Las organizaciones que conformamos la Alianza por los Derechos Humanos, nos pronunciamos ante la solicitud de amnistía planteada por los dirigentes y dirigentas indígenas de la Comunidad de San Pedro de Cañar, que durante las tres últimas semanas ha estado en análisis por parte de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
Esta comisión ha recibido varias comparecencias de abogados, abogadas y expertos en justicia indígena y pluralismo jurídico, tanto desde el punto de vista legal como antropológico y socio jurídico, quienes coinciden en garantizar el respeto de los derechos reconocidos a las poblaciones indígenas en la Constitución del Ecuador que en primer lugar establece en el “Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.”
El hablar de un Estado intercultural y plurinacional implica reconocer el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas como grupos originarios, que durante siglos han establecido su propia organización, han resuelto sus conflictos con la administración de su justicia, la misma que busca armonía y sanación, basada en sus usos, costumbres y tradiciones.
A pesar del reconocimiento del pluralismo jurídico vemos con preocupación cómo en la práctica no se han podido cumplir mecanismos efectivos de coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria y justicia indígena y al contrario se muestra una clara persecución y criminalización a las autoridades que administran justicia, evidenciado claramente con este caso. Es así como, ante los acontecimientos suscitados con los líderes y lideresas indígenas de Cañar, manifestamos lo siguiente:
1.- La comunidad de San Pedro de Cañar ha ejercido la justicia como un derecho colectivo reconocido por la Constitución de la República del Ecuador y tratados internacionales, buscando la resolución de varios conflictos que han acontecido en su territorio, lo cual, a más de demostrar la capacidad de liderazgo de sus dirigentes/as, también ha ocasionado persecución y criminalización en su contra, especialmente desde el levantamiento indígena del 2015.
2.- Causa grave preocupación la situación actual de José Sarmiento, Ángel Belisario Calle Calle, Luis Eduardo Calle Espinoza y María Josefina Sotamba Padilla, dos de estas autoridades indígenas son personas de atención prioritaria, quienes permanecen aún privadas de libertad y que debido a la pandemia del COVID 19 se encuentran en triple situación de vulnerabilidad, es así que instamos a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado a resolver de manera urgente su solicitud de amnistía, así también la de las otras autoridades procesadas, las mismas que a pesar de estar bajo un régimen semiabierto aún tienen pendiente el pago de su condena que implica cuantiosas multas.
3.- Es importante recordar la obligación del Estado de proteger, garantizar y respetar los derechos de los pueblos indígenas y así garantizar su libre determinación, principio y derecho reconocido en el marco del Convenio No. 169 de la OIT. Se debe tener en consideración, al aplicarse la ley nacional, tanto las costumbres de los pueblos indígenas, como su derecho consuetudinario, es así que los pueblos indígenas tienen el derecho de conservar costumbres e instituciones propias.
4.- La administración y ejercicio de la justicia indígena se encuentra totalmente justificado como se lo ha mencionado en la normativa nacional e internacional, sin embargo persisten ciertas visiones de racismo y colonialismo en la justicia ordinaria, la misma que se evidencia a través de la persecución a líderes indígenas y la criminalización al derecho de la administración de justicia propia con autodeterminación en el Estado Plurinacional e Intercultural de Ecuador, por lo que se apela a las autoridades competentes a buscar una efectiva coordinación y cooperación entre los sistemas de justicia.
5.- Exhortamos a las y los legisladores que cumplan a cabalidad con el cronograma y procedimiento que en sesión No. 071 del 29 de abril de 2020 se aprobó, así como también procedan con absoluta responsabilidad y se sujeten a los plazos señalados por el cronograma para el tratamiento de amnistías e indultos con el fin de evitar la dilación en un tema tan importante que incluso ha sido marcado como urgente dentro de las prioridades de la Comisión ante la pandemia del Covid-19.
6.- Exhortamos a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional que ratifique la obligación que tiene el Estado de garantizar el pleno desarrollo de la justicia indígena y a través de su decisión se ratifique el reconocimiento de los derechos colectivos para contribuir en el desarrollo de la plurinacionalidad y la interculturalidad.
La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador está conformada por las siguientes organizaciones:
Surkuna, Cedhu, Inredh, Amazon Frontlines, Cdh Guayaquil, Idea Dignidad, Fundación Aldea, Omasne, Amazon Watch, Acción Ecológica, Yasunidos, Apt Norte, Cuencas Sagradas, Cedenma, Fundación Pachamama, Fundación Alejandro Labaka, Fundación Dignidad, Extinction Rebellion, Geografía Crítica, Land is Life