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Ante las jornadas de protesta social y la actuación de los órganos de seguridad del Estado, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) manifiesta lo siguiente:
- Lamentamos que el gobierno haya esperado un estallido social para llamar a un diálogo que debió haberse hecho con anterioridad. El diálogo no es un discurso, sino un cúmulo de acciones de buena fe que busca acercar posiciones.
- El diálogo tampoco es la socialización de la agenda gubernamental en espera de una aceptación sin cuestionamientos por parte de sectores organizados de la sociedad civil. Un diálogo implica la revisión de las propuestas de las partes, por más antagónicas que sean, y buscar consensos cediendo posiciones mutuamente.
- Lamentamos la respuesta violenta de los órganos de seguridad del Estado y la infiltración de agentes gubernamentales en el seno de la protesta social. Además, le recordamos al Gobierno Nacional que no nos encontramos en un estado de excepción; por tanto, las Fuerzas Armadas tienen funciones específicas y en ningún caso, pueden ser usadas para contener o reprimir las manifestaciones sociales.
- Exhortamos a la Fiscalía General del Estado y al Sistema Judicial a mantener su independencia y no dejarse presionar por el poder político; además le exhortamos a investigar las acciones de los agentes de seguridad del Estado y su responsabilidad en el uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y en la provocación deliberada de actos violentos. Finalmente le recordamos a la función judicial que considere que la prisión preventiva es una medida excepcional.
- Exhortamos al movimiento indígena y a los demás movimientos sociales a cuidar y proteger la protesta social, evitando actos de violencia, para lo cual sugerimos la conformación de brigadas de seguridad que identifiquen a las personas responsables de estos actos, determinen su origen y pertenencia, y los sancionen en el marco de sus propias costumbres. Un grupo de personas infiltradas o de aquellos que buscan la confrontación violenta no pueden convertirse en excusa para desacreditar una protesta social legítima, como la que se está viviendo en estos días.
- Exigimos al gobierno que dé las directrices necesarias para que la fuerza pública no impida las actividades de periodistas, en especial periodistas comunitarios, y de todos quienes monitoreamos la protesta social; así como tampoco impida la asistencia legal a las personas que son detenidas, pues toda persona tiene derecho a la defensa y a un debido proceso. De igual forma, exhortamos a las personas manifestantes a respetar las labores de cobertura periodística.
Consejo Político de INREDH