Alrededor de 23 autoridades indígenas han sido criminalizadas por administrar justicia indígena en la comunidad de San Pedro de Cañar, en la sierra sur del Ecuador. Algunas autoridades fueron sentenciadas a cinco años de privación de libertad, pena que se encuentran cumpliendo en el Centro de Rehabilitación Social CRS – Turi en la ciudad de Cuenca y en el Centro de Detención de Personas Adultas en Conflicto con la ley de Cañar. Varios líderes están en régimen abierto y otras, una vez cumplida su sentencia, regresaron con temor a sus comunidades.
Desde la década de los 70, el Consejo de Justicia Indígena de los altos del Cañar integrada por siete organizaciones y 15 comunidades administraba justicia indígena; pero Roberto Sarmiento, de 82 años miembro de la comunidad; recuerda que sus padres, abuelos y hermanos practicaban la justicia indígena desde cuando él era pequeño. El Consejo de Justicia Indígena ha resuelto casos de violencia intrafamiliar, conflictos de tierra, cuatrerismo y hasta llegó a su conocimiento un incidente de violencia sexual, delito que fue conocido por la justicia ordinaria pero acompañado por los líderes del Consejo de Justicia Indígena.
El éxito en la resolución de conflictos dentro de la comunidad era notorio; sin embargo, para deslegitimar la justicia indígena, se empezó a perseguir y criminalizar a los miembros de la comunidad y los integrantes del Consejo de Justicia Indígena y se iniciaron procesos judiciales en su contra por los supuestos delitos de secuestro, secuestro extorsivo y daño al bien público.
Te contamos aquí sus historias:
Detenidos por defender a una tía
Mi nombre es Luis Eduardo Calle Calle y tengo 62 años de edad. Fui privado de la libertad el 20 de octubre del 2016, me condenaron a cinco años por un supuesto secuestro que suscitó el 9 de junio de 2015. Yo y mi hermano tuvimos problemas por defender a una tía que fue estafada. Me llevaron al centro de Rehabilitación de Azogues, ahí estuve desde el 2015 hasta el 13 de octubre de 2017 y después me trasladaron a Cañar, ahí pasé un año dos meses. Salí el 26 de noviembre de 2018.
Luis Eduardo Calle. Foto: archivo familiar
En la cárcel me dio un derrame que afecto mi visión y mi pierna, hasta ahora tengo dolores. La piel se me empezó a manchar, me salieron puntos negros y rojos en todo el cuerpo y finalmente lipomas en ambos brazos por lo que me tuve que operar. En el Centro de Rehabilitación daban una pastilla para todo: para el dolor de cabeza, para las piernas, para lo que sea. Ahora estoy con eso del estrés, creo que eso me va a matar. Tengo decaimiento, no tengo ánimo para hacer nada. Vienen a veces unas desilusiones.
Mi familia nunca me abandonó, no perdían ni un día de visita. Me iban a visitar cada ocho días, me dejaban comida, cosas y dinero para la tienda que había ahí. Pero mi esposa sufrió del estrés y hasta la fecha sigue mal. Sufre de presión alta y depresión.
Actualmente, Luis Eduardo Calle Calle se encuentra en un régimen de rehabilitación abierto, es decir, desarrolla su actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera controlada por el organismo técnico.
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Soy, Manuel María Calle Calle y tengo 71 años de edad, fui privado de la libertad el 20 de octubre del 2016. Me acusaron del delito de autor de secuestro por un hecho ocurrido del 09 de junio del 2015. Tuve que cumplir con la pena que me dictaron desde el 20 de octubre de 2016 hasta el 16 de noviembre del 2018, en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en conflicto con la ley en Cañar. Yo y mi hermano, Luis Eduardo Calle Calle fuimos acusados por nuestro familiar, Alberto Peñafiel, por problemas de terrenos de una tía. Nosotros nos dimos cuenta que Alberto Peñafiel había estafado a nuestra tía y quería quedarse con sus tierras, esta fue la razón por la que él nos denunció y acusó de secuestro a mí y mi hermano.
Manuel Calle Calle. Foto: archivo familiar
En el 2017, el caso de los hermanos Calle Calle fue incluido en la lista de pedido de indultos que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), pero fue bloqueado por algunos funcionarios y funcionarias gubernamentales. Actualmente, Manuel María Calle Calle se encuentra en un régimen de rehabilitación abierto, es decir, desarrolla su actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera controlada por el organismo técnico.
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Caso abogados: el 2 de septiembre de 2015, miembros de la comunidad acudieron a dos consultorios jurídicos de los abogados en Cañar que patrocinaban denuncias contra las autoridades indígenas. El objetivo: solicitarles no continuar con dichos procesos, en una de las oficinas, los comuneros impidieron que los juristas abandonen sus despachos por menos de una hora. Por esta razón, los abogados interpusieron una denuncia por el delito de secuestro contra nueve personas. Seis de ellas fueron sentenciadas: Sergio Roberto Paucar Huerta, secretario del Consejo de Justicia Indígena del Alto Cañar; José Sarmiento, presidente del Consejo; Ángel Belisario Calle Calle y María Josefina Sotamba Padilla, María Asenciona Tamay Murudumbay y Luis Manuel Morocho Sanango.
“Prácticamente me quedé en la calle”
Mi nombre es Sergio Roberto Paucar Huerta, tengo 47 años, cuando vivía en la comunidad de San Pedro de Cañar me dedicaba al trabajo en el campo. Fui detenido el 25 de noviembre de 2015 mientras ordeñaba unas vacas, ese era uno de mis trabajos. Ese día unas personas vestidas de civil se acercaron, yo no las conocía y empezaron a agredirnos a mí y a mi esposa. No entendía por qué me golpeaban, pero me detuvieron y dijeron que yo estaba acusado de secuestro y extorsión. Horas después comprendí que esto tenía que ver con la justicia indígena, porque quienes me detuvieron dijeron: “ustedes han sido una tarea de ladrones sinvergüenzas que pegan a la gente”. Ese mismo día, yo tenía en mi bolsillo el dinero que cobraba cada quince días por entregar la leche, pero eso también se llevó. Luego me trasladaron a la cárcel del Turi. Yo no lo sabía, pero tenía una orden de captura. Ante la justicia ordinaria fui declarado culpable del delito de secuestro por el incidente del 02 de septiembre de 2015, la pena que me impusieron fue de cinco años de privación de libertad. Actualmente, cumplo mi sentencia por medio de un régimen de rehabilitación abierto.
Sergio Paucar. Foto: archivo familiar
Trato de ser fuerte, ante todo, pero por el delito que me sentenciaron, y más otros 23 procesos que siguieron en mi contra por el mismo tema, debí pagar más de $75.000 hasta ahora entre gastos de abogados, visitas de mi familia y los depósitos al economato del Centro de Privación de Libertad en el que estaba. Realizamos muchos préstamos y prácticamente me quedé en la calle. Tenía un poquito de dinero para construir mi casa, pero todo eso se me ha terminado porque injustamente los señores me han puesto denuncias por secuestro y extorsión. Mi esposa fue gravemente afectada en su salud, ella junto a mis 3 hijos sufrieron mucho por esta falsa acusación de un delito en mi contra.
Sergio Sarmiento, secretario del Consejo de Justicia Indígena de Cañar, y José Sarmiento, presidente del Consejo, fueron acusados por los hechos ocurridos el 2 de septiembre de 2015, pese a que los ese día se encontraban en sus casas alistando su viaje para Quito, sin embargo, fueron declarados culpables.
Alrededor de 25 denuncias en su contra
Mi papá es José Sarmiento Jiménez, es un juez indígena, es un taita. En mi pueblo ser un taita es símbolo de sabiduría, respeto y justicia. Mi papá esta preso desde diciembre de 2016 por ejercer la justicia indígena, dice su hija Jessica Sarmiento. José pertenece a la comunidad de San Pedro de Cañar y era el presidente del Consejo de Justicia Indígena. Actualmente lleva 3 años y 5 meses detenido en el Centro de Rehabilitación Social Turi, en Cuenca. Al estar en prisión le preocupa que la delincuencia crezca en San Pedro de Cañar.
Durante su estadía en la cárcel se acostumbró a la jornada de las personas privadas de la libertad. Él toma su ducha de agua fría cada mañana y luego espera junto a 30 personas para desayunar. Asegura que la comida es bastante escasa y él cree que es una de las razones por las que se siente físicamente mal. Generalmente pasaba la mañana y un poco de la tarde en talleres que se imparten para los privados de libertad, pero dado que hubo un motín recientemente, los castigaron a todos y los talleres se cancelaron.
En el tema económico, su familia está endeudada. Lastimosamente, muchos de los problemas económicos que acarrea la privación de libertad, siguen ahí y tanto él como su familia van a estar endeudados por mucho tiempo. Todos pasan una de las etapas más difíciles y lamentables al estar distanciados como lo asegura José.
José Sarmiento. Foto: archivo familiar
En contra de José Sarmiento se presentaron alrededor de 25 denuncias, pero solo 3 llegaron a sentencia, entre los que se le acusa de autor directo del delito de daño a bien ajeno en un hecho del 25 de mayo de 2015; autor directo de secuestro en un hecho del 16 de mayo de 2015 y nuevamente de autor de secuestro en otro hecho del 02 de septiembre de 2015. Hasta cumplir su pena de privación de la libertad, José continuará en el Centro de Rehabilitación Social Turi, en Cuenca.
No hizo nada, pero fue sentenciado
Mi nombre es Ángel Belisario Calle Calle y tengo 59 años de edad. Pese a que soy una persona con discapacidad fui sentenciado a una pena privativa de la libertad de cinco años y a pagar una multa de doce salarios básicos unificados. A mí me declararon culpable por el delito de autoría directa de secuestro que dicen fue cometido el 02 de septiembre de 2015.
Actualmente, me encuentro en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en conflicto con la ley, en Cañar. Llevo aquí un año y seis meses, es decir, desde el 08 de diciembre de 2018 y continuaré aquí hasta cumplir con la pena por un delito que no cometí.
María Ana Sarmiento, esposa de don Ángel Calle, dice: “Mi esposo sufre de discapacidad. El día de los hechos hacía una carrera a dejar a su hermana en una audiencia. A lo que estaban regresando, ella dijo: ´hoy día van a ver a los abogados’. A él le vence la curiosidad y ese día que pasa esto, él solo estaba pasando por ahí, ni siquiera conocía a nadie. Como él es “baldadito” del brazo y la pierna, unas personas les dijeron “quítate de aquí que tu nada has de hacer”. Él se retiró y no hizo nada. Injustamente fue que le sentenciaron y desde ahí hemos pagado dinero al abogado y para todos los trámites hasta quedarnos sin recursos.
Ángel Belisario Calle. Foto: archivo familiar
No tengo ningún oficio y tengo que darle estudio a mi hijito que está en la Universidad. Mi esposo nos mantenía y ahí si vino lo duro. No sabíamos nosotros qué hacer. Ahora, yo veo a los animalitos, así sobrevivo. De eso saco para mi hijo y para mi esposo. Si tuviera un oficio dijera este mes ya voy a cobrar y voy a tener para ellos; pero no, no tengo nada. Todo esto es injusto.
“Me falta tres años y cuatro meses para recuperar mi libertad”
Mi nombre es María Josefina Sotamba Padilla y tengo 61 años. Cuando vivía en la comunidad de San Pedro de Cañar me dedicaba al trabajo en el campo. El 2 de septiembre de 2015 fue la fecha, que dicen que yo cometí el delito de secuestro y por eso el 20 de noviembre de 2018 fui sentenciada a cinco años de privación de la libertad por el supuesto delito de coautoría de secuestro. También debía pagar una multa económica de doce salarios básicos unificados del trabajador. Apenas llevo un año y ocho meses en prisión en la cárcel de Turi y todavía me falta tres años y cuatro meses para recuperar mi libertad.
María Sotamba. Foto: archivo Inredh
Sergio Romero, esposo de María Sotamba, recuerda: “Antes trabajábamos juntos viendo nuestros animales, el ganado y sacábamos la leche. Tenemos seis hijos que ya son mayores, pero aún vivimos con tres nietos que crecieron junto a María. Ellos fueron muy afectados psicológicamente, toda la familia misma tiene daños psicológicos. Esto nunca nos había pasado, es la primera vez que caemos en estos problemas”.
12 mil dólares rompieron los lazos familiares
Mi nombre es María Asenciona Tamay Murudumbay y tengo 38 años. Fui acusada injustamente como autora directa del delito de secuestro en un hecho suscitado el 15 de noviembre de 2015.
Mi esposo migró a EE.UU y un día nos envió 12.000 dólares para comprar una casa para nuestra familia. El problema nació cuando ese dinero llegó a la cuenta de mi suegro, quien compró la casa pero a su nombre. Tuve que denunciar este acto en el Consejo de Justicia Indígena de San Pedro y ellos enviaron una comisión para que visité a mi suegro y lo invité a dialogar. Pero él se negó, el segundo paso fue su detención. El Consejo decidió enviar una comisión para detenerlo y llevarlo a San Pedro para que sea juzgado por la comunidad. Por este hecho, me acusan de “secuestro” y tengo que cumplir una pena de 5 años de prisión más el pago de una multa de doce salarios básicos unificados.
En la asamblea de juzgamiento se resolvió que mi ex suegro debía devolver el dinero que nos envió mi esposo y que debía someterse a un proceso de sanación. Cuando el proceso de justicia indígena concluyó, mi exsuegro denunció el proceso ante la Fiscalía de Cañar y acusó a las autoridades del Consejo de Justicia de San Pedro y a mí por el delito secuestro. Esto causó un gran daño a mi familia, mis hijos y yo. También mi salud se ha visto afectada, así como la pérdida de dinero para sobrevivir en nuestra vida diaria. Yo sufro un problema de los nervios desde 2015, desde que pasó todo esto, mis hijos también han sufrido y yo quisiera llevarle al psicólogo. Durante todo este tiempo tampoco he conseguido un trabajo estable.
María Tamay tiene orden de detención y actualmente se encuentra en la clandestinidad.
Desde el 2015 mi vida ha cambiado
Mi nombre es Luis Manuel Morocho Sanango, tengo 46 años y fui acusado de autor directo de secuestro por un problema con unos abogados en la ciudad de Cañar y por ejercer la justicia indígena. El 25 de mayo de 2017, el Tribunal de lo Penal de Cañar me declaró como autor directo del delito de secuestro y me impuso una pena privativa de libertad de cinco años y una multa de doce salarios básicos unificados del trabajador en general.
Ante esta primera decisión de los jueces decidí presentar un recurso de apelación que fue inadmitido el 20 de julio de 2017. Tampoco conforme con la inadmisión, yo y mi abogado decidimos presentar un recurso extraordinario de casación, el 01 de febrero de 2019, ante la Corte Nacional de Justicia que también fue declarado inadmisible, esta vez por no cumplir con los requisitos de admisibilidad exigidos por el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La fecha en la que supuestamente cometí el delito fue el 15 de noviembre de 2015, desde ahí mi vida y la de mi familia han cambiado. Actualmente, Luis se encuentra en la clandestinidad.
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“Pagué un año y cuatro meses sin haber cometido ningún delito”
Mi nombre es Digna María Sarmiento Chuqui y tengo 58 años. El señor Alberto Peñafiel, dijo que yo le fui a secuestrarle en la casa y por eso me llevaron a la cárcel. Según entiendo, este delito fue cometido el 19 de noviembre de 2015, pero ese día yo estaba en la casa con mi hija Mariana Sarmiento porque recién llegué del hospital, ella había dado a luz. Yo le traje a mi casa para atenderle, ahí estaba con mis otras hijas. Ese mismo día existió un problema en el que el señor Peñafiel le pegó al hijo de Luis Chimborazo, pero yo no estuve ahí, yo estuve en mi casa cuidando a mi hija. Algunas personas que estaban en la reunión de la justicia indígena acuden al sector y bajaron al centro llevando al señor Peñafiel. Por esto, cinco meses después, él pone un juicio a varias personas y me mete a mí.
Entre las primeras personas demandadas por Peñafiel estaba Sergio Paucar, pero él tampoco estaba ahí. Yo decidí ir a testificar por Sergio Paucar y ahí me inician un juicio, es decir, casi a los seis meses que estaban otras personas procesadas, diciendo que yo he ido a sacarle de la casa, que he hablado malas palabras, que le he dicho cosas feas y que yo he ido, le he golpeado, he sacado la chalina, le he bañado y que le he arrastrado. Me enjuiciaron por esa mentira, ya que sólo querían dinero.
Digna Sarmiento. Foto: archivo familiar
A mí me llevaron al Centro de Rehabilitación Social de Mujeres Sierra Centro Sur Turi, en Cuenca, desde el 04 de febrero de 2018 hasta el 21 de mayo de 2019. Yo pagué un año y cuatro meses sin haber cometido ningún delito. El delito por el que me sentenciaron fue por supuesta cómplice de secuestro. Nosotros hemos estado con el fin de tener un respeto en nuestras comunidades porque era demasiado las pandillas, nosotros teníamos miedos por nuestros hijos y nietos y por eso entramos a la ley indígena, no hemos hecho a nadie nada. Nosotros trabajamos limpiamente.
Antes trabajaba en agricultura y ganadería, cuando pasó todo esto, mi esposo, mis hijas y mi yerno se hicieron cargo de los animales; pero por la desesperación de sacarme andaban con el dinero a diario. Perdí a mis vacas, las tuve que vender, otras se murieron porque no había quién les de agua y quien les atienda. Ahora no tengo nada, ni una matita de culantro peor de cebolla. Mi familia ha sufrido mucho todos estos años y esto ha sido un daño irreparable.
Actualmente, la señora Digna María Sarmiento Chuqui se encuentra en un régimen de rehabilitación semiabierto, es decir, desarrolla su actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera controlada por el organismo técnico.
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Adulto mayor privado de libertad
Luis Eduardo Calle Espinoza tiene 72 años, es decir, un adulto mayor, razón por la cual pertenece a los grupos de atención prioritaria determinados en la Constitución. Él trabajaba en la agricultura y la ganadería. Debido a su edad tiene la presión alta, condición que complica su estado de salud y por ende su estado de vulnerabilidad, dice su hija Celia Calle.
Añade además que pese a que su padre no pertenece a San Pedro, sí forma parte del Consejo de Justicia Indígena de San Pedro, razón por la cual fue vinculado y sancionado por el delito de secuestro.
Cuando Luis Calle Espinoza fue enjuiciado, su esposa María Calle, de 78 años, casi fallece. Su estado de salud se complicó porque sufre de trombocitopenia, enfermedad que provoca el decaimiento del número de plaquetas en la sangre. Además, el costo del tratamiento oscila entre los 500 y 600 dólares, lo cual dificulta su acceso dada la situación económica de la familia. Toda la familia de Luis Calle Espinoza ha sufrido un daño psicológico, comenta su hija, Celia Calle.
Luis Eduardo Calle. Foto: archivo familiar
La pena impuesta que Luis Calle Espinoza debe cumplir es de cinco años de privación de libertad y el pago de una multa de doce salarios básicos unificados del trabajador en general. Actualmente, Luis Calle se encuentra detenido en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en conflicto con la ley, en Cañar, porque fue acusado del delito de autoría directa de secuestro en un hecho suscitado el 08 de marzo de 2015. Él lleva detenido 2 años y 2 meses desde el 4 de febrero de 2018.
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“Juró que nos va matar, que los indios no valían un centavo”
Mi nombre es Galo Alejandro Mateus Rodríguez, tengo 49 años de edad. Fui sentenciado a 6 meses de privación de libertad y una multa de dos salarios básicos, por daño al bien ajeno ante la construcción de un camino vecinal. Esta denuncia fue planteada por mi tío Segundo Rodríguez. Todo comenzó cuando yo con la ayuda del teniente político abrimos un camino en el terreno familiar para que pueda ser accesible. Ante esta situación, mi tío, el señor Segundo Rodríguez cerró el camino y dañó mi cultivo de papas, diciendo incluso que esa producción era de él. Ante esto acudí a la justicia ordinaria y como mi tío señalaba que no recordaba nada, no prosperó el caso. Entonces, acudí a la justicia indígena. Las autoridades indígenas solicitaron la presencia de mi tío, nos escucharon y la decisión fue sacar todos los palos que están en el camino y habilitar un camino vecinal. Se llegó a este acuerdo, pero el demandado, Segundo Manuel Rodríguez, no quiso firmar y juró que “nos va matar, que los indios no valían un centavo y que tenía el dinero suficiente para poder limpiar su nombre”.
El 25 de mayo de 2015 con ayuda de la comunidad procedimos a habilitar el paso, pero ante esta situación mi tío decidió denunciarnos a Fiscalía. Todos los hijos del señor Segundo Manuel Rodríguez declararon en mi contra a pesar del parentesco (primos) que tenemos. Fue así que en este juicio por daño al bien ajeno fuimos sentenciados a 6 meses de prisión: Sergio Paucar (secretario) y José Sarmiento (presidente) y mi persona
La persecución, las investigaciones y el juicio en mi contra han dejado secuelas terribles en mi persona. Tengo daños psicológicos y antes casi no podía dormir por la angustia que sentía de ser perseguido. Cuando veo a los policías siempre tengo nervios, miedo. Durante el tiempo que estuve en la clandestinidad no pude ver a mis hijos, no pude compartir los fines de semana con ellos. Esto fue una pesadilla.
Actualmente la pena privativa de Galo Mateus fue declarada prescrita.
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Actualmente se encuentran privados de libertad: José Sarmiento Jiménez (dirigente del Consejo de Justicia Indígena de San Pedro), Ángel Belisario Calle Calle, Luis Eduardo Calle Espinoza y María Josefina Sotamba Padilla.
La justicia indígena está reconocida por la Constitución del Ecuador desde 1998 y determinada expresamente en la Constitución del 2008 en sus artículos 171 y 57 inciso 10. En estos se señala claramente la existencia de dos sistemas jurídicos con potestades jurisdiccionales en cualquier materia (penal, civil, mercantil, etc.) y en igualdad de condiciones. Asimismo, la Constitución coadyuva instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece que cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas estas deberán ser sanciones distintas al encarcelamiento.
Además, la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas emitió el pasado 13 de septiembre de 2019, un informe con 3 conclusiones y 44 recomendaciones al Estado ecuatoriano sobre los derechos vulnerados a los pueblos y nacionalidades indígenas del país, en el especial señalo su preocupación por la criminalización de las autoridades de la justicia indígena por ejercer sus funciones. “La falta de avances en la aplicación del pluralismo jurídico unida a la criminalización está generando preocupantes procesos de represión, conflicto, e incluso extorsión, como se denunció en San Pedro del Cañar”. La Relatora visitó a las autoridades indígenas detenidas en la cárcel de Turi, en Cuenca.
Por su parte, la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola Noguera, también mostró su preocupación sobre los procesos judiciales en contra de 23 autoridades indígenas de Cañar, provincia de Azogues, procesadas por ejercer justicia indígena dentro de su territorio. Así lo dio a conocer durante el período de sesiones número 167 de la CIDH que se desarrolló en la ciudad de Bogotá.
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Desde mayo de 2018, la solicitud de amnistía para las autoridades indígenas criminalizadas por el ejercicio de sus funciones, se encuentra en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. El 24 de abril de 2020, en sesión virtual de la Comisión, se avocó conocimiento de las solicitudes de amnistía, así como la aprobación de la moción de crear subcomisiones para el análisis técnico de las mismas, realizar una mesa general de trabajo y exponer los resultados a los asambleístas de la Comisión. El 29 de abril, representantes de la Fundación INREDH fueron recibidos en comisión general para exponer la situación de criminalización que han sufrido las autoridades por el ejercicio de la justicia indígena en San Pedro de Cañar. La reunión se basó en exponer el contexto de la justicia indígena en Cañar, los argumentos técnicos de la solicitud así como la presentación de casos específicos y finalmente, se dio la oportunidad de que los asambleístas de la Comisión de Justicia escuchen a Gloria Sarmiento, esposa de José sarmiento Jiménez, presidente del Consejo de Justicia Indígena, quien se encuentra privado de libertad por delitos interpuestos en su contra como consecuencia de la deslegitimación a la justicia indígena y a la persecución de sus líderes.