La comisión técnica del Consejo de la Judicatura y Organizaciones No Gubernamentales, entre ellas la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) participan en el período de reuniones de trabajo para establecer los parámetros para las audiencias sobre persecución política ante la “Mesa por la Verdad y Justicia: perseguidos políticos, nunca más”, que se inició hace una semana, el 10 de octubre, en las instalaciones del Consejo de la Judicatura de la ciudad de Quito.
Esta mesa es integrada por los representantes de las comisiones que confirman la mesa: Defensoría del Pueblo, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Acción Ecológica, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Caminantes y miembros del Consejo de la Judicatura.
La Mesa se constituye a partir de las múltiples quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía sobre casos de persecución política llevada a cabo a través del sistema judicial durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa, del movimiento de Alianza País.
Para la conformación de la Mesa se organizaron en cuatro comisiones: Comisión de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Comisión de Defensoras/aes de Derechos Humanos y de la Naturaleza, Comisión de Libertad de Expresión y Comisión de Violaciones a Derechos Humanos 30S, ésta última está integrada por dos grupos: civiles y fuerza pública. Cada una de estas comisiones nombró dos delegados a fin de que integrarán la Mesa, un delegado principal y un delegado suplente.
Los abogados de Inredh, Nelson Atupaña y Daniel Véjar, acudieron a esta reunión de trabajo, donde se debatió los criterios para escuchar a las víctimas y victimarios y así poder considerar todos los casos de criminalización sucedidos desde 2007 a 2017. Otro de los aspectos a debatir fue definir qué es un ‘perseguido político’ y los casos que cumplen los criterios dentro de esta categoría.
Al momento, la comisión trabaja en los procedimientos de las audiencias públicas que se realizarán a finales de mes.