Este jueves 25 de abril, Manuel Cornelio Trujillo, presidente de San Pablo de Amalí junto a la Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por la Sala Multicompetente de Bolívar con respecto a la acción de protección a favor de la comunidad de San Pablo de Amalí, ubicada en el cantón Chillanes, provincia del Bolívar.
La acción extraordinaria de protección, es una garantía constitucional contemplada en el artículo 94 de la Constitución, tiene por objeto es garantizar la supremacía constitucional y el respeto de derechos cuando han sido vulnerados a través de decisiones judiciales de última instancia.
Nathaly Yépez, abogada de Cedhu, dijo que se han vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva y los derechos al debido proceso, concretamente su garantía de motivación. Alegan que “la sentencia de la Sala Multicompetente de Bolívar no motiva adecuadamente su decisión debido a que no explica las razones por las cuales concluye que el caso de San Pablo de Amalí no constituye una vulneración de derechos humanos”.
Yépez, explica que existe un estándar de la Corte Constitucional llamado dimensión objetiva que permitiría el conocimiento del fondo del proceso y esta decisión implicaría declarar al juez de primera instancia, Eduardo Pazmiño, responsable por violar los derechos a la tutela judicial efectiva y los derechos a la vida, vida digna, ambiente sano y los derechos de la naturaleza.
Finalmente, la jurista señala que se pidió como medida de restitución que se ordene al Estado ecuatoriano arreglar el desvió del río, generar medidas de protección y las reparaciones materiales e inmateriales por la muerte de tres personas y la destrucción de doce casas en marzo de 2015.
Además, se espera que la Corte Constitucional admita la acción extraordinaria de protección y convoque a audiencia en el transcurso de los próximos meses.
Asimismo, el miércoles 24 de abril, representantes de 142 comunidades de la cuenca del río Dulcepamba llegaron a primeras horas a Quito para reunirse con Humberto Cholango, titular de la Secretaría Nacional del Agua-Senagua. En esta reunión, las y los comuneros exigieron a la autoridad se priorice el uso del agua para el consumo humano y riego para la soberanía alimentaria. Denunciaron que existen más de 14 mil agricultores que requieren del agua pero existe una adjudicación que confirió la Senagua a hidroeléctrica Hidrotambo S.A. por un total de 6500 litros por segundo.
Mariana Yumbuay, subsecretaria Nacional de Senagua, explicó: “todos sabemos que el agua no es de propiedad de ningún individuo, es del Estado, es un bien público y por eso es que quien quiere acceder al uso del agua tiene que hacer el trámite pertinente y la Senagua a través de sus distintas demarcaciones otorga las correspondientes autorizaciones”.
En horas de la tarde las y los representantes de las comunidades de Bolívar se trasladaron hacia el norte de Quito, donde se reunieron con el nuevo defensor del Pueblo, Freddy Carrión. El funcionario escuchó el testimonio de varias personas y se comprometió a hacer vigilancia al proceso.
