Este lunes 16 de diciembre de 2019 se tenía previsto que se instalé la cuarta audiencia para verificar el cumplimiento de las medidas de reparación en el caso Turi, que registra los actos de tortura, tratos crueles e inhumanos contra las personas privadas de la libertad del pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Social Turi, Cuenca en el año 2016.
La audiencia no se dio a cabo por la ausencia de los representantes del Ministerio del Interior (actual Ministerio de Gobierno), Ministerio de Justicia (actual Servicio Nacional de Atención Integral a Personas adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores – SNAI), Procuraduría General del Estado, Defensoría del Pueblo, entre otros.
La audiencia convocada por el juez José Peralta Parra buscaba continuar con la revisión de la sentencia dictada, dentro del recurso de hábeas corpus, a favor de las personas privadas de la libertad que fueron víctimas de tortura el 31 de mayo de 2016. Este hecho ocurrió durante un operativo para requisar objetos prohibidos al interior del pabellón.
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Para Pamela Chiriboga, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), es preocupante la inasistencia de las dos instituciones accionadas como son los dos ministerios, así como la ausencia de la Defensoría del Pueblo que es la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de las siete medidas de reparación.
«La ausencia de los representantes de las entidades del Estado en esta nueva audiencia genera preocupación porque son ellos quienes tienen la responsabilidad para que, casos de tortura como el sucedido en el caso el Turi, no se vuelvan a repetir. Lastimosamente, mientras no exista un proceso de reparación no se podrá asegurar el cumplimiento efectivo de la justicia ni un progreso real dentro de una de las poblaciones vulnerables del Ecuador como los son las personas privadas de la libertad».