Alejandro Torres Rivera |
20/08/2009 |
Las bases militares en la región La relación entre Colombia y Puerto Rico |
ALAI AMLATINA, 20/08/2009.- La revelación de las negociaciones desarrolladas entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos para el desplazamiento oficial de este segundo país en territorio colombiano de tropas militares y cientos de contratistas civiles en siete instalaciones militares ha abierto nuevamente el debate sobre la estrategia militar de Estados Unidos en la región.
En un artículo publicado en la prestigiosa revista Foreign Affairs en su edición de mayo-junio de 2002 titulado Transforming the Military, de acuerdo con el entonces Secretario de la Defensa Donald Rumsfeld, el esfuerzo de transformación militar iniciado por Estados Unidos era necesario verlo en sí mismo como un proceso y no como un evento. Esta concepción partía de la premisa de que una transformación revolucionaria en la conceptualización de las fuerzas armadas de cualquier país no podía depender estrictamente de la construcción de nuevas armas basadas en alta tecnología, sino de la forma en que se piensa y desarrollan las nuevas formas de llevar a cabo la guerra, permitiéndole a las Fuerzas Armadas adaptarse a los nuevos retos. Es esta la visión que orientó el proceso de transformación en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a partir del fin de la Guerra Fría y la entrada de Estados Unidos a la última década del Siglo XX.
En esta transformación se identificaron, entre otras, la vulnerabilidad militar de Estados Unidos ante nuevas formas de terrorismo, sus redes informáticas y sus activos en el espacio y la falta de defensas frente a un ataque con misiles balísticos o con misiles crucero y frente a armas nucleares, químicas y biológicas. Para proteger la seguridad de Estados Unidos se planteo el fortalecimiento del denominado “U. S. Homeland Security” y sus bases en ultramar; la protección y sostén de su poder en teatros de guerra distantes; negarle a los enemigos de Estados Unidos la permanencia de “santuarios” o lugares seguros; la protección de sus redes de información contra ataques; la utilización de la información obtenida mediante el uso de tecnología con el propósito de vincular las diferentes ramas de sus Fuerzas Armadas, de manera que funcionaran integradas unas con otras; y finalmente, mantener un acceso sin dificultades al espacio y la protección de sus capacidades espaciales ante un ataque enemigo.
El Secretario de la Defensa postuló entonces que Estados Unidos debería sostener su proceso de transformación militar a partir de la premisa de que las guerras del Siglo XXI requerirían un incremento en las operaciones económicas, diplomáticas, financieras, policiacas e inteligencia, al igual que en operaciones militares abiertas y encubiertas; la capacidad para mantener una efectiva comunicación en el campo de batalla; enfocar la ayuda que Estados Unidos habría de recibir de terceros países en lo que fuera permisible y necesario para ese país; la formación de alianzas donde la misión a llevar a cabo debe ser la que en última instancia determine la formación de la misma; el desarrollo de acciones preventivas, llevando la guerra hasta donde se encuentre el enemigo; llevar a la percepción del enemigo que Estados Unidos está dispuesto a utilizar cualquier medio o fin para derrotarlo, independientemente de los sacrificios que conlleve; la importancia que juegan las operaciones de tierra y el incremento en las campañas aéreas; y finalmente, informar al país lo que Estados Unidos hace.
Ciertamente en no todas las ocasiones Estados Unidos ha llevado a cabo estos enunciados con la claridad y certeza propuestos. Ciertamente, sin embargo, tal ha sido su agenda tanto en sus esfuerzos internos en materia de seguridad como también en los dos conflictos principales que ha venido llevando a cabo en Iraq y Afganistán. En América Latina, sin embargo, los llamados planes defensivos de Estados Unidos han ido desarrollándose, no en forma discreta, pero si opacados por los conflictos bélicos principales que Estados Unidos libra a escala mundial.
En Puerto Rico, en el Plan Unificado de Comandos vigente al 1999, se asignó al Comando Sur la responsabilidad de implantar la política militar “defensiva” de Estados Unidos en el “Área de Responsabilidad” asignada ante las siguientes amenazas: la emigración ilegal, el tráfico de armas, el tráfico ilegal de drogas, el crimen, la corrupción y la seguridad militar de Estados Unidos”. Bajo la llamada “nueva arquitectura militar” en la región, según testimonio presentado por el General Peter Pace ante el Comité de Asuntos Armados del Senado de Estados Unidos el 27 de marzo de 2001, la misma la componía:
a) El Comando Sur, con sus componentes principales que incluían el Ejército Sur (USARSO), las Fuerzas Navales del Comando Sur (USNAVSO) y el Comando de Operaciones Especiales del Comando Sur (SOCSOUTH), todos ellos ubicados entonces en Puerto Rico junto a la Guardia Nacional y la Reserva como Fuerzas Auxiliares;
b) Las denominadas “Forward Operations Locations (FOLs), establecidas para compensar la pérdida de las instalaciones en Panamá. Estas estaban compuestas por Manta, Ecuador (para las operaciones en Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela); Aruba-Curazao (para operaciones en el Caribe Oriental y la región norte de Venezuela y Colombia); Comalapa en El Salvador (para las operaciones en el Pacífico Oriental, el Caribe Occidental y Centro América).
c) Cuarteles y Bases que incluyen el componente aéreo del Comando Sur, localizado en la Base Aérea Davis-Montham en Arizona; el Componente de la Infantería de Marina Sur, localizado en Miami, Florida; la Fuerza Aérea Inter-agencial de Tareas Este (JITF-E), localizada en Cayo Hueso, Florida y utilizada para operaciones anti narcóticos en zonas de origen y tránsito; el Centro de Operaciones Conjunto de Reconocimiento y Vigilancia Sur, responsable de recibir información recopilada por aviones AWACS, los radares de tierra y el ROTHR en Puerto Rico; y la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-B), localizada en la Base Soto Cano de Honduras, que provee apoyo y respuesta mediante helicópteros en misiones del Comando Sur en América Latina y el Caribe.
d) La Base de Operaciones para el Apoyo de Esfuerzos Internacionales (OBAT) localizada en las islas Turkos y Caicos en Nassau, Bahamas para atender el flujo de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos.
e) “Weedeater”, un dispositivo que conduce el Caribe Oriental donde el Departamento de la Defensa provee helicópteros para las “naciones huéspedes y agencias de interdicción” y de la DEA para la erradicación de la marihuana.
f) Programa de Educación y Entrenamiento Militar Internacional (antes Escuela de las Américas), para proveer educación profesional a personal militar y civil seleccionado.
Con el cierre de Roosevelt Roads, y del Área de Tiro y el Área de Maniobras de la Flota del Atlántico en Vieques, Puerto Rico en mayo de 2003, las operaciones que desde nuestro país venía desempeñando el Comando Sur fueron modificadas, trasladándose a la Florida el Ejército Sur, el Comando de Operaciones Especiales del Comando Sur, las Fuerzas Navales del Comando Sur y las operaciones de guerra submarina y anti submarina, desembarco anfibio y área de tiro de la Flota del Atlántico a otros estados de la Costa Este. Ciertamente tales cambios alteraron la importancia militar estratégica hasta entonces adjudicada a Puerto Rico. Sin embargo, lo anterior no significa la pérdida de importancia militar de Puerto Rico en los planes de dominación geopolítica de Estados Unidos en la región.
El 1 de octubre de 2002 se produjo un nuevo Plan de Comandos Unificados donde las áreas de responsabilidad entre el Comando Sur y un nuevo Comando del Norte fueron establecidas. En la distribución, Puerto Rico quedó integrado dentro del Comando del Norte, a quien se le asignó como responsabilidades: la planificación y conducción de apoyo militar para la estabilidad, seguridad, transición, operaciones de reconstrucción, ayuda humanitaria y ayuda en situaciones de desastres; la planificación y participación de misiones que se asignen a nivel global; la lucha contra las armas de destrucción masiva y el desarrollo de un sistema global anti misiles; actividades de respuesta a enfermedades; operaciones contra redes terroristas; defensa del “Homeland” y el apoyo a autoridades civiles en misiones oficiales. Como puede notarse, bajo este nuevo Plan la función militar de Puerto Rico se alejó de la zona de operaciones tradicional de Estados Unidos hacia América Latina.
El 17 de diciembre pasado el presidente saliente de Estados Unidos firmó un nuevo Plan Revisado de Comandos Unificados donde, además de Puerto Rico, Islas Vírgenes, Bahamas y las islas Turkos y Caicos, todas ellas localizadas en la región del Caribe, pasan a formar parte del Comando del Norte, segmentando aún más esta región caribeña del Comando Sur. Dentro de todas estas modificaciones, sin embargo, un país ha venido sustituyendo a Puerto Rico en la configuración de dominación militar de Estados Unidos hacia América Latina: ese país es Colombia.
De hecho, la planificación quinquenal del Plan de Comandos Unificados no se da con independencia de cuál sea el Presidente en funciones en Estados Unidos o a cuál partido éste responda. Se trata de decisiones estratégicas de carácter militar donde el Presidente, como Comandante en Jefe, sencillamente ratifica las recomendaciones y decisiones del Estado Mayor Conjunto y del Secretario de la Defensa.
El próximo cierre de la Base de Manta en Ecuador, junto con el avance de los procesos políticos en este país, y de sus vecinos en la región como Venezuela y Bolivia, y en América Central de Nicaragua y El Salvador, unido a los cambios en la configuración militar en Puerto Rico, han hecho que Estados Unidos procure acentuar su presencia militar en la región por otra vía. El acceso a las zonas portuarias de Malambo y Cartagena en el Mar Caribe y de Málaga en el Océano Pacífico; junto a los acceso a la base de la Fuerza Aérea de Palanquero y las instalaciones militares de Larandia, Tolemaida y Apiay vienen a proporcionar a Estados Unidos una nueva arquitectura desde la cual afianzar su poder militar en la región, particularmente frente a aquellos países donde hoy se viven procesos revolucionarios.
Aún así, afirmar que ya Puerto Rico carece de importancia militar para Estados Unidos no es del todo correcto. Todavía en nuestro país la presencia militar de Estados Unidos es grande. La Guardia Nacional, con su componente de tierra y aire conformado por cerca de 10 mil efectivos, mantiene instalaciones en el Campamento Santiago (principal instalación en el Sur del país); en la Base A
érea Muñiz (sede principal de sus unidades de transporte); en las facilidades para helicópteros de combate aledañas al Aeropuerto de Isla Grande, en las facilidades del Aeropuerto de Roosevelt Roads, a donde eventualmente se moverán las facilidades de la Guardia Nacional Aérea; y en aproximadamente 20 “Armerías” localizadas a lo largo de toda la Isla. Por su parte, la Reserva del Ejército, que cuenta con un total de 4,500 efectivos de tierra, mantiene facilidades en el Campamento Buchanan en San Juan donde se encuentran sus Cuarteles Generales como Comando; en Puerto Nuevo-San Patricio; en Ceiba (Roosevelt Roads, donde además se encuentra una unidad de la Reserva de la Infantería de Marina); y otros centros en la Isla, localizados en Caguas, Yauco y Guayama.
La Marina de Guerra aún mantiene en operaciones en Puerto Rico, en lo que fueron facilidades de la Base Naval de Roosevelt Roads, como es el caso del Radar Relocalizable Más Allá del Horizonte (ROTHR), con su componente transmisor en el sur de Vieques y su componente receptor localizado en el Fuerte Allen en Juana Díaz; en Aguadilla, en el Aeropuerto Borinquen y en Vieques, en Monte Pirata. También opera sistemas de radares en Punta del Este en El Yunque y en los predios de las antiguas facilidades de Roosevelt Roads; en el Naval Radio Receiving Facility en Sabana Seca, Toa Baja; en los radares localizados en Punta Salinas; el Naval Radio Transmitting Facility en Isabela; y en el Low Frecuency Fixed Submarine Broadcast System, localizado en Aguada.
También hay que mencionar la Guardia Costanera con sus facilidades en San Juan (La Puntilla), Aguadilla (Aeropuerto Borinquen) y Roosevelt Roads; al Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva (ROTC) en los campuses universitarios de la Universidad de Puerto Rico, recintos de Río Piedras y Mayagüez; y las facilidades del Homeland Security Department en San Juan, Aeropuerto Borinquen en Aguadilla, Ceiba; y finalmente, en Lajas donde opera el radar Aeroestato.
Finalmente, pero no menos importante, en Puerto Rico operan agencias de seguridad de Estados Unidos como el FBI, el Servicio Secreto, la DEA, Border Patrol, CIA, así como ramas de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Como puede verse, sí existe una relación directa entre el debilitamiento de la presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico y el fortalecimiento de dicha presencia en Colombia. Las razones dadas por Estados Unidos y el gobierno colombiano sobre los problemas que generan el narco tráfico en este país no son sino un subterfugio dirigido a justificar el desarrollo de una nueva “arquitectura militar” de dicho país desde el cual mantener su hegemonía imperialista sobre los pueblos de América Latina, particularmente aquellos localizados en la región del Caribe y Centro América, dada la importancia que aún sigue manteniendo el Canal de Panamá para la seguridad económica de Estados Unidos.
El problema real para Estados Unidos no es el narco tráfico; es el avance de los procesos de lucha de los pueblos latinoamericanos. Es el reclamo cada vez más certero de su soberanía, de su independencia nacional, de la unidad latinoamericana, frente a los cuales, todavía deberán enfrentar los esfuerzos imperialistas yankis en el Hemisferio.
– Alejandro Torres Rivera es profesor en el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico,