Fiscalía de Orellana convocó a Carlos Jipa, dirigente indígena y defensor de derechos humanos, a dar su versión dentro de una investigación por instigación

Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unidas de la Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), acudió la mañana de este jueves 8 de abril de 2021, a la Fiscalía de Soluciones Rápidas 5 de Puerto Francisco de Orellana, para rendir su versión de los hechos, dentro de la investigación por el presunto delito de instigación.
En la denuncia presentada el 8 de septiembre de 2020 por Jaime Oña, juez que conoció la acción de protección por el derrame de petróleo del pasado 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana, aseguró que a partir de su negativa en la decisión dentro de la acción constitucional presentada por la FCUNAE y otras organizaciones fue atacado por redes sociales. 
La comparecencia del dirigente indígena se convocó dentro de la investigación previa que se abrió tras esta denuncia, debido a que Carlos Jipa como dirigente de la Fcunae ha sido uno de los voceros principales sobre la demanda constitucional presentada por las comunas Kichwas afectadas por el derrame de crudo ocurrido el pasado 7 de abril, considerado uno de los peores en los últimos 15 años.
En el documento, se hace referencia a dos páginas de facebook: página de la “Fcunae Apuk” y la página “Cómo lo hacen Orellana” en el que se le indica al juez Jaime Oña que «se le da 72 horas para que salga de Orellana o se le aplicará justicia indígena».
Para Jipa, el considerar a la justicia indígena como una amenaza constituye un acto discriminatorio hacia sus prácticas ancestrales. “Lo que buscamos con la justicia indígena es iniciar un proceso de sanación con la persona que se ha equivocado, en ningún momento esto representa una amenaza o intimidación a terceras personas”.
Además, dentro del expediente, el 1 de diciembre de 2020, el juez Oña hace alusión que el último día de audiencia de la acción de protección, las abogadas y abogados de los accionantes “toman una actitud desafiante y subidas de tono”. Es así que la Fiscalía también llamó a rendir versión a Sylvia Bonilla, Lina Maria Espinoza, Viviana Idrovo, Luis Xavier Solis y Julio Prieto, abogadas y abogados defensores de derechos humanos que representaron a las comunidades en la dicha acción constitucional. 

Estas diligencias fueron fijadas para el día de ayer 7 de abril, fecha en la que representantes de las 109 comunidades afectadas conmemoraron, mediante una marcha y plantón en la Fiscalía Provincial de Orellana, un año del derramamiento de  alrededor de 15.000 barriles de crudo en el río Coca y Napo, pero, por declaraciones del fiscal provincial, Pío Palacios, se indicó que el fiscal encargado de la toma de versiones, no se encontraba en las instalaciones.
Sin embargo, cuando los abogados y abogadas se acercaron a la institución para ratificar su presencia, el fiscal encargado les señaló que sí se encontraba en la Fiscalía. Durante hora y media que duró la diligencia, Jipa resaltó su calidad de dirigente y líder de las comunidades afectadas por el derrame de crudo del 7 de abril; aseguró, además, que nunca antes había sido llamado por la Fiscalía para rendir versión y que justamente cuando lleva el liderazgo de la FCUNAE sucede esto. 
“Desconozco el origen de las publicaciones a las que hace referencia la denuncia de Oña”. Además, Jipa explicó que los pronunciamientos oficiales de la organización se hacen públicos a través de ruedas de prensa o comunicados oficiales con firmas de responsabilidad. 
La abogada Luisa María Villacís, asesora legal de Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), señaló este caso como una forma de criminalización a defensores y defensoras de derechos humanos. “Es alarmante que se instrumentalice al derecho penal como una forma de persecución a dirigentes indígenas que luchan por la defensa de los derechos de su pueblo”, concluyó la abogada.