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Manifiesto de frente de comunidades urbanas por la plurinacionalidad y en defensa del agua

Por Super User
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MANIFIESTO del FRENTE DE COMUNIDADES URBANAS
POR LA PLURINACIONALIDAD Y EN DEFENSA DEL AGUA

13 de Mayo de 2010

 

CONSIDERANDO QUE LAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES, NACIONALIDADES Y PUEBLOS DE NUESTRO PAIS ENFRENTAMOS:

 

• CONCENTRACION DEL AGUA. El 1% de las unidades de producción del sector privado (agroexportadores y latifundistas) concentran el 64% del agua de riego disponible, mientras que el 86% de los pequeños y medianos agricultores acceden apenas al 13%. Así por ejemplo, dos de los mayores ingenios azucareros usan más agua que la ciudad de Quito. Sólo el ingenio San Carlos (Isabel Noboa) tiene autorizaciones para 8250 litros por segundo y REYBANPAC, del grupo Wong, para 4740 litros por segundo.


• USO ILEGAL DEL AGUA. Más de la mitad del agua que utilizan las grandes plantaciones agroindustriales es captada en forma ilegal. Por ejemplo, el 68% del área cultivada con banano se riega ilegalmente, con agua no autorizada.


• INJUSTICIA EN EL PAGO DE TARIFAS POR EL USO DEL AGUA DE RIEGO. La agricultura de exportación paga anualmente 1,84 dólares por hectárea regada, mientras los campesinos del sistema Daule Peripa pagan anualmente nada menos que 120 dólares por hectarea, es decir 65 veces más. Si se toma como base las tarifas que pagan por el agua de riego Reybanpac (Grupo Wong) y el ingenio San Carlos (Isabel Noboa), los campesinos arroceros de Guayas pagan 120 veces más por el agua; los campesinos de Toacazo, en Cotopaxi, pagan 52 veces más; y los de Licto, en Chimboirazo, pagan 35 veces más


• TRANSFERENCIA ILEGITIMA DE SISTEMAS COMUNITARIOS DE RIEGO. Por orden expresa del presidente de la república, el Instituto Nacional de Riego, INAR, transfiere sistemas comunitarios de riego a los gobiernos provinciales, los cuales -según el proyecto del ejecutivo- pueden a su vez transferirlos a los municipios, los mismos que pueden delegar el servicio público del agua a empresas mixtas y privadas. Es decir, se debilita la gestión comunitaria para favorecer la gestión privada¡¡


• PRIVATIZACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. CASO INTERAGUA: El municipio de Guayaquil concesionó el servicio de agua a la empresa Interagua (causante de la guerra del agua en Cochabamba, Bolivia), la cual elevó las tarifas en un 167% desde el inicio de la concesión. Hoy, Guayaquil es la ciudad con tarifas más altas en el país. Esta concesión ha sido públicamente defendida por el presidente de la república.

• ACTIVIDADES ACAPARADORAS DE AGUA PROMOVIDAS POR EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO. La minería metálica de gran escala: cada proyecto minero impulsado en el sur del país, demandará unos 600 litros de agua por segundo. El monocultivo de árboles: se promueve la siembra de un millón de hectáreas de especies exóticas (eucalipto, pino y teca); cada uno de estos árboles succiona unos 30 litros de agua cada día.


• CONTAMINACION DEL AGUA. Las operaciones petroleras, mineras, industriales, vierten sus desechos contaminantes, casi sin controles y en total impunidad. Los municipios actúan en la misma manera con los desechos urbanos. En el caso petrolero, las empresas vertieron 567 millones de barriles de aguas contaminadas con metales pesados y sales tóxicas, en el año 2004.


Nosotras y nosotros, personas y colectivos urbanos afectados por esta problemática que amenaza la posibilidad de permanencia de la vida, rechazamos el proyecto de ley de aguas impulsado por el gobierno nacional porque no garantiza que esta situación se revierta, más bien la agrava y violenta los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza consagrados en la Constitución.

Por lo tanto, PROPONEMOS

• Mínimo vital gratuito : Acceso al agua de los sectores empobrecidos del campo y la ciudad para el uso humano y doméstico, que garantice el derecho a la salud.


• Control de tarifas y garantia de acceso: el servicio de agua potable y saneamiento ambiental en el sector urbano debe ser de gestión pública y bajo ninguna figura legal entregada al sector privado. Las tarifas serán diferenciadas para garantizar el ejercicio pleno del derecho humano al agua.

• La Desprivatización: prohibición expresa de toda forma de privatizar el agua (concesión, empresas mixtas, servicios ambientales de agua y sus ecosistemas). Establecimiento de mecanismos para la desprivatización de la gestión del agua como el caso de INTERAGUA, AMAGUA y otras, conforme lo establece la Constitución sobre la gestión pública y comunitaria.


• No acaparamiento y redistribución: Establecer mecanismos para revertir las conseciones que provocan concentración o acaparamiento, caso de las empresas agroindustriales.


• De ninguna forma se afectará la propiedad y gestión comunitaria de los sistemas de riego: se fortalecerán estos sistemas comunitarios mediante la creación de un fondo de agua que garantice el mantenimiento y gestión de los sistemas comunitarios de agua


• Prohibición de autorizaciones de agua a camaroneras que ocuparon y ocupan áreas de manglar,
playas y bahías


• Garantía a la prioridad del uso del agua: el derecho prioritario al consumo humano, al riego para la soberanía alimentaria, al caudal ecológico, a las formas culturales en el marco de los derechos colectivos, al turismo comunitario, por ningún motivo podrá ser alterado por los usos productivos del agua (minería, industrias, hidroeléctricas), ni por los proyectos del plan nacional de desarrollo, ni por excepción impuesta por vía legal o a través de resoluciones administrativas.


• Prevención y restauración: garantizar los derechos de la naturaleza estableciendo mecanismos de prevención y control de la contaminación y de restauración ambiental.

Con estos planteamientos, las comunidades urbanas gravemente afectadas por la propuesta de ley de aguas que el ejecutivo busca imponer:


• adherimos a la propuesta de ley de aguas presentada por el movimiento indígena y nos comprometemos a fortalecer procesos de articulación y socialización


• condenamos la criminalización de la protesta social que legítimamente se ha expresado en rechazo a una ley que busca mantener el mismo modelo que ha generado destrucción de la  Pachamama, injusticia social y mayor dependencia.


• rechazamos la violenta campaña mediática que pretende dividirnos y confrontarnos entre comunidades desde posturas racistas, pretendiendo en medio de esta polarización distraernos de las intencionalidades que buscan consolidar el modelo capitalista, extractivista


• reivindicamos el derecho a la resistencia para la construcción de un genuino proceso de transformación.


• Convocamos a todas las personas, comunidades, organizaciones, colectivos, asociaciones urbanas, a sumarse a esta iniciativa


Se adhieren:

INREDH
Acción Ecológica,
Colectivo el Churo,
Caminantes,
Comunidades Eclesiales de Base,
APDH,
Indymedia Ecuador,
Anela,
CDES,
Revista R,
Gloria Arcos
Asamblea de Mujeres Populares y Diversas

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El agua no se vende, el agua se defiende

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