INREDH reconoce y respalda la Sentencia de Habeas Corpus emitida por un tribunal ante la demanda planteada por el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CDHGYE). Consideramos que esta sentencia se enmarca en las garantías establecidas en la Constitución del Ecuador, la cual protege la vida y la integridad; además reconocemos la calidad técnica de los argumentos esbozados por el CDHGYE y el abogado Fernando Bastias, miembro de esta histórica organización guayaquileña, a la que admiramos y apoyamos por el trabajo que ha realizado desde 1982.
La esencia de defender los derechos a la vida e integridad responde a la calidad humana que poseemos, por encima de nuestras acciones o nuestro origen; por ello debemos rechazar cualquier acto de tortura a toda persona que se encuentra en el territorio ecuatoriano. La sentencia mencionada busca garantizar estos derechos en el marco de la ley y aparados en la Constitución del Ecuador y en los tratados internacionales suscritos como país.
Los derechos humanos y su defensa no tienen bandera partidista ni se someten a una ideología en particular, pues al velar por la dignidad humana se sobrepone a estas diferenciaciones sociales.
Hay que recordar que las garantías constitucionales, tienen la función principal de crear mecanismos para la protección de derechos fundamentales, y siendo el habeas corpus una de estas garantías, su funcionalidad y evolución en materia constitucional ha llegado a ser de naturaleza reparatoria. Protege tres derechos fundamentales y prevé mecanismos de reparación integral que materialicen esta restitución, es decir que la víctima pueda volver al Estado anterior a lo sucedido en la vulneración, por lo que es imperante que se optimice dicha garantía para la protección de derechos como la vida, la libertad e integridad.
El derecho a la integridad es uno de los derechos con más alto nivel de análisis para la investigación en tortura y tratos crueles e inhumanos y, a través las investigaciones y un debido proceso, con imparcialidad y multidisciplinariedad sobre actos suscitados en los centros de privación de libertad, se puede encontrar una vulneración, en cuyo caso, es nuestro deber como sociedad el evitar la Impunidad.
Es inadmisible reducir las garantías constitucionales a discursos de indignidad e inhumanidad. Las personas privadas de libertad están bajo la tutela y protección del Estado, y por ende deben tener estas garantías mínimas, sin que ello implique barreras burocráticas y jurídicas que pongan en tela de duda estos actos de tortura. No negamos la responsabilidad de estas personas sobre actos ilícitos cometidos, pero ello no implica la pérdida total de sus derechos y menos aún de que puedan ser sometidas a tortura en el marco de controles militares. Las Fuerzas Armadas están autorizadas a ejercer un control de la violencia, esto de ninguna forma quiere decir que tienen autorización para torturar, infringir tratos crueles e inhumanos, y menos aún desparecer o ejecutar extraoficialmente a personas.
Hay que enfatizar que la justicia constitucional ya había decidido sobre la importancia de gestionar el sistema penitenciario para lograr la rehabilitación y un cumplimiento de pena de acuerdo a la Constitución e instrumentos internacionales de Derechos Humanos, y el Estado, hasta el día de hoy, no lo ha hecho y se han registrado más de 500 muertes en las cárceles del país.
Por ello hay que superar esta cultura de militarización, impunidad y la nuda vida, el Estado debe investigar estos actos, sancionarlos y proporcionar información a los familiares, también se debe detener la criminalización a las organizaciones de la sociedad civil, el hecho de que este en vigencia el decreto 111, no significa un uso arbitrario injustificado y sumamente violento de la Fuerza Pública.
Finalmente, rechazamos todos los discursos de odio que instigan a la violencia, que deshumaniza a la sociedad ecuatoriana, avalando tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto nos aleja de nuestra búsqueda de un país seguro para todas y todos.
Ingrid García Minda
Coordinación ejecutiva