Inicio Nacional Cuatro mujeres embarazadas y una adulta mayor que fueron detenidas arbitrariamente hace 14 años continúan exigiendo el cumplimiento de la reparación integral 

Cuatro mujeres embarazadas y una adulta mayor que fueron detenidas arbitrariamente hace 14 años continúan exigiendo el cumplimiento de la reparación integral 

Por Voluntarix
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Las 5 víctimas del caso Karina Montenegro y otras vs. Ecuador -que aborda las vulneraciones a 4 mujeres embarazadas y una adulta mayor durante su detención entre 2002 y 2003- acudieron, el jueves 12 de enero de 2023, al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para explicar las dificultades que tienen para recibir las medidas que el Estado ecuatoriano se comprometió a cumplir -desde 2008- luego de firmar un acuerdo de solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

Jimmy Encalada, especialista de obligaciones internacionales del Ministerio de la Mujer y DDHH, escuchó a las víctimas -por más de una hora- mientras se referían al cumplimiento parcial que instituciones del Estado ecuatoriano han ejecutado sobre de las medidas de reparación -dictadas por la CIDH en este caso- y que principalmente abordan temas de salud, educación, vivienda, justicia y otros cambios estructurales. Además, declaró 5 puntos a los que el Ministerio se comprometió a futuro.  

Sobre este caso, desde el Ministerio de la Mujer y DDHH se comprometieron a mantener una reunión con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) para facilitar la atención de salud de las víctimas directas e indirectas, y planificar una reunión con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) para verificar el proceso de becas que debía otorgarse a hijos/as de las víctimas.  

Los otros tres compromisos se relacionan con la consulta al Consejo de la Judicatura para verificar el estado de la información judicial individual de cada víctima; recibir comentarios acerca del informe sobre cárceles que fue realizado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), y dar una respuesta sobre la decisión en el tema de apoyo de vivienda a dos de las víctimas.  

En este contexto de gestión penitenciaria, dentro de las observaciones se recalcó la importancia de optimizar el eje de género en el sistema de rehabilitación social, con la finalidad de transformar este problema estructural en relación a la falta de acceso a educación, salud, vínculos sociales y laborales. 

También se comentó que en cuestión de infraestructura es necesario contar con este enfoque de género, para evitar la separación del núcleo familiar, en especial con los niños que están al cuidado de madres privadas de su libertad, como es el caso específico de cárceles regionales y la casa de confianza de Chillogallo, ubicada al sur de Quito. 

Al encontrarse las víctimas se destacó que sean escuchadas estas voces para poder trabajar en una gestión penitenciaria abierta, con la colaboración de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y diferentes carteras de Estado. 

  

Razones que motivaron los compromisos del Ministerio de la Mujer y DDHH  

  1. Salud  

Las afectaciones físicas y mentales en la salud de las víctimas de este caso -Martha Cadena quien era adulta mayor cuando fue detenida de forma ilegal y arbitraria y de las mujeres cuyos hijos nacieron en prisión- debían ser atendidas por el Ministerio de Salud, pero luego de 14 años de la firma del acuerdo aún se presentan inconsistencias.  

Martha C. presentaba complicaciones médicas en su cadera que empeoraron durante su estancia en prisión. Una de las medidas del acuerdo de solución amistosa fue que el Estado ecuatoriano provea de atención médica a Martha. Por esta razón -luego de un proceso burocrático- fue operada de su cadera, en diciembre de 2021.   

Posteriormente, el MSP brindó parte de la terapia de rehabilitación física, pero la misma no fue otorgada de manera efectiva ni entendiendo las dificultades de Martha, quien mantiene lesiones que le imposibilitan movilizarse y además vive en una zona de difícil acceso. Este tratamiento burocrático y poco especializado desconoce la situación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y es revictimizante. 

Las demás víctimas del caso coincidieron en que también necesitan atención médica por algunos problemas físicos que mantienen, pero principalmente por problemas psicológicos que son la secuela de los maltratos y la situación de encierro que vivieron antes, durante y después de sus embarazos, dentro de prisión.   

2. Educación y vivienda y justicia  

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – Inredh entregó a la CIDH -en octubre de 2022- un informe sobre el cumplimiento anual del acuerdo de solución amistosa del caso. En el escrito se enfatizó que la Fiscalía General del Estado no encontró responsables ni otorgó reparación integral a las víctimas del caso, por lo que la cláusula de justicia brindaba medidas alternativas como becas de estudio para familiares de las víctimas.  

Algunos hijos e hijas de las víctimas del caso actualmente ya se capacitan en instituciones universitarias, pero el pedido de las becas es principalmente para aquellos hijos que aún no han podido ingresar al sistema de educación superior. También se argumentó que algunos hijos e hijas de las víctimas tuvieron que estudiar sus carreras en ciudades lejanas a sus hogares por lo que se debería considerar un apoyo económico de manutención, en esos casos.  

Las víctimas del caso se solidarizaron con Martha Cadena debido a su avanzada edad y los problemas de salud que mantiene -que a la vez no le permiten cumplir con un adecuado proceso de rehabilitación física- y por eso pidieron al representante del Ministerio de la Mujer y DDHH que intente coordinar una reunión con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) para analizar la posibilidad de otorgar una nueva vivienda a Martha o de realizar algunas adecuaciones que faciliten su movilidad. De la misma forma, se analizó la petición de Karina Montenegro.  

También existió preocupación por parte de las víctimas del caso debido a que en algunos de sus certificados de antecedentes penales todavía se registra la infracción por la que estuvieron detenidas. De acuerdo al compromiso, esta infracción se debía eliminar luego de 10 años, pero esto no ha sucedido. Estas infracciones les traen inconvenientes como la imposibilidad de acceso a créditos financieros o problemas al momento de realizar otros trámites. Por esta razón, el Ministerio se comprometió a consultar estos temas al Consejo de la Judicatura.  

3. Cambios estructurales:  

Con el objetivo de garantizar la no repetición de hechos similares a los de este caso y de consolidar medidas de reforma estructural -con un enfoque de género- al sistema penitenciario del Ecuador, el Ministerio acogerá los comentarios que Inredh realice al último informe que fue realizado sobre este tema, por parte del SNAI. 

 

Comunicación Inredh 

Contacto de prensa: 0992058210   

 

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