*Por Elizabeth Ledesma
En el país, cada año desaparecen cientos de personas sin dejar rastro y que son parte de las cifras que lleva el Estado. Son casos que reflejan una problemática social, en cuanto a la escasa respuesta de las autoridades hacia los familiares, ya que pone en evidencia la falta de celeridad en la búsqueda e investigaciones para encontrarlos.
Según las estadísticas del Ministerio de Gobierno, de enero a mayo de 2020 se registraron 2287 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales 2187 fueron localizadas y 100 se encuentran desaparecidas. Asimismo, las provincias que registraron más casos de personas desaparecidas son: Guayas, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Azuay.
Para la Asociación de Familiares y Amigos de Personas desaparecidas (Asfadec) las cifras que presenta el Estado no son concretas, además son contradictorias. Sin embargo, esa no ha sido la única lucha de la Asociación, puesto que han tenido que evidenciar durante años la lentitud de los procesos de búsqueda e investigación de los casos, situación que no ha cambiado y que se agravó con la cuarentena por el COVID-19. Las investigaciones se paralizaron durante 80 días por la emergencia sanitaria, luego, con el cambio a semáforo amarillo, las indagaciones continúan estancadas, a pesar de estar habilitada la Unidad de Flagrancia, los agentes y fiscales no han reanudado las investigaciones.
Pese a estos inconvenientes, los familiares en medio de la pandemia han continuado con la búsqueda de sus seres queridos desde sus casas, pero ¿qué ha pasado con las investigaciones de los casos durante la pandemia?
Luis Sigcho, padre de Luis Daniel lleva doce años luchando para que se investigue la desaparición de su hijo, pero con el inicio de la pandemia y el estado de excepción, el caso quedó estancado, aunque, desde antes del confinamiento, Luis Sigcho no ha podido tener contacto con ningún agente, ni con la persona encargada de su caso, debido al cambio de fiscal. Ante esta situación, él decidió averiguar, pero la respuesta fue que la fiscal tiene varios casos a su cargo, que se encuentra estudiando el caso Nazareno y que después seguiría con el suyo. Sin embargo, hasta ahora no ha recibido ninguna llamada, ni comunicado en el que se informe sobre la reanudación de la investigación.
“Antes de la pandemia, tuvimos una reunión con la fiscal Diana Salazar, se comprometió a ayudarnos y a continuar con la búsqueda de las personas desaparecidas. A veces llamo y no contestan los teléfonos y no he podido salir porque soy una persona vulnerable. Tal vez, cuando pase esto y podamos acercarnos, deberíamos reclamar y exigir la investigación de las personas que están desaparecidas” dijo Luis Sigcho.
El confinamiento no ha sido impedimento para que continúe con la búsqueda de su hijo, puesto que publica información con fotos de Luis Daniel a través de las redes sociales, aunque no ha recibido noticias sobre su paradero.
“Queremos que el presidente Lenin Moreno exija a la Fiscalía, a la Policía, a la Dinased que se creó para esos casos, la búsqueda y que nos mantengan comunicados de los avances de los casos o de lo que van a realizar” concluyó.
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Otro caso es el de Camilo Tobar, desaparecido el 17 de abril de 2012, su hermana Pilar Tobar mencionó que desde finales del año pasado pidió la versión de tres personas y el resultado de la ubicación exacta de una señal telefónica que les tomó un año establecerla, se trata de la última llamada que recibió y del lugar de dónde provenía. Son ocho años que lleva el caso sin respuesta.
Además, dijo “En medio de la pandemia no se ha procesado nada. El fiscal no me ha contestado nada, pero el policía investigador me contactó en dos ocasiones, indicándome que están trabajando, continuando con la investigación; sin embargo, no se ha visto ningún movimiento más que para esta semana se prevé que va haber una nueva revisión de versión.”
Pese al retraso en la investigación del caso, cada 17 de cada mes, por medio de las redes sociales, la familia sigue buscando a Camilo, mientras exige que se continúe con la investigación.
Aunq estamos d cuarentena q nos obliga estar n casa y q l gobierno ha demostrado 1 vez + q 1 vida + o 1 -, no tiene ningún otro peso + q 1 # q alimenta 1 estadística fría, nosotros no nos cansamos d buscarte y esperar q vuelvas @Lenin @DianaSalazarM2 @mariapaularomo @inredh1 pic.twitter.com/qJjMjSHSN5
— Pilar T. de Carbo (@pilardecarbo) June 20, 2020
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Desde hace tres años que Melina Muñoz, hermana de Alex, no ha tenido respuesta sobre el caso de su familiar que se encuentra en investigación previa en la Fiscalía del cantón Chillanes, provincia de Bolívar. En el caso se han realizado búsquedas e indagaciones que no han tenido ningún resultado. “Cuando mi hermano recién desapareció debieron hacer una investigación de campo, más no una investigación de escritorio como lo hicieron, ahora que ha pasado tanto tiempo quién va a querer hablar. Fiscalía y Dinased no están capacitados para llevar estos casos de desaparecidos porque no tienen idea hacia dónde seguir avanzando. Como el caso de mi hermano hay muchos, con similitudes porque no tienen una buena búsqueda e investigación de campo” aseguró.
A partir de la pandemia y hasta la actualidad, Melina no descansa y llama todos los lunes al agente, pero no recibe buenas noticias, le responde que no hay nada porque Fiscalía está disponible sólo para los casos relacionados al covid-19, mientras tanto ella sigue esperando que el cantón Chillanes cambie de semáforo, puesto que se encuentra en semáforo rojo, para exigir continuidad con las investigaciones.
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El caso de Álvaro es otro de los muchos casos que se encuentran paralizados en las investigaciones. Durante nueve años y cuatro meses, Fiscalía no ha dado con su paradero, tiempo en el cual ocho fiscales han conocido la desaparición de Álvaro Nazareno. Su caso se está investigando como acto administrativo y presunta desaparición forzada en contra del Hospital Eugenio Espejo.
Antes de la pandemia, el 23 de marzo, la Fiscalía llamó una vez más a la familia a rendir versión, pero por la cuarentena, se suspendió. También, ordenó que se busque a Álvaro en los cementerios por el número de cédula y nombre.
Maribel Angulo, madre de Álvaro, dijo que no se han dedicado a investigar, dado que están tras delitos relacionados al contexto del covid-19. “La fiscal que lleva el caso de mi hijo es de transparencia, antes era de desaparecidos. La Fiscal General la pasó a transparencia y ahora está con el caso de Dalo Bucaram, por lo que a los casos de desaparecidos los dejaron de lado. También, las autoridades han sido poco sensibles sobre los familiares de los desaparecidos que buscan información, porque ni siquiera han llamado, ni enviado un mensaje.”
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Telmo Pacheco, padre de Telmo manifestó que, en el caso de su hijo, desde antes de la pandemia, no había diligencias en curso y que en el transcurso de la investigación por la desaparición de Telmo han pasado aproximadamente unos seis fiscales que adoptaron el caso sin darle una respuesta afirmativa. Además, él junto con otros familiares de personas desaparecidas hablaron con la Fiscal General quien se comprometió a seguir los casos y a proporcionarles un informe, pero con la llegada de la pandemia, la situación no ha cambiado, el caso sigue paralizado.
“Que el Estado deje de ser indolente, son ocho años y siete meses que toda mi familia y yo prácticamente no tenemos tranquilidad. Le hemos mandado cinco cartas al presidente Lenin Moreno solicitándole que nos reciba y hasta ahora no nos ha dado una respuesta. No puede ser la indolencia de todo el Estado que no les interesa el dolor de las familias. Espero que cuando nos podamos recuperar, volvamos a la lucha que nosotros hemos venido haciendo, ya que es la única forma de conseguir algo” concluyó.
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Desde Asfadec, en medio de la pandemia, Isabel Cabrera, presidenta de la Asociación, ha exigido a las autoridades una respuesta a los requerimientos de las familias de las víctimas y ha dado seguimiento al procedimiento de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, que aún no está implementada. Cabrera afirma que ha enviado pedidos formales vía internet para dar a conocer los requerimientos de los familiares, sin embargo, no ha recibido una respuesta sobre cuándo retomarían las investigaciones, pese a que Fiscalía reanudó sus actividades parcialmente con un limitado número de funcionarios.
Para Pamela Chiriboga, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) se puede acceder a la información, también plantear diligencias de diferente naturaleza y en caso de requerirse la movilización física, implementar medidas de bioseguridad para seguir con las búsquedas de personas desparecidas. Además, mencionó que existen diligencias que por su naturaleza podían continuar en pandemia y más aún cuando existe uno de los problemas constantes, que es el cambio de fiscales, puesto que pudieron utilizar ese tiempo para estudiar los casos que no lo habían hecho antes, al ser una responsabilidad de la Fiscalía.
“Al estar en semáforo amarillo, el Estado debería retomar las actividades. Las investigaciones de los casos de desaparecidos es un tema urgente y no se puede parar, porque es una vulneración de derechos humanos continua, así estés en la pandemia o no. Por ejemplo, cuando se oficia a las instituciones públicas acerca de alguna información, se puede hacerlo y pedir que se remita esa información y eso no implicaría la movilización” indicó la abogada.
Mientras tanto, los familiares de las personas desaparecidas esperan que se continúe con la búsqueda de sus seres queridos y que se aplique la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para poder exigir verdad y justicia para sus seres queridos que permanecen desaparecidos.
*Licenciada en Comunicación Social. Colaboradora en Inredh, en el área de comunicación y producción audiovisual.