Luego de tres horas, en la reinstalación de la audiencia pública, el juez constitucional Ángel Mestanza aceptó la tarde de este jueves, 18 de marzo de 2020, la acción de protección con medidas cautelares en contra de ocho instituciones públicas por la falta de política pública integral de rehabilitación social.
La decisión adoptada determina que se han vulnerado los derechos de las personas privadas de la libertad en Ecuador a la rehabilitación, a la igualdad y no discriminación, a la salud, educación, trabajo y a la seguridad penitenciaria; en relación al Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario,
Después de declarar la vulneración de estos derechos, el magistrado estableció como medidas de reparación integral que:
- Se establezca una política pública integral, en la que participen las instituciones públicas demandadas, en el plazo máximo de un año.
- Se garantice por parte del Estado un nivel de vida digno de las personas privadas de libertad, con el objetivo de evitar el hacinamiento.
- Instaurar mecanismos diferenciados entre mínima, máxima y media seguridad.
- Establecer políticas de capacitación para agentes penitenciarios.
- Tomar medidas radicales para erradicar el tráfico de armas y de drogas.
- Implementación de mecanismos en los que puedan participar academia y sociedad civil para entablar un diálogo que permita mejores soluciones a nivel estructural y así reformar el sistema penitenciario.
- La Defensoría del Pueblo deberá realizar informes trimestrales sobre el cumplimiento de la sentencia.
La diligencia se desarrolló de manera virtual por la plataforma Zoom a partir de las 14:14 y contó con la participación de la Presidencia de la República; Asamblea Nacional; Consejo de la Judicatura; Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI); Ministerio de Gobierno; Fiscalía General del Estado (FGE); Secretaría Nacional de Planificación y la Procuraduría General del Estado, que fueron las instituciones accionadas en este caso.
Por su parte, Luis Ricaurte, de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador señaló que no se demostró violación de derechos humanos alguna. Asimismo, David Noboa de la Procuraduría General del Estado aseguró que no existen insumos para ratificar la violación de derechos humanos en este caso y solicitó se revoquen las medidas cautelares.
Sin embargo, el juez señaló, con respecto a las medidas cautelares, que no informaron sobre la ejecución de las mismas, por lo cual no es procedente su revocatoria y las ratificó. Dichas medidas cautelares establecen que el presidente de la República, Lenin Moreno, a través de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, convoque al Directorio del Sistema Nacional de Rehabilitación para que, en el término de 5 días, con la participación directa de la Defensoría del Pueblo, autoridades académicas, los accionantes y las demás entidades estatales demandadas adopten las medidas necesarias para eliminar la sobrepoblación carcelaria del país.
Desde la Defensoría del Pueblo (DPE) se aseguró que existe una sobrepoblación en los centros de rehabilitación. “Existe una falta de equipos tecnológicos, limitado personal para el control de las personas recluidas, falta de espacios adecuados para la alimentación y estructura deteriorada”, denunció Gabriela Hidalgo, representante del Mecanismo Contra la Tortura de la DPE.
Luego de que el juez dio a conocer la sentencia, todas las instituciones demandadas presentaron de manera oral su apelación. Ante esto, Pamela Chiriboga, coordinadora del área jurídica de Inredh, explicó que aunque el recurso de apelación se haya presentado, éste no tiene efectos suspensivos es decir, no se suspende el cumplimiento de las medidas de reparación integral por lo que son inmediatas.
El siguiente paso, según David Cordero, director del Centro de Derechos Humanos PUCE, será exigir el cumplimiento de las medidas de reparación integral, para que se dé una solución integral al sistema penitenciario.
CONTEXTO
El Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH – PUCE) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron esta acción de protección ante los hechos violentos del sistema penitenciario, especialmente los suscitados el pasado 23 de febrero en cuatro centros de privación de la libertad.
Según el documento de la acción de protección, “en el 2020 la reducción del presupuesto fue de 43% y en el 2021 se aumentó sólo 8 millones y por esto, la planificación anual ha tenido que ser readaptada en relación con el presupuesto, lo que ha causado que aumenten los detenidos, los programas de rehabilitación se reduzcan y empiecen los primeros motines”.