Representantes de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH de Ecuador, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, Cristosal de El Salvador y War Strategy de Estados Unidos expusieron ante la CIDH un informe conjunto sobre la situación regional en materia de seguridad y derechos humanos.
Durante la audiencia temática, las organizaciones de la sociedad civil presentaron información sobre la grave crisis de seguridad que atraviesa la región, caracterizada por la creciente militarización de los territorios y la adopción de medidas excepcionales por parte de los Estados. Según las organizaciones, estas respuestas no han logrado resolver la crisis de inseguridad generalizada y, por el contrario, constituyen una tendencia que amenaza con transformar a América Latina y el Caribe en una zona de conflicto permanente, con graves consecuencias para los derechos humanos y las garantías democráticas.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló: “Nuestra región está atravesando hoy un momento crítico. Una escalada en la militarización de las operaciones contra el crimen organizado amenaza con transformar América Latina y el Caribe en una zona de guerra. Esto se asocia al uso del marco antiterrorista para explotar los niveles de alarma social que generan algunos grupos criminales y justificar la adopción de medidas excepcionales que amenazan los derechos humanos, la vida democrática, la paz y la seguridad regional. Este problema se deriva de la ambigüedad del concepto de terrorismo, su confusión deliberada con la criminalidad organizada y los poderes y marcos legales de excepción que ambos habilitan”.
Por su parte, Ingrid García, directora de la Fundación INREDH, advirtió sobre el uso extendido de los estados de excepción en la región: “En Latinoamérica, los estados de excepción se han incrementado en herramientas de asedio contra el Estado de derecho y la democracia. Los gobiernos han instrumentalizado el autoritarismo para capturar el control político, legislativo y social. Lejos de ser una medida de última ratio, estas declaratorias han permitido su naturaleza excepcional. Países como Argentina, El Salvador, Chile y Ecuador han instrumentalizado estas figuras con el pretexto de combatir la inseguridad, desvirtuando el carácter estrictamente excepcional que exige el derecho internacional. Lo que hoy presenciamos no es una respuesta de emergencia, sino la consolidación de una doctrina donde la suspensión de derechos se ha convertido en una norma de gobierno. Las herramientas de control, lejos de garantizar la paz, se han convertido en armas de guerra para enfrentar de forma asimétrica a agentes militares contra la población civil. Nuestras alternativas son viables y constituyen puntos de partida sólidos: la documentación rigurosa, visibilizarían los abusos y una profunda labor de formación política y social de las bases”.
Las organizaciones también alertaron que, en este contexto, defensoras y defensores de derechos humanos, comunidades indígenas, periodistas, trabajadores humanitarios, personas migrantes y afrodescendientes, así como jueces y abogados, enfrentan persecución y criminalización que afecta directamente su labor en la defensa de derechos.
En la audiencia también estuvo presente Ben Saul, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
Durante el espacio de diálogo, los comisionados de la CIDH agradecieron a las organizaciones por la información presentada, destacando que el monitoreo de estas problemáticas forma parte fundamental del trabajo del organismo.
Asimismo, se resaltó la Resolución No. 126 sobre crimen organizado y derechos humanos, que contiene alrededor de 50 recomendaciones dirigidas a los Estados para colocar a las víctimas en el centro de las políticas de seguridad y garantizar la protección de los derechos humanos. La Comisión enfatizó que la garantía de derechos es un elemento esencial para que cualquier política de seguridad sea sostenible en el tiempo.
En este marco, la CIDH identificó la urgencia de actualizar estándares y lineamientos para los Estados, con el fin de que sirvan como referencia para respuestas integrales frente a la crisis de seguridad en la región, incluso en contextos donde existe captación de instituciones estatales por parte del crimen organizado.
Finalmente, la Comisión agradeció a las organizaciones firmantes por la información presentada, la cual contribuirá al seguimiento regional de estas problemáticas y al fortalecimiento de los estándares interamericanos en materia de seguridad y derechos humanos.
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