Alrededor de siete organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza del país, en la mañana del miércoles 5 de marzo de 2024, denunciaron la creciente criminalización a defensores de los territorios y reiteraron la importancia de la vigencia de los derechos humanos y de la naturaleza en el contexto actual.
En el evento “¿Y mis derechos qué? Por una vida digna de todas y todos”, se analizó la situación de los derechos humanos en el país, y se profundizó en la crisis de inseguridad y falta de protección de derechos, que se agudizó en los últimos años. “Desde hace más de cuatro años hemos alertado al gobierno y a la comunidad internacional sobre el avance de la violencia evidenciada desde la primera masacre carcelaria ocurrida en febrero de 2021, así como sobre la ineficaz respuesta del Estado”, se explicó en el evento.
Las defensoras y defensores de los derechos humanos reconocieron que existe un escenario de violencia exacerbada; sin embargo, “no se debe únicamente a la presencia de grupos de delincuencia organizada (GDOs), sino a la existencia de grupos financiadores de los GDOs y sobre todo a la falta de presencia del Estado para garantizar la vida digna y la seguridad de todos y todas”, recalcó Luis Ángel Saavedra de Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
Las y los representantes de las organizaciones afirmaron que hay otras causas estructurales en el país que han provocado el escenario de violencia que vivimos: la profundización de la pobreza y extrema pobreza y con ellas, miles de niños y jóvenes que han desertado del sistema escolar; el empleo; la seguridad social, y la justicia. Son niños y jóvenes abandonados por el Estado y condenados a sobrevivir en los márgenes de la ilegalidad, que les ofrece lo que el gobierno les ha negado: protección y cuidado.
Desde el año 2019, se han activado 39 decretos de estados de excepción entre los gobiernos de los presidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso. De esos decretos: 13 fueron emitidos por conmoción interna derivado de la presencia del crimen organizado, 11 fueron relacionados a la pandemia del COVID-19, 7 emitidos para enfrentar la crisis carcelaria, 5 emitidos en contextos de movilizaciones sociales y 3 relacionados a enfrentar la minería ilegal o efectos de inundaciones producidas por intensas lluvias. “Es decir, se han activado 20 medidas de estados de excepción en relación con el combate a la violencia que han implicado la movilización de las Fuerzas Armadas, y la situación no ha cambiado”, precisó Fernando Bastias del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH-GYE).
En ese contexto de militarización, -recalcaron las organizaciones de derechos humanos- son los sectores empobrecidos las víctimas de perfilamiento racial, pues son históricamente estigmatizados. La población afroecuatoriana es víctima de abusos por parte de la fuerza pública y no solo en el contexto de la declaratoria sino de manera sistemática durante décadas.
Asimismo, en la presentación de este pronunciamiento, instaron al Estado que respetar, proteger y cumplir los derechos, tal como dispone la Constitución y los múltiples tratados internacionales de derechos que ha ratificado el Ecuador es una obligación y un claro limite al poder, si el Estado no cumple comete una violación de derechos humanos.
Finalmente, las organizaciones Acción Ecológica, la Alianza por los Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH-GYE), Mujeres de Frente y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) ratificaron que el trabajo de las organizaciones en pro a los derechos humanos ha tejido puentes históricamente con todas las personas independiente de la edad, sexo, condición social, origen étnico, opinión política, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra característica.
“Así, el rol de las personas defensoras contribuye a sociedades más justas. Los derechos humanos han amparado a las víctimas y sobrevivientes de los abusos del poder público y privado”.
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