Familia de Juliana Campoverde solicita reunión técnica para el cumplimiento de sentencia, por segunda ocasión

En la mañana de hoy, 18 de enero de 2021, Elizabeth Rodríguez con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), entregó al ministro de gobierno, Patricio Pazmiño, un segundo oficio para el requerimiento de acciones diligentes por el cumplimiento de la sentencia en el caso de su hija Juliana Campoverde.
El 22 de mayo de 2020, la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha emitió la sentencia escrita en el juicio de Secuestro Extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, joven de 19 años que desapareció el 7 de julio de 2012. En este documento no solo se ratificó la culpabilidad de Jonathan Carrillo, sino que, además, se especificaron una serie de medidas de reparación integral por la desaparición de Juliana.
Luego de que la Corte decidió por unanimidad, inadmitir el recurso de casación presentado por el pastor, el día 16 de noviembre de 2020, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito ratificó la sentencia anterior.
Tras no existir respuesta ni acciones por parte de las organizaciones estatales y gubernamentales, Elizabeth Rodríguez entregó un primer oficio el 13 de diciembre de 2020 para realizar una reunión técnica con las autoridades competentes del caso, sin obtener respuesta.
Ante esto, la familia de la joven entregó nuevamente un oficio con los mismos requerimientos, enfocándose “en la importancia de coordinar de manera apropiada el cumplimiento de la sentencia escrita, tanto sobre la búsqueda del cuerpo de Juliana, así como las otras medidas de reparación integral”, se menciona en el escrito.
Para Pamela Chiriboga, asesora legal de Inredh y abogada del caso, al tener la sentencia un carácter obligatorio, el Ministerio y otras instituciones públicas, tienen la  responsabilidad de ejecutar el cumplimiento. En el caso del Ministerio, su obligación no es solo la búsqueda del cuerpo de Juliana, que es la medida más importante de la sentencia,  sino la determinación del monto de recompensa para información; así como la verificación de los requisitos de la Iglesia Oasis de Esperanza (con cualquier nombre que tenga) para su existencia jurídica.
Chirigoba concluye que es necesario una respuesta estatal rápida. “Es lo menos que el Estado ecuatoriano puede hacer luego de 6 años de falta de respuesta en el caso”.