Mañana jueves, 9 de mayo de 2024, a las 11:30, se reinstalará la audiencia de acción de protección interpuesto por grupos religiosos evangélicos que impugnaron el Acuerdo Ministerial No. 153 que busca implementar el registro de pastores, líderes y ministros religiosos para dar cumplimiento a una de las medidas de reparación dictadas en la sentencia del caso Juliana Campoverde.
El pasado 26 de abril, la jueza que revisa la causa, Alexandra Domínguez, suspendió la diligencia, luego de escuchar los alegatos de las partes procesales y los criterios de cuatro amicus curiae. Esto, para revisar la documentación y sopesar su decisión.
Para la asesora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Catalina Reinoso Flores, y defensa técnica de Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, la acción de protección no tiene cabida porque es una medida de reparación integral que trata sobre una garantía de no repetición; es decir, esta medida pretende generar un cambio estructural para que no vuelva a pasar un caso similar al de Juliana. Y si se deja sin efecto el Acuerdo Ministerial No. 153, el Estado no podrá garantizar que los hechos no vuelvan a pasar.
Además, “es un derecho adquirido de la víctima indirecta por lo que, si se revoca el registro de lideres religiosos daría lugar a una regresión en los derechos de Elizabeth Rodríguez, lo cual en el marco jurídico nacional e internacional es inconstitucional e inaceptable”, concluyó la abogada.
Actualización
La mañana del jueves a las 10h00 Inredh fue notificado por la Unidad Judicial que revisa la causa; en la notificación se informa que la audiencia de acción de protección queda diferida para el día 9 de mayo del 2024, a las 11h30.
Contexto
Juliana Campoverde desapareció el 7 de julio de 2022 a los 18 años, en el sur de Quito. Tras seis años de investigación, Fiscalía detuvo a Jonathan Carrillo, pastor evangélico, como principal sospechoso de la desaparición. Fue procesado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte y el 18 de noviembre de 2019, el Tribunal de Garantías Penales lo declaró culpable en calidad de autor directo del delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte