La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), El Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), las plataformas de organizaciones sociales, asociadas en la Red de Encuentro Dominico Haitiano, La Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en RD (MENAMIRD), Dominicanos por Derechos, el Colectivo #HaitianosRD, el Movimiento RECONOCIDO, la Coordinadora Popular Nacional (CPN), que acompañan a la población inmigrantes y sus familias, externamos nuestra preocupación por los operativos de detenciones arbitrarias y expulsiones masivas hacia Haití, que llevan a cabo las autoridades de República Dominicana.
Las expulsiones se han intensificado en lo que va del mes de noviembre que según las cifras comunicadas a la prensa sitúan en más de 4,500 personas expulsadas en un solo día y que están expulsando un promedio de 20 mil personas cada mes. La incorporación de miembros del ejército dominicano y de la Policía Nacional, carentes de entrenamiento, ha hecho recrudecer la violencia en dicho operativos, con golpizas a personas afectadas, tal como se aprecia en videos e imágenes que circulan en las redes sociales.
Es penoso que en la actualidad, la política migratoria esté basada en perseguir, hostigar y criminalizar a un grupo determinado de inmigrantes, fundamentalmente de nacionalidad haitiana y sus familias. Informes indican que han sido detenidas arbitrariamente personas haitianas con estatus migratorio regular, personas dominicanas de ascendencia haitiana e incluso personas dominicanas negras que no tienen ascendencia haitiana, simplemente porque se criminaliza la piel oscura.
Los niveles de violencia y malos tratos que se observan en las detenciones migratorias, les dan carácter xenofóbico, impide el libre tránsito, divide familias, además, de que crea temor y pánico, generalizados en la población impactada en sentido general. La política migratoria adoptada por el Estado dominicano, debe garantizar el respeto de los derechos humanos, la dignidad de la persona y el debido proceso aplicable en materia de detención para fines de deportación.
Cabe recordar que el Señor Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y Filippo Grandi Alto Comisionado para Refugiados han llamado la atención y emitido algunas consideraciones respecto a las deportaciones y las condiciones sociales y de seguridad internas imperante en los actuales momentos en Haití, sugiriendo a las autoridades dominicanas, detener las expulsiones hasta que las condiciones sociales internas de Haití mejoren.
Una portavoz del ACNUR con sede en Ginebra Suiza, Olga Sarrado recordó que: “Hace unos días hicimos un llamamiento a los países de la región para detener el retorno forzado de haitianos a su país, hasta que la situación mejore”, por lo que, no se trata de un llamado únicamente a la República Dominicana.
Las plataformas de organizaciones sociales que acompañamos a los inmigrantes haitianos y sus familias, queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo haitiano en lucha, al tiempo que demandamos el respeto a su derecho por la autodeterminación.
Llamamos a la comunidad internacional a dar un apoyo real en este proceso al pueblo haitiano para que relance sus instituciones que les permita retomar el sendero de construcción de la democracia. Haití requiere de apoyo técnico y económico para articular una verdadera fuerza de orden. Las fuerzas militares de intervención pasada generaron violaciones masivas de los DDHH, tales como abusos sexuales, torturas, asesinatos, y, generaron una epidemia de cólera que mató a miles de personas en Haití.
Las plataformas de organizaciones lamentamos que las consideraciones emitidas por los diplomáticos, fueron rechazadas con tanta vehemencia por el primer mandatario dominicano Luis Abinader. Reiteramos que estos llamados de los organismos de la ONU, tienen sus fundamentos en la Convención del año 1951 y el Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos, entre otras normativas internacionales vinculantes para República Dominicana.
En el contexto de las violentas deportaciones que desarrolla en todo el país, el poder ejecutivo emite el decreto 668-22 de fecha 11 de noviembre 2022, mediante la cual ordena una serie de medidas respecto a presuntos invasores de propiedades inmobiliarias, públicas como privadas, donde hace acusación directa a pobladores inmigrantes que serían afectados.
Los trabajadores inmigrantes y sus familias que han vivido en territorio nacional, en comunidades marginalizadas como los bateyes, en una convivencia pacífica por más de 100 años, no deben ser calificados como invasores de tierras y desconocer la deuda social acumulada y de protección social hacia esta población vulnerabilizada.
Nuestras entidades consideran que se hace necesario que el Estado Dominicano, se provea de herramientas que faciliten y garanticen de manera efectiva los derechos humanos de las personas inmigrantes, que por cualquier razón se encuentran en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, y más aún en el contexto de vulnerabilidad que afectan las personas inmigrantes a nivel planetario. Lo que se hace necesario es la eliminación de los obstáculos para la regularización migratoria y que se aplique un plan parecido al programa de regularización especial de inmigrantes venezolanos en situación migratoria irregular, para todas las nacionalidades sin discriminación racial.
FIRMAN:
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH);
El Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH);
Red de Encuentro Dominico Haitiano, Jacques Viau (REDH-JV;
Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en RD (MENAMIRD);
Plataforma Dominicanos por Derechos (DXD);
Movimiento RECONOCIDO;
Colectivo #HaitianosRD
Coordinadora Popular Nacional (CPN).