Ministerio de Justicia condiciona indemnización a víctimas a cambio de desistir de denuncia en la CIDH

Los hermanos Olíver, José, Manuel, Efrén y Miguel Jiménez denunciaron públicamente hoy, 21 de marzo de 2018, en la ciudad de Lago Agrio que el Ministerio de Justicia, encargado de la reparación material a las víctimas registradas en la Comisión de la Verdad, les informó que les entregarán una indemnización económica de 20 mil dólares,  pero que deben desistir de su petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentada en el 2002.

El 12, 13 y 14 de octubre de 1998, en la Pre Coopertiva “Voluntad de Dios”, cantón Cáscales, provincia Sucumbíos, los cinco hermanos Jiménez fueron detenidos y torturados durante  tres días por personal militar, por el supuesto delito de terrorismo, narcotráfico y violación. Veinte años, después el Estado ecuatoriano no ha logrado comprobar este delito; al contrario, se ha hecho evidente la inocencia de las víctimas.

Frente a esto, Jorge Acero,  de la oficina de Derechos Humanos de la Federación de Mujeres de Sucumbíos,  señaló que la reparación material se enmarca en el derecho sufrido, más no elimina el derecho a conocer la verdad que tienen las víctimas como forma de una reparación real.

“Pese a existir una Ley de Víctimas que habla de reparación material e inmaterial, en los casos que se ha tratado hasta ahora se desea cumplir parcialmente y solo las reparaciones económica – dice Acero – mientras que en las inmateriales, como reconocer la responsabilidad del Estado contra la vulneración de los derechos de las víctimas, no se avanzado en una medida significativa”.

Efrén Jiménez dijo, que fueron víctimas de una tortura salvaje e inhumana, pero que están dispuestos aceptar la reparación material como una parte del problema, no todo, “porque en el  tema  salud, educación y vivienda poco se ha avanzado, igual el Estado no ha aceptado su responsabilidad”.

Con él, coincide su hermano Oliver que señala que el 21 de febrero de este año se reunieron con autoridades del Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo y Procuraduría para llegar a un acuerdo de reparación económica de 20 mil dólares para cada uno de los hermanos por ser víctimas de tortura y detención ilegal, pero se continuaba con el proceso en la CIDH por los demás derechos vulnerados.  Sin embargo, el 28 de febrero el Ministerio de Justicia solicitó que los hermanos Jiménez desistan de la denuncia en la CIDH contra el Estado ecuatoriano.

“La reparación material no reconoce la responsabilidad del Estado, ni la persecución de los militares – dice Olíver- Nosotros éramos agricultores y tuvimos que dejar todo”.

Para Luis Ángel Saavedra, de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (Inredh), este anunció de indemnización del Ministerio de Justicia es ridículo porque solo toma en cuenta una ínfima cantidad económica para reparar los daños, cuando lo importantes es establecer formas de reparación a la honra, judicializar a los responsables  y de determinar mecanismos de no repetición. El Estado ecuatoriano debe pedir disculpas a los hermanos Jiménez y aceptar que se equivocó, después de eso se puede establecer un monto de reparación económica.

“La ministra quiere lavarse las manos dando esta reparación material – dice Saavedra, porque reduce una violación de derechos humanos a un simple tema monetario”.

Frente a esto plantea, junto a la
s víctimas, tres alternativas que tiene como principal elemento la reparación de la honra de los hermanos Jiménez.

A continuación las opciones planteadas por los hermanos Jiménez:

A.- Aceptamos únicamente el reconocimiento de los USD 20.000 (Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de Norte America) para cada uno por concepto del reconocimiento del daño por tortura y privación ilegal de libertad, sin perjuicio y dejando a salvo nuestra petición en la CIDH en contra del Estado Ecuatoriano signada con el número de caso 13.005.

B.- Aceptamos tanto el DESISTIMIENTO de nuestra petición en la CIDH como la indemnización, siempre y cuando en ella se reconozca la vulneración completa de nuestros derechos por los hechos ocurridos el 12, 13 y 14 de Octubre de 1998, esto es, el derecho a la vida (Artículo 4 CADH), derecho a la Integridad (Artículo 5 CADH), derecho a debido proceso y garantías judiciales (Artículos 8 y 25 CADH), derecho a la honra (Artículo 11 CADH) y derecho a la propiedad (Artículo 21 CADH), reconocimiento que ascendería al valor de USD 60.000 (Sesenta Mil Dólares de los Estados Unidos de Norte América); además del reconocimiento del Estado Ecuatoriano de su responsabilidad completa por los hechos anteriormente señalados.

C.- De rechazarse los términos aquí propuestos, manifestamos nuestra voluntad de mediar y conciliar la presente situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante un Acuerdo de Solución Amistosa, mecanismo jurídico que reconocemos como adecuado y efectivo en el presente caso.