La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por estos organismos de derechos humanos a la situación de criminalización de la justicia indígena en Ecuador.
Mediante una misiva pidieron a las relatorías de Pueblos Indígenas de los dos organismos solicitar al Estado ecuatoriano información sobre el trámite de amnistías que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional del Ecuador, con el fin de que el ente legislativo contemple los estándares internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas en su resolución.
Además, se recordó que la Constitución del Ecuador en su artículo 1 señala que el país es un estado constitucional de derechos y justicia caracterizado por ser intercultural y plurinacional; por lo tanto, reconoce los derechos de los pueblos indígenas en su artículo 171 que declara como derecho colectivo de los pueblos el derecho a la justicia indígena. “El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas.”
Sin embargo, durante varios años la justicia indígena ha sido víctima de deslegitimación y persecución legal. Actualmente, son 20 hombres y mujeres pertenecientes al Consejo de Justicia Indígena de San Pedro de Cañar que han sido procesados por tipos penales como el secuestro, secuestro extorsivo y daño al bien ajeno. Cuatro de ellos, se encuentran privados de libertad hasta la fecha presente. Con la emergencia sanitaria que atraviesa el país, la integridad, salud y vida de las autoridades encarceladas se encuentran amenazadas.
Hoy, 22 de julio de 2020, el pleno de la Asamblea Nacional, conformada por 137 asambleístas, analizará la solicitud de las 20 autoridades indígenas criminalizadas por administrar justicia indígena. El pasado 8 julio, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó un informe favorable para la solicitud de amnistía donde se informó que: “La amnistía en favor de los líderes y miembros de la Comunidad de San Pedro del Cañar constituye una forma de reparación histórica y reconocimiento del derecho a la verdad y justicia”.
Para Luisa Villacís, asesora legal de INREDH, el seguimiento que pudieran realizar los organismos internacionales al estado ecuatoriano sobre la criminalización de autoridades indígenas, juega un papel fundamental sobre todo en el escenario actual del tratamiento de amnistías. Hay que recordar que, Ecuador tiene compromisos internacionales pues ha ratificado instrumentos que demandan una mayor protección a los pueblos y comunidades indígenas.
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