¿Qué ha pasado con el caso sucumbíos a 14 años?

Este primero de marzo de 2022 se cumplen 14 años de la Masacre de Sucumbíos; uno de los mayores ataques que ha realizado el Ejército colombiano fuera de su territorio y que resultó en el asesinato de 25 personas, quienes no opusieron resistencia alguna pues dormían en un campamento de carácter diplomático de la entonces guerrilla de las FARC-EP, ubicado en la Provincia de Sucumbíos, territorio de Ecuador.
Dentro de las víctimas mortales se encontraban cuatro estudiantes mexicanos, nuestros hijos: Verónica Velázquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Soren Ulises Avilés Ángeles; una quinta víctima de origen mexicano sobrevivió al criminal ataque, la también estudiante en aquella época, Lucía Andrea Morett Álvarez.
Han pasado 14 años sin que los culpables de aquel crimen sean enjuiciados, han pasado 14 años en que las familias de estos jóvenes asesinados y de la sobreviviente no hemos logrado aún la justicia que ellos merecen, ya que fueron víctimas del odio de un Estado que apostó a la guerra en lugar de apostar a la paz; han sido 14 años en la más completa impunidad e injusticia.
Pero también, han sido 14 años de un arduo camino que hemos construido por reivindicar la memoria de nuestros hijos, de avanzar poco a poco hacia la justicia y el castigo de los principales responsables: el expresidente de Colombia (2002-2010), Álvaro Uribe Vélez, hoy senador y asesor del actual presidente Iván Duque; el  exministro de la Defensa y posterior presidente (2010-2018), Juan Manuel Santos Calderón, así como el general Freddy Padilla de León, el exdirector de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, el Comandante del Ejército Mario Montoya, el Comandante de la Fuerza Aérea, General Jorge Ballesteros y otros altos mandos de las fuerzas armadas que intervinieron como cadena de mando en la masacre de Sucumbíos.
SITUACIÓN ANTE LA CIDH
En marzo de 2014 la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos en acompañamiento de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una petición de admisión del caso Sucumbíos demandando a tres Estados;

• Colombia, por ser el responsable directo del ataque, del asesinato, lesiones y de innumerables crímenes y delitos contra nuestros hijos.
• Ecuador, por ser el lugar donde ocurrieron los hechos y donde, al día de hoy, no se ha garantizado el acceso a la justicia, ni se ha llamado a juicio a los principales responsables de la agresión.
• México, por ser la nación de origen de nuestros hijos y quien está obligada constitucionalmente a proteger y defender a sus connacionales víctimas de delitos en el extranjero, pero es el día en que nuestro propio país nos ha negado el acceso a la justicia.

Si bien, desde mediados del 2021 hemos recibido una serie de comunicaciones donde la CIDH busca dar celeridad a los casos presentados desde hace más de 5 años ante esa instancia, aún no tenemos las resoluciones finales que nos den acceso a los procedimientos de fondo para acceder a la Corte Interamericana y avanzar en el camino para lograr la justicia que buscamos para nuestros hijos, pero también, para sentar un precedente en la historia de América Latina en la lucha por justicia, contra la impunidad y el olvido, para que los Estados no se atribuyan el derecho de violentar a una nación hermana y opten por asesinar civiles ante su incapacidad de solucionar un conflicto interno por vías políticas y pacíficas.
LOS CRÍMENES DE COLOMBIA
Desde aquel 2008 estamos convencidos que nuestra lucha contribuye modestamente con la paz para un pueblo oprimido por décadas de violencia sistemática por parte del Estado, que asesina a su población y jóvenes, como por ejemplo con los llamados “falsos positivos” y en las represiones brutales que han ocurrido en las protestas populares de aquel país.
El terrorismo del Estado colombiano es impresionante dadas las cifras de muertes violentas que ha padecido y sigue padeciendo su pueblo; a partir del 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los representantes de la guerrilla de las FARC-EP, y hasta la fecha, han sido asesinados mil 315 personas, la mayoría de ellas líderes sociales, defensores de derechos humanos y antiguos guerrilleros acogidos a los procesos de desarme y al Tratado de Paz. Tan solo Indepaz[1] ha registrado 338 asesinatos el año pasado, de los cuales 171 eran defensores de derechos humanos, crímenes cometidos por los grupos paramilitares que siguen operando pese a que en los Diálogos de Paz se acordó su desaparición.
La situación en Colombia ha sido crítica por décadas y más aún en los últimos años, la violencia continúa persistiendo ya que sus principales promotores continúan moviendo los hilos del poder para evitar que un pueblo digno tome el control de su propio destino y se oponga a las oligarquías que han dominado y controlado la nación sudamericana.
ECUADOR, DONDE LO ABSURDO OCURRE
En meses recientes tuvimos la noticia por parte de INREDH, que la Fiscalía General de la Provincia de Sucumbíos, trata de justificarse ante su inacción en el llamado a juicio a los responsables directos de la masacre de Sucumbíos, argumentando que los culpables poseen fuero y no es posible llevarlos a juicio en territorio ecuatoriano, cuando en realidad solamente han esperado a que pase el tiempo para decretar el cierre de las investigaciones y del proceso.
Más absurdo es aún, cuando la misma Fiscalía de Sucumbíos asegura que no han avanzado en el camino de justicia ya que no es posible probar el parentesco entre las víctimas mexicanas y los familiares que exigen justicia por ellos, acciones que demuestran que en poco o nada tienen la intención de otorgar justicia a las víctimas civiles de Sucumbíos.
Corresponde ahora a nosotros como Padres y Familiares directos de los jóvenes mexicanos asesinados en Sucumbíos, entregar documentos probatorios de que nuestros hijos son nuestros hijos y por ello, tenemos derecho de exigir justicia. Absurdos argumentos que lo único que demuestran es la negativa sistemática y de complicidad con los asesinos.
LA ESPERANZA DE JUSTICIA EN MÉXICO
Hoy también esperamos que las autoridades de nuestro gobierno nos presten atención y ayuda, esperamos aún que el actual gobierno asuma su responsabilidad y haga el reconocimiento del carácter de víctimas de nuestros hijos, asesinados a manos de un estado criminal, belicista y terrorista, como lo ha sido el colombiano; esperamos aún que esta administración no siga la línea equivocada de los anteriores gobiernos de Calderón y Peña Nieto que fueron indiferentes, omisos e incluso cómplices de los asesinos.
Cualquier transformación que se requiera y se construya en un país lastimado por la injusticia, la desigualdad y la violencia necesita atravesar por el reconocimiento de las víctimas, por construir procesos de justicia, reparación del daño y reivindicación de la memoria, requiere un firme compromiso en detener la impunidad y llevar a los criminales a que sean sancionados.
Las víctimas mexicanas de Sucumbíos reclaman al actual estado mexicano asuma su papel como garante de la seguridad de sus connacionales y de brindar la justicia que les corresponde y que sea nuestro país quien impulse las denuncias internacionales para lograr el castigo a los culpables.
A la memoria de Alfonso González Pérez, Oscar Raúl Guzmán Rivera y Refugio Bautista Zane, quienes han sido parte fundamental de nuestra lucha y hoy ya no se encuentran con nosotros.
Ciudad de México, a 1 de marzo del 2022
[1] Indepaz: Instituto de Estudios para la Paz.  De Prensa Latina y Europa Press, Bogotá, tomado de La Jornada, 24 de febrero 2022