Luego de ocho meses de espera para la ejecución de medidas concretas y urgentes emitidas por la Secretaría Nacional de Gestión Riesgos (SNGR) para reducir los riesgos ante el temporal invernal y el fenómeno del Niño en la comunidad San Pablo de Amali, el 23 de noviembre del 2023, alrededor de 50 habitantes de San Pablo de Amalí viajaron a Guaranda para exigir dicho cumplimiento a la Prefectura de Bolívar, una de las entidades responsables.
Solicitaron enfáticamente que la maquinaría que la Prefectura había designado al sector del río Dulcepamba sea utilizada para dar cumplimiento a las recomendaciones del Informe SGR-IASR-05-2023-016 de la SNGR. El Prefecto demostró preocupación, y prometió tomar las medidas recomendadas por la entidad estatal de manera inmediata. Informó a las y los comuneros que su personal técnico realizaría una inspección dentro de pocos días “con la participación de los afectados”, para planificar la ejecución de las medidas.
Estas medidas están vigentes desde el 27 marzo de 2023, cuando la SNGR identificó la vulnerabilidad de la comunidad campesina de San Pablo de Amalí a inundaciones y socavamientos, y responsabilizó tanto a la compañía Hidrotambo, por la deficiente construcción de su central hidroeléctrica en el río Dulcepamba, como a la Prefectura de Bolívar y Alcaldía de Chillanes. Pese al tiempo transcurrido y la inminencia del Fenómeno del Niño, hasta la fecha, las medidas no se han adoptado ni por las autoridades competentes ni tampoco por la empresa.
Específicamente, en el informe emitido hace ocho meses, la Secretaría la Secretaría constató que“[…] San Pablo de Amalí Alto y Bajo, […] tiene caseríos asentados en la ribera izquierda de la cuenca Dulcepamba, estas poblaciones no cuentan con elementos de mitigación por los efectos en el direccionamiento del río que genera Hidrotambo en épocas de invierno.”
Como recomendación para disminuir el riesgo, ofició a la Prefectura de Bolívar y Alcaldía de Chillanes, que “ejecute un programa periódico de desazolve a la cuenca del río Dulcepamba que encauce el río Changuil en su posición original”; y que la misma Prefectura de Bolívar y Alcaldía de Chillanes aseguren que Hidrotambo S.A. retire el “muro de escolleras” antitécnico, realizado sin permiso por la hidroeléctrica para proteger sus instalaciones de captación y “el re-encauce del río sobre su posición natural en el lado derecho de la cuenca”.
¿Se dio la inspección por parte de la Prefectura de Bolívar?
El 28 de noviembre de 2023, día de la “inspección”, San Pablo de Amalí una vez más experimentó la negligencia y ausencia del Gobierno seccional. El personal de la Prefectura de Bolívar, la mayor parte del tiempo, permaneció reunido de manera privada con el personal de la compañía Hidrotambo y el presidente de la Junta Parroquial, sin la presencia de las y los comuneros afectados. Evidentemente no se planeó con los comuneros la ejecución de ninguna medida. Asimismo, el personal de la Prefectura, después de caminar brevemente por el río, abandonó el lugar sin dar explicaciones a la comunidad sobre sus apreciaciones o planes ante el riesgo inminente.
Advertimos que no hubo una verdadera participación de la comunidad y, mucho menos, una socialización de lo que pasará con esta inspección ni el plan de acción que se supone se iba a realizar con esta visita técnica. Han pasado más de siete días y no hemos tenido ni una respuesta oral o escrita del resultado de la inspección o de las próximas acciones de la Prefectura. Esta preocupación se incrementa día a día con la época de invierno y el Fenómeno del Niño de 2023-2024, que amenaza directamente a la vida de las personas, sus cultivos, casas y animales.
El 23 de noviembre de 2023, integrantes de la Comunidad San Pablo de Amalí asistieron a una reunión en la Prefectura de Bolívar, Guaranda
Señalamos que los graves riesgos y afectaciones de San Pablo de Amalí iniciaron en 2014, cuando la compañía privada Hidrotambo S.A. terminó de construir las inconsultas obras de captación para su hidroeléctrica de 8MW, desviando el río Dulcepamba (o río “Changuil”) de manera directa hacia la comunidad. La compañía también construyó sus obras de tal forma que evacúan aguas de crecidas del río en dirección a la comunidad. Esto dejó partes de la comunidad expuestas a socavación e inundación durante cada época lluviosa.
En ese mismo año (2014), ya se presentó una acción de protección en contra de Hidrotambo, por “desviar el río Dulcepamba por su casa de habitación, la cual está a punto de ser destruida, violentando el derecho a la propiedad privada”, la cual fue negada, pero, tal como lo había advertido, en marzo del 2015 ocurrió una crecida en el río Dulcepamba que resultó en la pérdida de vida de dos mujeres y un niño, doce casas, y más de 20 fincas.[2]
Un hecho que no es aislado: decenas de informes estatales identifican el riesgo de inundación que las obras de Hidrotambo y su desvío del río genera. Por ejemplo, un informe de la SENAGUA de 2018 constató los múltiples fallos técnicos con la obra y la falta de protección para la comunidad. Otro informe de SENAGUA de 2019 indicó que las obras de captación están construidas de forma “rudimentaria, sin regulación de caudal, y sin protección a las orillas del río, propensas actualmente a afectaciones y destrucciones en cualquier crecida que se produzca en el río, en el sitio o sector de la captación de las aguas.”
En las épocas lluviosas del 2017, 2018, 2019, 2020, y 2023, el río Dulcepamba se desbordó de nuevo, a lo largo del tramo desviado por Hidrotambo y aguas abajo del mismo, ocasionando la pérdida de más casas, fincas, y partes de la única vía de acceso a la comunidad. Todavía más casas y más fincas están en extremo riesgo actualmente.
Al parecer, estos hechos no son relevantes para las autoridades seccionales y nacionales, menos para la hidroeléctrica. Pero la verdad es que estos hechos ratifican que la comunidad de San Pablo de Amalí, especialmente del sector “San Pablo Bajo”, se encuentra en una situación de riesgo inminente y muy grave, debido a la omisión de las autoridades estatales y el actuar irresponsable de una compañía hidroeléctrica privada que no provee de kilovatios que sean relevantes para la producción del país. A pesar del informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que ya se ha señalado, y decenas de otros informes del propio Estado, la autoridad descentralizada competente para mitigar riesgos, la Prefectura, incumple con su obligación de adoptar medidas urgentes indispensables para garantizar la vida e integridad de la comunidad ante el inminente Fenómeno del Niño.
San Pablo de Amalí y las organizaciones de derechos humanos que suscribimos, denunciamos la inacción estatal, y responsabilizamos al Prefecto de Bolívar por toda afectación que se produzca. Exigimos, finalmente, que el Estado cumpla con su obligación de proteger la integridad y la vida de la comunidad San Pablo de Amali de manera urgente.
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