Inicio Nacional Nuevamente vemos crisis y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el sistema carcelario de Ecuador 

Nuevamente vemos crisis y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el sistema carcelario de Ecuador 

Por Voluntarix
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La grave crisis que atraviesa el sistema penitenciario del Ecuador se evidenció, una vez más, desde el pasado fin de semana cuando grupos de delincuencia organizada se enfrentaron entre sí en la Penitenciaría del Litoral dejando un saldo, hasta hoy martes 25 de julio de 2023, de 31 personas privadas de libertad muertas y al menos 11 heridos. Ante estos hechos el presidente Guillermo Lasso decidió declarar en estado de excepción al sistema carcelario. 

Esta situación que ha escalado a otros recintos, donde hay retención de agentes penitenciarios y las personas privadas de libertad iniciaron huelgas de hambre, es monitoreada por el Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH-GYE). La organización guayaquileña reportó desde los exteriores de la Penitenciaría que las familias que se encontraban en los exteriores del centro penitenciario fueron víctimas de tratos degradantes e inhumanos, pese a que el SNAI aseguró, en un comunicado oficial, que se realizará contención emocional y atención médica a los familiares. 

Este panorama en el sistema penitenciario del Ecuador no es una situación nueva, pues desde el 2020 se evidenciaron los primeros motines con un alto nivel de violencia, misma que ha ido escalando con el paso del tiempo. Hoy, tres años después, la situación es incontenible y el Estado ha demostrado ser inoperante e incapaz de solucionar esta problemática.  

El nuevo estado de excepción emitido por Guillermo Lasso a través del Decreto Ejecutivo No. 823 tiene como objetivo principal que las Fuerzas Armadas ingresen a los centros penitenciarios hasta que se recupere el control; sin embargo, apenas ayer, lunes 25 de julio, luego de que ya pasaron cuatros días desde que se desataron los enfrentamientos, se logró establecer el orden en el complejo del Litoral y el Ministro del Interior no supo dar una cifra oficial de los muertos y heridos a los familiares desesperados que se encontraban en las afueras del recinto. 

Los fundamentos jurídicos del decreto radican mayoritariamente en artículos selectivos de normas como la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley de Seguridad Pública y del Estado, artículos que pretende hacerle creer a la población que una de las formas de acabar con la violencia es con más violencia; claro, siempre y cuando la última sea ejercida por el Estado.  

De la misma manera, lo que el decreto expone como fundamentos fácticos hace total hincapié en la cantidad de personas muertas y heridas en los diferentes centros de privación por obra de los enfrentamientos entre las bandas delictivas que en ellas conviven, siendo otro de los discursos del Estado para eximirse de responsabilidades por sus claras negligencias e inoperancias. 

En definitiva, los fundamentos jurídicos y fácticos que son expuestos en el decreto no constituyen más que un “respaldo” para que el Ejecutivo disponga temporalmente la intervención de las Fuerzas Armadas al interior de las cárceles, requisas militares en casos de extrema necesidad y la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia y de libertad de reunión entre personas privadas de la libertad.  

De este modo, se corrobora nuevamente que el problema principal de la crisis penitenciaria que vive el país se ha venido dando de manera prolongada y estructural por la desatención del Estado al pueblo, pues son casi inexistentes las políticas públicas que deberían promover condiciones de vida digna. Asimismo, las personas privadas de libertad que buscan rehabilitarse no lo están consiguiendo por lo obsoleto e ineficaz que se ha vuelto el sistema de reinserción, ya que en vez de encontrar una salida a su situación solo consiguen vulneraciones a sus derechos humanos por parte de un Estado cada vez más indolente. 

Esta respuesta ineficiente y la inoperancia de las instituciones para contener los actos violentos y permite reafirmar la tesis que sostenemos desde sociedad civil de que esta incapacidad pareciera premeditada, como si el Estado permitiera que se desarrollen los hechos de violencia iniciados desde el sábado 22 de julio en la Penitenciaría del Litoral. Vemos con preocupación que la respuesta estatal se limita a reaccionar de forma tardía frente a los hechos de violencia suscitados en el sistema penitenciario del Ecuador.    

Lo que nos lleva a sostener, además, que no existe una política integral de rehabilitación social y que el modelo de gestión penitenciara es obsoleta y no responde a nuestra realidad como país. Según el último censo penitenciario del Ecuador publicado en 2022 el 49% de los encuestados respondió no tener un acceso permanente al agua potable. Y alrededor del 65% calificó de regular y malo los servicios higiénicos. Además de esto, el hacinamiento es un grave problema que el gobierno no ha podido solucionar, el centro que más sobrepoblación presenta es justamente la Penitenciaría del Litoral en donde se suscitaron los actos violentos el pasado fin de semana.  

Esto ha trasladado la responsabilidad de cuidado y garantía de las condiciones mínimas dentro de los centros penitenciarios a las familias de las personas privadas de libertad. Es así que familiares han denunciado en diversas ocasiones que dentro de los centros carcelarios se vive un sistema de corrupción arraigado. En ocasiones deben suscribirse a esto pagando fuertes cantidades de dinero para asegurar que se proteja la integridad de su ser querido que se encuentra detenido, cuando en realidad esta es una competencia del Estado. 

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), como organización vigilante del cumplimiento de las garantías a los derechos humanos, exhortamos a las autoridades a tomar medidas oportunas que protejan la vida y la dignidad humana; no solo de las personas privadas de la libertad sino también de los familiares que están en las afueras de los centros de privación de libertad esperando noticias.  

Además, hacemos un llamado a la sociedad ecuatoriana a la sensibilización de la situación pues como parte de la sociedad no podemos ser esquivos de la realidad y ni tampoco deshumanizarnos reproduciendo videos de los hechos escalofriantes que ocurren en las cárceles del país.  

No olvidemos que el modelo del sistema penitenciario implementado desde el año 2013 ha deteriorado las condiciones de sobrevivencia de las personas privadas de libertad, provocando escasez de alimentos, instrumentos de trabajo y la falta de acceso a servicios básicos. El trabajo de un centro de privación de libertad debería tener como fin la rehabilitación y no el abandono, ni la vulneración de derechos. Reiteramos nuestro compromiso en la lucha del día a día por una sociedad digna, más justa y humana. 

 

Más información:

Comunicación Inredh – 099 205 8099

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