La mañana del jueves 2 de mayo a las 11h30 el juez Francisco Chacón Ortiz instaló la audiencia de demanda constitucional de medidas cautelares interpuesto por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador, el Comité́ de Familiares por Justicia en Cárceles, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH y Mujeres de Frente quiénes buscan una respuesta institucional a la problemática de alimentación que se vive en los Centros de Rehabilitación Social del país. A la par se desarrolló en los exteriores del Complejo Judicial Norte un plantón en favor de la vida de las personas privadas de libertad, organizado por sus familiares.
La medida cautelar tiene como fin interrumpir la posibilidad concreta y creíble de la vulneración de derechos constitucionales, en este sentido las organizaciones sociales buscan que el Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores (SNAI) permitan el ingreso de comida y medicinas, esto debido a que el SNAI no ha podido garantizar los derechos de salud, alimentación y la integridad física y psicológica de los privados de libertad.
Diversas Organizaciones Sociales han denunciado que el SNAI y las incursiones militares y policiales a los Centros de Rehabilitación han vulnerado derechos como:
- Derechos a la salud
- Derechos a la alimentación
- Derecho a la vida digna
- Derecho a la integridad personal (Física y Psicológica)
Es así que, en la audiencia, las partes accionantes de la demanda hicieron conocer sus argumentos sobre la vulneración de derechos a las que se han visto sometidas las personas privadas de libertad.
Los representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos indicaron que los familiares de las y los privados de libertad han gestionado las donaciones de alimentos para los centros de rehabilitación, los mismos que han sido retenidos, prohibiendo su acceso a los centros. Además, se resaltó como esto ha afectado la salud de la población penitenciaria, aumentando así el número de enfermedades estomacales.
Al mismo tiempo, se ratificó que la privación de alimentos es parte de una de las tantas torturas que reciben las personas en los centros. De modo que, se pidió dictar de manera urgente las medidas cautelares para prevenir daños no solo en el contexto actual, si no a futuro.
Por otra parte, comparecieron los y las representantes del SNAI, Ministerio de Economía y Finanzas, la Procuraduría del Estado y la Defensoría del Pueblo. Desde el SNAI, se aseguró que ninguna zona se ha quedado sin alimentos, y que fue hasta el 30 de abril que en la Zona 1 hubo el último ingreso de la “Laffattoria” para la distribución alimentaria. Desde el 1 de mayo, esta empresa se retiró por la falta de pago por parte del Ministerio de Finanzas. La representante resaltó que, en estos dos últimos días, la cartera de Estado ha trabajado con centros pastorales e instituciones privadas para la recepción de donaciones.
En cuanto al Ministerio de Economía, su representante legal indicó de forma resumida que debido a la emergencia económica que atraviesa el país, se están realizando los pagos a las diferentes entidades de forma cronológica. Sin embargo, pidió que se nieguen las medidas cautelares debido a presuntas irregularidades en “Laffattoria” en la entrega de alimentos.
En la intervención de la representante de la Procuraduría, resaltó su rechazo a las medidas cautelares, debido a que se desvirtuó la verosimilitud de los hechos. Es decir, opinó que la audiencia parecía más una acción de protección, y existía una contradicción entre los argumentos de las organizaciones defensoras de derechos humanos y las instituciones del Estado sobre la alimentación.
Todos estos argumentos fueron refutados por los representantes de las cinco organizaciones presentes. Tal es el caso de la fecha de cese de distribución, que en realidad no fue el 30 de abril como aseguró la representante de la SNAI, si no que, según el presidente de “Laffattoria”, la zona 1 se quedó sin alimentos entre el 15 y 19 de abril.
Considerando todo lo argumentado, el juez dictó las medidas cautelares y decretó que, en 15 días, el Ministerio de Economía y Finanzas proporcione los fondos requeridos por el SNAI para que esta institución pueda cubrir con normalidad los procesos de contratación de alimentación.
Sobre lo mencionado por la SNAI en cuanto a la organización de procesos de contratación pública, se decidió que deben informar sobre estos procesos en un plazo de 3 meses. Para esto se requerirá de la supervisión de la Contraloría General del Estado.
Finalmente, se dispuso que el Ministerio de Finanzas y la SNAI adoptaran mecanismos para mejorar la coordinación y el cumplimiento de los pagos, y se informará de esto en un plazo de 3 meses.
¿Qué pasará en estos 15 días de espera?
Tomando en cuenta lo dictaminado por el juez, las y los privados de libertad aún deben esperar 15 días para la distribución alimentaria en los centros. De modo que el juez resolvió que la SNAI debe aceptar las donaciones gestionadas por los familiares, y debe facilitar la entrada de los alimentos a los centros de rehabilitación.
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