI, defensores de derechos humanos, territoriales y de la naturaleza, personas pertenecientes a pueblos indígenas; casos como el de Maico Ordóñez, Freddy Taish, José Tendetza, Esther Landeta, Paulina Muñoz y Telmo Pacheco, quienes por falta de protección del Estado, han sufrido vulneración de derechos y sus casos siguen en la impunidad. Estos casos permiten mostrar la ausencia de políticas públicas tanto para la protección de las y los defensores como de los esfuerzos del Estado para evitar que deficientes investigaciones deriven en casos que quedan finalmente en impunidad.

Según Mirella Tonato, asistente legal de INREDH, el objetivo de la audiencia, fue entregar y exponer información sistematizada sobre la falta de investigación y desprotección en casos de violencia y amenaza en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Expresó además, que las personas defensoras de derechos humanos se encuentran desprotegidas, esto debido a que no existe imparcialidad por parte de los operadores de justicia.

Harold Burbano, asesor legal de INREDH, fue enfático al decir que es obligación del Estado, generar un entorno propicio para los defensores y defensoras de derechos humanos.

Francisco Hurtado, abogado de CEDHU enfatizó que la protección judicial de defensores no se restringe a la existencia formal de un recurso, sino sobre la necesidad de que sea efectivo, es decir, que se realicen las investigaciones con la debida diligencia conducentes a conseguir la verdad, justicia y reparación.

El presidente de la CONAIE, señaló que la criminalización de la protesta social es una falta de respeto a los derechos humanos, lamentó la ausencia del Estado y recordó que el trabajo de defensores de derechos humanos aporta al diálogo democrático y la construcción del Estado Plurinacional

Finalmente se insistió en la necesidad de derogar el delito de ataque y resistencia en el que se sustentan varios casos de criminalización y que se procese el pedido de amnistía en la Asamblea Nacional, y por otra parte se anunció que el día de ayer, 6 de julio, se presentó ante la CIDH una denuncia por la deficiente investigación que derivó en impunidad en el asesinato de José Tendetza Antún.

En la audiencia, se reprodujo un video con testimonios de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido hostigados en Ecuador. 

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